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Siete causas judiciales distintas originadas en el peor atentado terrorista de la historia argentina y ninguna de ellas que avance con vigor, testimonian la crisis de la justicia y su impotencia para investigar. A ellas hay que sumar el expediente que instruye la Corte Suprema de Justicia por la voladura de la embajada de Israel en Buenos Aires, de la que pasado mañana harán 23 años. Su parálisis es tan completa que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, creía que era cosa juzgada, de lo que tuvo que retractarse ante la gritería de las víctimas y de los conocedores del derecho penal, especie ya extinguida en la Corte. Esta maraña tribunalicia replica la de los servicios de inteligencia, descabezados en diciembre pasado y en trance de reformulación ahora. Y hay todavía una novena causa vinculada en forma indirecta con las anteriores. Es la que se explica a continuación.
La hiperactividad que ha mostrado Sandra Arroyo Salgado en la investigación por la muerte dudosa de su exposo, Natalio Alberto Nisman, no le ha impedido continuar con la atención de su despacho como jueza federal de San Isidro. El 30 de enero, dos semanas después de que Nisman apareciera sin vida en su baño, el ex Secretario de Inteligencia Juan B. Yofre solicitó que Arroyo declarase nula la investigación que ella misma dirigió, por el negocio de las pinchaduras de teléfonos y computadoras y la venta de las interceptaciones. El 3 de marzo, Arroyo Salgado entendió que el planteo de Yofre era “novedoso” y dispuso formar un “incidente de nulidad”, a cuya resolución queda subordinada la causa, cuya instrucción ya concluyó. La medida procesal que Yofre cuestionó recién ahora es la actuación como infiltrados de dos agentes inorgánicos de la ex SIDE, que consta en la primera foja del expediente. Si la jueza accediera toda la causa podría ser anulada, en aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado que tiende a resguardar la legalidad de los procedimientos judiciales. Que el ex cadete del Colegio Militar Yofre, defensor confeso de la dictadura 1976-1983, cite en su defensa las Convenciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos constituye un bienvenido homenaje del vicio a la virtud. Que se apliquen al caso es otra cosa.
En diciembre, el fiscal general Fernando Domínguez solicitó la elevación a debate oral para juzgar a Yofre, a quien Arroyo Salgado ya procesó por espionaje y como jefe de una asociación ilícita, y a los demás procesados, como encubridores: el columnista de La Nación Carlos Pagni, el de Perfil y ex director de Ambito Financiero, Roberto García; los directores de los portales Seprin, Héctor Alderete, y Urgente 24, Edgard Mainhard; el empresario de medios Néstor Ick; el ex secretario general del Ejército general Daniel Reimundes, y los espías rasos Pablo Alfredo Carpintero e Iván Velázquez.
Los procesados empleaban casillas de correo cuyos nombres se inspiran en los movimientos políticos que gobernaron Italia y Alemania durante el cuarto más cruento del siglo XX: avan [email protected] (por la marcha del fascismo sobre Roma); [email protected] (en alusión al gran pogrom nazi que precedió a la política de exterminio de la población judía de Europa); [email protected] (en recuerdo de Otto Skorzeny, el comando SS a quien Hitler encomendó en 1943 el rescate de Benito Mussolini). La premura con que la jueza resolvió la extemporánea solicitud de Yofre sugiere que hay una negociación en curso, que acaso involucre al Capospione Antonio Horacio Stiuso que se acogió a la jubilación anticipada luego de rechazar el ofrecimiento de dos destinos internacionales, a elección: Sudáfrica o Egipto. Por no ser menos que el nerd informático Diego Lagomarsino, Pagni contrató a otro abogado del ex presidente Carlos Menem. No Máximo Rosconi, como Lagomarsino, sino José María Figuerero, socio del estudio Fontán Balestra.
Ayer se cumplieron dos meses de la presentación de la denuncia de Nisman contra la presidente CFK, su ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman y el diputado nacional Andrés Larroque por encubrimiento del atentado de 1994 contra la DAIA, que el juez federal Daniel Rafecas desestimó ante la inexistencia de delito. El jueves la sala I de la Cámara Federal de la Capital recibirá los memoriales de los acusados por Nisman y del fiscal de Cámara Germán Moldes. Todo será por escrito, sin vestigios de oralidad.
Otro remezón del atentado de 1994 es la inconstitucionalidad del Memorando de Entendimiento con Irán, que para los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero viola la división de poderes y no permite la participación de las víctimas para la búsqueda de la verdad, argumento tan sofisticado como cínico. La apelación de esta sentencia ha ido y venido entre distintas salas de la Cámara Federal de Casación Penal. Una de las juezas que debía intervenir, Angela Ledesma, pidió licencia por un tratamiento médico en el exterior. Quien la reemplazó, el radical conservador Juan Carlos Gemignani, criticó esa decisión y fijó fecha de audiencia con las partes, el 31 de marzo, y de sentencia, el 8 de abril. La presidente de la Cámara, Ana María Figueroa remitió la causa a la sala II y se fue de vacaciones. Pero los jueces de la Sala II, Alejandro Slokar y Pedro David, recordaron que ya se habían excusado, dado que en el sistema informático judicial consta esa causa figura como conexa con la del atentado, en la que intervinieron antes. La causa anda saltando cual pelota de fútbol en césped sintético con un conejo dentro.
