El país|Domingo, 12 de octubre de 2003

Por Mario Wainfeld

“¿Se da cuenta de cuál es nuestro principal problema en estos días? Un conflicto sindical, el de la UTA, reclamando aumento de sueldos. ¡Aumento de sueldos! ¿Cuánto hace que no había paros reclamando aumento en la Argentina?” Es jueves, aún no han ocurrido los hechos que se mentarán en el párrafo final de esta nota. Quien se pregunta, prefigura la respuesta, se autocelebra, es un funcionario con oficinas en Balcarce entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.
El funcionario hojea una carpeta que Roberto Lavagna ha distribuido entre sus pares y ha elevado a Presidencia. “Argentina. Indicadores económicos. Octubre 2003” reza la portada, lacónica. Los números que Economía allega a la Rosada alientan optimismos como el del funcionario que le ve el lado virtuoso a una demanda salarial.
- La actividad registra cinco trimestres consecutivos de crecimiento, algo que no sucedía desde 1997.
- La recuperación del PBI es impulsada especialmente por el sector industrial, que ha crecido un 22,3 por ciento entre marzo de 2002 y agosto de 2003.
- Ya en 2002 se recuperaron sectores trabajo intensivos como las industrias textil y metalmecánica básica.
Y muchos etcéteras. El paper rebosa de datos análogos, veraces y presentados con buena onda, que reflejan que el país se aleja del fondo del pozo: indicadores de empleo, de reservas, de apoyo a los bancos. Un par de líneas define el objetivo logrado, un par de cuadros lo documentan.
En lo atinente a la protesta social, el documento predica: “los distintos hechos sociales de protesta cayeron marcadamente a partir de abril de 2002”. Los datos los mune el Ministerio de Justicia, Seguridad y derechos humanos, “computando distintas modalidades de protesta en todo el país como concentraciones, movilizaciones, cortes de ruta y de calles, paros parciales y totales, tomas de establecimientos, etc.”. Así las cosas, esos guarismos (que ya fueron blasón de Juan José Alvarez cuando era ministro de la Nación y consecuente aliado de Lavagna durante el gobierno de Duhalde) indican: 2552 en enero de 2002 y un descenso progresivo hasta ¿módicos? 517 en septiembre del año en curso.
La foto es correcta y, claro, genera cierta tranquilidad. La Argentina en 2002 parecía al borde de la guerra civil o de la disolución nacional. A principios de 2003 no se tenía certeza de que hubiera elecciones, ni qué decir elecciones limpias o generadoras de legitimidad. Hoy el país tiene rumbo, tiene gobierno, tiene suscripto el acuerdo con el FMI. Hoy es posible –sí que en un sector muy minoritario, muy procíclico a las reactivaciones como es del transporte– que se discutan aumentos de salarios. El problema o el dato, según se quiera ver, es que mejorar de situación habilita o hasta impone nuevas discusiones, nuevos ejes, nuevosobjetivos. Que no son disminuir el número de protestas callejeras tout court. Ni crecer tout court.
El documento oficial sugiere, indiciariamente, que la Argentina va recobrando un perfil industrial como fue en un pasado reciente que parece remoto. Debería pues rehabilitarse una discusión oriunda de esa era, que es la de la concentración del ingreso y la riqueza. Un tópico caro al peronismo de los ‘70, no sólo a sus sectores más radicalizados sino aun a los confesamente vandoristas. La distribución de la torta –tema que poblaba la retórica de Juan Perón en el ‘45 y en los ‘70– no tiene su página ni su gráfico en el documento que venimos glosando. Y, lo que es más grave, tampoco aparece fuerte en la discusión pública.
El Gobierno relojea el informe y la calle. Advierte que, como en los videogames, ha pasado de pantalla. Pero pasar de pantalla, como en los videogames, no equivale a poner fin al juego, sino a enfrentar desafíos más potentes, más peliagudos. Problemas de segunda generación, que se acometen con el plus de algunos bonus ganados en buena ley en estos meses de gestión.
