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Con más poder, más caja y una gran capacidad para reciclarse, Matías Lanusse, el ex coordinador de la UCEP –la patota que operaba contra la gente en situación de calle hasta que fue disuelta– es un funcionario del gobierno porteño con banca. Imputado todavía en la causa judicial por los violentos operativos de aquella Unidad de Control que integraban varios barrabravas, hoy está al frente de la Dirección General de Fiscalización en Vía Pública (Dgfvp) del mismo ministerio, Ambiente y Espacio Público, al que ingresó en 2008. En aquel momento lo conducía Juan Pablo Piccardo, el actual presidente de Subterráneos y ahora lo hace el economista Edgardo Cenzón. El funcionario de 32 años pasó de recibir un presupuesto de 21 millones de pesos en 2014 a los 86 que manejará este año. Un aumento de poco más del 300 por ciento por controlar –como objetivo principal– obras no terminadas en las calles y veredas. En 2011 había sido impugnado por Carlos Pisoni de H.I.J.O.S Capital, cuando se presentó como comunero por el barrio de Recoleta “por falta de idoneidad moral” debido al papel que cumplió en la UCEP. El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad no hizo lugar a esa denuncia y asumió su cargo en la Comuna 2.
Lanusse, quien tenía el cargo rentado más alto en la patota del Espacio Público creada el 29 de octubre de 2008, renunció a ella en marzo de 2009. Durante esos meses, e incluso después de que se retiró, la UCEP recibió numerosas denuncias por los ataques desplegados por sus agentes contra pobres e indigentes que dormían en plazas y parques o debajo de la Autopista 25 de Mayo. La conducta del grupo, que casi siempre operaba de noche, está siendo investigada por el juez de instrucción Facundo Cubas. La causa no tiene procesados ni avances significativos porque el fiscal Marcelo Roma, que debía impulsar la pesquisa, no pidió medidas de prueba adicionales –como un disco rígido de la UCEP con material sobre sus operativos– y terminó apartado del expediente.
El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, también está imputado, porque su sobreseimiento –pedido por el mismo fiscal y otorgado por la jueza María Fontbona de Pombo a fines de 2011– fue revocado por la Cámara del Crimen en abril de 2012. No podía desconocer los violentos ataques que partían desde uno de sus ministerios y eran difundidos por los medios. En la causa sólo queda una querellante, Graciela Cisneros. La mujer vive desde hace años sobre una vereda de la calle Pasco, debajo de la Autopista 25 de Mayo. La carátula del expediente judicial 53.350/08 dice: “Macri, Mauricio, Piccardo, Pablo, UCEP s/amenazas y otros delitos”.
Un extenso documento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría General porteña y el CELS describió en octubre de 2009 la ilegalidad en que se movía el grupo que coordinaba Lanusse desde el mismo ministerio donde hoy tiene una cuota de poder renovado: “La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en nuestro país prohíben el ejercicio del poder represivo del Estado de manera clandestina, sin justificación ni autorización legal y sin debido proceso previo, como lo hace el Gobierno de la Ciudad a través de la UCEP contra las personas que viven en situación de calle”.
Estos antecedentes no desalentaron a los jefes políticos de Lanusse, que primero apoyaron su candidatura como comunero en las elecciones de 2011 y dos años después, el 17 de mayo de 2013, lo nombraron en el cargo que ocupa hasta hoy durante la gestión del ministro de Ambiente y Espacio Público anterior a Cenzón, el senador Diego Santilli. El joven funcionario está al frente de una dirección que es fuente de recaudación en la vía pública y, por la resolución ministerial 1021 del 10 de septiembre de 2013, pasó de manejar los gastos de caja chica y movilidad junto a dos subordinados de su área a controlar un presupuesto anual de 86 millones de pesos.
En el organigrama del ministerio donde trabaja Lanusse existe cierta comunión ideológica sobre cómo operar en el espacio público. Manteros, trapitos, limpiavidrios, cartoneros o indigentes entran en la categoría de depredadores del medio ambiente. La política contra todos ellos siempre ha sido excluyente. Al director de la Dgfvp se suma el caso de Alexander Malcolm Campbell, que tiene el mismo cargo en la Dirección General de Inspección del uso del Espacio Público (Dgiuep). Militante del PRO en San Fernando –donde ya se postuló sin éxito a la intendencia–, en 2012 fue nombrado en el ministerio que conducía Santilli. Él mismo contó por qué en www.lanoticiaweb.com.ar: “Mauricio Macri me convocó para formar un equipo y crear la Dirección General que no existía. Se formó para luchar contra la venta ilegal en la Ciudad de Buenos Aires. Han visto que echamos a los manteros que estaban en la calle Florida y también apuntamos a muchos otros focos de la ilegalidad”.
A diferencia de Lanusse, Campbell quedó muy lejos de recibir un 300 por ciento de aumento con respecto a 2014, al igual que la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público (Dgoep) –de la que dependía la UCEP hasta su disolución– y cuyo director es Mauro Gastón Alabuenas y la Dirección General de Ferias y Mercados (Dgfyme) a cargo de Mariano Quiñones Pacheco. Acaso sea porque los tres dependen de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público de Patricio Di Stéfano, quien responde políticamente a Horacio Rodríguez Larreta y no al ministro Cenzón. El ministerio también tiene sus internas.
Pero la dirección que más sufrirá los cambios que se están implementando en Ambiente y Espacio Público es la de Reciclado (Dgrec). Su director Agustín Casal se quedaría sin decenas de trabajadores que pasarían al área de Lanusse. Recibirá un presupuesto con el aumento más bajo (41 por ciento), incluso menor al gasto promedio (43 por ciento) de todo el ministerio.
ATE lo denunció en un comunicado reciente que tituló: “Intentan vaciar la Dirección General de Reciclado y el Sistema de Recuperadores Urbanos”. El sindicato sostiene que las autoridades del ministerio “amparadas en la falsa pretensión de eficiencia, plantean crear un cuerpo de inspectores polivalentes que cumplan funciones de control que son incumbencia de otras áreas trasladando trabajadores que cumplen esas y otras funciones, vaciando violentamente de esta manera la Dgrec y otros organismos”.
Esa dirección, según el gremio, tiene como función fortalecer y controlar “el pliego de residuos sólidos urbanos que fue licitado por cooperativas de recuperadores urbanos que nuclean a más de 7000 cartoneros”. Para ATE, “quieren convertir al ministerio en un mero cuerpo de inspectores que se limite a multar y recaudar, negando la complejidad del abordaje de políticas del ambiente y espacio público y sus actores sociales: cartoneros, manteros y feriantes”. Lanu-sse, el ex coordinador de la patota que cobró triste fama bajo el nombre de la UCEP, dispondrá de 60 millones de pesos para contratar personal temporario, entre otras prerrogativas. Un reconocimiento a los servicios prestados en el pasado.
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