Al mismo tiempo, la fiscal Viviana Fein instruye la causa por la muerte de Nisman y Fabiana Palmaghini es la jueza de garantías, como corresponde en expedientes en los que no hay personas identificadas como autores de un delito o causas NN. Sin embargo, Fein murmura que Palmaghini realizó allanamientos sin su intervención. La jueza también solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la publicación de una serie de medidas adoptadas y/o propuestas por ella, en un cuestionamiento a la fiscal algo más sutil que el que protagoniza Arroyo Salgado. A pedido de Fein dispuso “el allanamiento de la Unidad Fiscal AMIA”, donde “se secuestraron un CPU, una trituradora de papel con su contenido, diskettes, un teléfono fijo con aparente memoria para mensajes, pendrive, CD, carpetas con documentación que se hallaba sobre el escritorio utilizado por el Dr. Nisman; así como se dejó nuevamente franjado su despacho. La diligencia la practicó personalmente la doctora Palmaghini”, dijo la doctora Palmaghini. Pero cuando la Unidad Fiscal pidió que se levantara la clausura del despacho, Fein respondió que la decisión no había sido suya sino de la jueza. Su respuesta es la misma, pero su humor más agrio cuando se la consulta sobre el allanamiento al domicilio de Lagomarsino, cincuenta días después del hecho que se investiga. Arroyo pidió que su íncubo quedara en pelotas, pero Palmaghini prefirió dejarle alguna ropa en su casa y Fein trina.
Cada día es más evidente que los recursos materiales e intelectuales de esta fiscalía de instrucción criminal ordinaria no son proporcionales a los requeridos por un caso que ha monopolizado la atención nacional y atraído a los principales medios del mundo. En los primeros días posteriores al inicio del expediente, la Procuración General ofreció un equipo de fiscales coadyuvantes que colaborara. Pero Fein sólo aceptó un refuerzo de personal, cuando es ostensible que allí falta más seso que músculo, y la Procuración no insistió, por razones ajenas al mejor servicio de justicia. En el clima de polarización y agresividad política, por el que la muerte de Nisman es presentada como un asesinato y el gobierno como el responsable, y dada la demonización incluso de agrupamientos tan ingenuos como Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó hubiera sido acusada de proteger a la Yegua Mayor de la Nación. La orden de Fein a Claro y Nextel de que guarden en sus servidores los registros de llamadas, mensajes de texto, chats, whatsapp y cualquier otra comunicación que Nisman hubiera realizado, con entradas y salidas desde sus teléfonos celulares, fue consecuencia de una sugerencia de la Procuración. Si bien el artículo 45ter de la ley de telecomunicaciones dice que esos registros deben guardarse por diez años, la práctica de las empresas es limpiarlos a los dos meses. Ya pueden haberse perdido muchas comunicaciones de los días cruciales en los que Nisman decidió volver al país para acusar a CFK. Tampoco es claro qué puede haber ocurrido con la información del navegador satelital en el auto que utilizaba Nisman, propiedad de una agencia privada de seguridad vinculada con la CIA. Si su batería no se refresca, los datos se pierden.
La misma imprevisión se verifica en otros temas relevantes. Según el descargo formulado ante Lorenzetti, Palmaghini consideraba “pertinente determinar sí el fallecido Natalio Alberto Nisman contaba con cajas de seguridad en entidad bancaria alguna”, cosa que el 27 de enero “sugirió a la Fiscalía de Instrucción
No. 45”. Tal giro idiomático revela que la jueza carecía de facultades para ordenarlo, y por eso se limitaba a sugerirlo, como una buena vecina y ¡nueve días después de la muerte de Nisman! Para entonces, la madre del fiscal, Sara Garfunkel, ya había vaciado los cofres y las cuentas que compartía con Nisman en dos sucursales del Banco Ciudad (en Corrientes y Uruguay y en Callao y Juncal) y en la empresa privada de cajas de seguridad no bancarias Hausler, con bóvedas en una galería de Florida y Paraguay. Garfunkel fue conducida a esa expedición de rescate por la intrépida custodia de Nisman. Los policías conocían ese depósito hermético, porque antes habían llevado a madre e hijo a firmar el contrato de alquiler. Según la explicación de los directivos de Hausler Alan Packer y Juan Piantoni antes de llegar a su caja, Nisman y su madre debían sortear siete puertas. Cada una se abre una vez que se cerró la anterior, y siempre que el sistema reconozca las huellas digitales y el rostro de la persona autorizada a acceder.
Basada en esta inopia investigativa, Arroyo Salgado montó una causa paralela por magnicidio (sic), que los medios más enconados con el gobierno difunden como si se tratara de la verdad revelada en el expediente. Entre sus peritos está el comisario inspector (R) de la bonaerense Osvaldo Hugo Raffo, especialista en encubrir crímenes, como las torturas a Jacobo Timerman, Jorge Rubinstein, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, pero también en desviar la atención hacia donde le conviene a su cliente y filtrar el material secreto a los medios, como en el caso de Nora Dalmasso, en Córdoba. Ingenua de estas habilidades, Fein pasó de largo ante el amague de Arroyo Salgado, como un chico de inferiores ante un veterano. Arroyo pidió que no trascendiera el punto 12 de su presentación, pero sus peritos lo hicieron llegar a La Nación¸ que lo usó como título principal de tapa. Fein se atuvo a lo pactado con Arroyo y quedó en ridículo con una desmentida insostenible. Gracias a ese enredo de dimes y diretes, se perdió de vista el análisis más elemental sobre el punto en cuestión: si Nisman estaba de rodillas y el presunto asesino de pie a sus espaldas, ¿cómo la trayectoria del disparo pudo ser ascendente? En cualquier momento jueza o fiscal ofician a los circos del país para que envíen una nómina de contorsionistas.
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