Un Corte y volvemos
El Congreso añadió un par de importantes bonus al acervo del oficialismo durante la semana que pasó. Los azares de la agenda determinaron que la audiencia pública sobre la candidatura de Eugenio Raúl Zaffaroni a la Corte y el descargo del supremo Eduardo Moliné O’Connor acontecieran casi sin solución de continuidad. Se trata, en ambos casos, o mejor dicho de conjunto, de una instancia institucional histórica. De cara a la gente, transmitidas por TV, ambas sesiones serán memorables más allá de lo berretas que son (y siempre serán) muchos de sus protagonistas.
Arrogante, con el retintín de soberbia que adorna a las clases altas argentinas, Moliné habló de sí mismo y cuesta tomarlo en serio. Ni vale la pena hacerlo. Jamás fue un juez de la nación, solo un amanuense del poder. Sólo su familia más cercana aplaudió su falaz catilinaria, encabezada por su mujer, née Anzorreguy. Ni siquiera el supercuñado que lo puso donde lo puso estaba allí tal vez porque, envejecido, olvidado por sus amigos de ayer, maquina cómo zafar de las acusaciones por encubrimiento que se le están armando en la causa AMIA. El Gobierno hace todo lo posible por esclarecer ese bochorno, incluyendo gestiones ante el Consejo de la Magistratura para que dinamice el juicio político al juez Juan José Galeano que, tal como reveló ayer este diario, impulsa Eduardo Camaño despertando de un letargo de añares.
Moliné va en tren bala a su destitución aunque el radicalismo residual y el radical posmoderno Nito Artaza porfíen en hacerle de patéticos ball boys. Guillermo López y Adolfo Vázquez ya tienen sus barbas en remojo y tal vez tengan el cuero menos duro que el cuñado del ex Señor Cinco.
El Gobierno nada dice acerca de quién reemplazará a Moliné. Se ha hecho un lugar común suponer que será, por fin, una mujer. Pero el nombre y aun el género siguen in pectore presidencial, Néstor Kirchner no suelta prenda. “Lo único que dice es que no pondrá a candidatas impulsadas por diarios de derecha”, comenta alguien que lo conoce bien.
En el ínterin Zaffaroni aprobó con garbo, medida erudición y santa paciencia la audiencia pública. Perdida por perdida, la derecha que lo combate con su habitual brutalidad armó un caso en base a los antecedentes de Jacobo Grossman, amigo, vocero, socio, asesor de Zaffaroni y su ladero durante la prolongada audiencia. Una condena impuesta a Grossman a fines del gobierno de Isabel Perón desató una campaña patética. Unas líneas bastan para desnudar tamaña estulticia.
- Grossmann no es Zaffaroni.
- Grossman purgó íntegra su severísima condena. El autor de estas líneas conoce a Jacobo Grossman desde hace varios años y cree razonable agregar que el citado abogado es un pertinente actor dentro de la escena democrática, un hombre formado y consustanciado con la defensa de los derechos humanos y un caballero. Blasones que no ornan a quienes buchonean en defensa de un pasado que el Gobierno, con todo tino, busca sepultar.
La vocinglería de la derecha tiene algunos oídos prestos en el bloque de senadores del PJ. Los dos bonaerenses, Antonio Cafiero y Mabel Muller, han encontrado un motivo para dar rienda suelta a su idiosincrasia y están diciendo acá y allá que cavilan acerca de si dar acuerdo a Zaffaroni. Habrá que ver qué hacen a la hora de la verdad y qué hace al respecto su jefe político Eduardo Duhalde. Tema que nos trae de la mano a otra discusión de segunda generación que es la relación entre el Presidente y su principal aliado político.
Somos solo amigos
“¿A esos nombró?” “Esos” son Alfredo Atanasof y Carlos Federico Ruckauf a quienes Duhalde piensa designar colaboradores para su gestión en el Mercosur. Quien impugnaba a “esos”, meneando la cabeza como quien no puede creer lo que oye, era el Presidente. Kirchner desconfía de Atanasof, a quien considera intrigante y taimado. Se basa en su olfato, en lo que percibió durante la campaña y a surtidos datos que le munen dos críticos empedernidos del ex jefe de gabinete, que fueron ministros de Duhalde y siguen siéndolo: Aníbal Fernández y Roberto Lavagna.
Sobre Ruckauf Kirchner piensa lo que piensa casi todo el mundo, con la peculiar excepción de Duhalde y algunos de sus hombres.
La crítica al aliado no es el fin de la historia, pero sí un dato que engarza con algunas otras dificultades que surgen mientras ambos hacen camino al andar. Vale la pena reiterar el contexto: Duhalde y Kirchner se saben necesarios uno al otro y necesitados el uno del otro. Se prodigan una inusual confianza política y tienen bien asumida su separación de roles. El Presidente promueve y ansía el crecimiento de espacios transversales pero no es iluso y sabe que la gobernabilidad que necesita depende del apoyo del peronismo, cuya columna vertebral es el duhaldismo.
Pero hay entre ellos diferencias de estilos, de pasados, de grupos de pertenencia y de referencia, de relación con poderes fácticos. Y ser aliados, aun aliados consistentes es un camino para dos que tiene sus ripios, sus lomos de burro, sus abismos.
En estos días han surgido temas que reflejan diferencias y suscitan eventuales roces:
- La designación de Juan José Alvarez (otro duhaldista que le da mala espina a Kirchner) en la provincia de Buenos Aires a instancias del ex Presidente.
- La remoción de Roberto Giacomino, hombre de Ruckauf y Duhalde.
- La anulación del decreto firmado por Duhalde de salida concediendo amplias franquicias a la concesionaria de los aeropuertos. Se anunció sin estrépito, no se señaló a nadie con el dedo, se dejó pasar un tiempo prudencial. El Gobierno trató con mano de seda a su aliado, pero lo desautorizó.
- En un plano más parroquial: el óleo de candidato a jefe de Gobierno porteño 2007 con que Duhalde, casi distraídamente, ungió a Jorge Telerman. Muy prematuramente, claro está, desató una interna con el candidato kirchnerista a ese sitial, Alberto Fernández. La primera secuela de ese combate antedatado fue toda una comedia de enredos referida a si Telerman viajaba a Cuba con el canciller para acompañar al nuevo embajador argentino en la isla (Telerman lo fue años ha).
- La silente pero eficaz oposición que el duhaldismo impulsa en Diputados respecto de la intervención federal al Poder Judicial (o a todoslos poderes) en Santiago del Estero. Se trata de un tema delicado que eriza a las provincias que temen que esa práctica se torne rutina. El Gobierno quiere que la intervención avance pero comprometiendo al Congreso en la decisión. Sin decirle expresamente que no, los diputados del PJ vienen demorando la decisión, durmiéndola.
Ninguno de estos temas es causal de divorcio pero sí son crisis de una nueva etapa de la pareja cuya evolución tiene final abierto y para nada inminente (sobre el tema ver asimismo páginas OJO FALTA... de este diario). Lo que hagan Cafiero, Muller (y Duhalde) respecto del pliego de Zaffaroni será una nueva prueba de amor... o de despecho.
Sangre en Jujuy
Dos pibes que no habían llegado a la mayoría de edad, militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), murieron de modo violento en Ledesma. Uno apareció sospechosamente suicidado, en una circunstancia que evoca las peores prácticas de las peores épocas. El otro fue asesinado, todo indica que por balas policiales durante la represión brutal a una pueblada. La barbarie evoca inevitablemente a la sucedida en junio del año pasado en la provincia de Buenos Aires, cuando fueron masacrados los jóvenes Kosteki y Santillán.
Arturo Jauretche, objeto de un merecido revival por estos días, decía que nada había más preciso que las balas perdidas de la policía. Luchador popular en la tribuna y en las calles, sabía de lo que hablaba. Nada puede haber de casual cuando mueren en cuestión de horas dos militantes de una misma organización. Hay designio, hay dedos que señalan, hay planificación. La responsabilidad directa es de quien dispara el gatillo pero suele haberlas mediatas: la de sus jefes en casi todos los casos. La del poder político, muchas veces.
Lo ocurrido en Ledesma, como cualquier delito, debe ser investigado antes de determinar culpables. Los sospechosos deben tener un juicio con todas las garantías, comenzando por la de presunción de inocencia. Pero es claro que cuando se matan militantes en las calles debe haber algo más que una investigación de rutina o un no menos cotidiano relevo de cúpulas uniformadas involucradas. Políticos son los crímenes contra militantes populares y requieren un abordaje que exceda lo meramente policial o judicial.
La eliminación física de militantes populares, jóvenes por añadidura, debería conmover a todos pero especialmente a un gobierno muchos de cuyos integrantes reivindican pasadas épicas, encarnadas también por pibes y también segadas brutalmente. Pero, además de conmoverse, al Gobierno le competen tareas más concretas. La matanza en Jujuy, ocurrida en la madrugada del viernes no mereció ningún comentario oficial durante todo ese día. Ayer Alberto Fernández hizo declaraciones correctas pero demasiado genéricas y distantes. Este Gobierno no es parco, ni desprovisto de recursos mediáticos, ni avaro a la hora de convocar a conferencias de prensa. Demasiado poco habló, demasiado poco hizo de cara a dos crímenes.
El secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde (a quien algunos oficialistas mordaces rebautizaron como “Duhalde el bueno”) no juzgó prudente comedirse hasta el lugar de los hechos o pedir un informe o emitir una gacetilla. Es más diligente con su cuerpo y su presencia cuando en territorio metropolitano se movilizan organizaciones de desocupados que apoyan al Gobierno (no es el caso de la CCC) o que el Gobierno quiere cooptar. Bueno es que la política de Derechos Humanos no se ancle sólo en el pasado sino que se prodigue en el día a día. Pero malo es que ese accionar se torne selectivo.
La estadística del Ministerio de Justicia reseñada al albor de esta columna, meramente cuantitativa, no sufrirá cambios destacables pero algocualitativamente nuevo y grave ha sucedido. Y es malo que no se tomen cartas en el asunto.
La situación es un grano para el Gobierno porque se produjo en una provincia gobernada por uno de sus principales aliados dentro del peronismo. Eduardo Fellner estuvo muy cerca de Kirchner durante la campaña y tanto éste como Duhalde quieren que conduzca las riendas del PJ. Ese posicionamiento complica el manejo de la Rosada pero no altera en nada lo que debe hacer. Es cabal que el peronismo es el pilar de la gobernabilidad y que en su interior subsiste una puja que Kirchner no termina de ganar. Y que dentro de esa puja Fellner es un aliado valioso. Pero Fellner está envuelto en un hecho de sangre ocurrido en un paraje que tiene muy mala historia.
La coyuntura requiere algo que por lo común prodiga la Rosada: acción, presencia de funcionarios nacionales demostrando que hay vocación por desentrañar lo ocurrido, por no dejar a los culpables sujetos a las viscosas reglas de los poderes provinciales, por evitar toda forma de impunidad. Nada de eso se ha visto hasta ayer a la noche, cuando se cerró esta nota.
El problema que le ha saltado al oficialismo, que por ahora no ha reaccionado bien, es un típico problema de segunda generación. El Gobierno predica principios que le granjean adhesiones masivas y conmovedoras. Pero su armado político es en buena medida tributario y cómplice del estado de cosas que Kirchner propone remover. Los aliados y los principios no son fácilmente compatibles. En Jujuy se han puesto en tensión y el Gobierno está haciendo, ante hechos trágicos, algo que viene evitando puntillosamente: parecerse a otros gobiernos en similares contingencias.

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