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Sandra Arroyo Salgado sigue doblando la apuesta. En un escrito en el que acusó a la fiscal Viviana Fein de ser lenta y orientar la investigación hacia la teoría del suicidio de Alberto Nisman, pidió apartarla de la dirección del expediente para que la asuma el juzgado de Fabiana Palmaghini. El planteo, que deberá resolver la propia jueza, se inscribe en una batalla en la que la ex esposa del fiscal de la Unidad AMIA intenta hacer prevalecer su propia hipótesis de que se trató de un asesinato, basada en estudios de peritos que contrató en forma privada y que se contraponen con la autopsia y las pericias oficiales. Mientras la fiscalía se encamina a realizar una junta médica y una audiencia con criminalistas para zanjar esas diferencias, además de intentar que se reanude el análisis del contenido de la computadora y los teléfonos de Nisman, la querella –que también frenó ese peritaje tecnológico– apuesta a desplazarla del juego.
El hecho de que la investigación esté a cargo de la fiscalía tiene una explicación: el Código Procesal Penal dice que debe ser así mientras el expediente no tenga un autor o sospechoso identificado; recién cuando se individualiza a alguien, el juez evalúa si toma las riendas de la causa o si las deja en manos del/la fiscal. Por ahora el caso Nisman está caratulado como “muerte dudosa”, es decir, no hay nadie imputado por el hecho central que originó la investigación. Sólo lo está el informático Diego Lagomarsino, pero por otro delito: haberle prestado a Nisman –según su propia declaración– el arma de la que salió el disparo mortal, de la que no era legítimo usuario. Arroyo Salgado, en las últimas semanas, buscó multiplicar las dudas sobre el papel de Lagomarsino, quien trabajaba para su ex marido con funciones poco claras. Entre otros datos, señaló que sus peritos forenses sitúan el momento de la muerte el sábado 17 de enero en un horario coincidente (entre la tarde y la noche) con la visita del técnico al departamento del fiscal, mientras que la autopsia oficial ubica el deceso el domingo en la franja horaria del mediodía.
“El delito central en el expediente sigue siendo de autor desconocido y la querella no define con precisión qué le imputa a Lagomarsino. Por lo tanto, es jurídicamente incorrecto pedir que la jueza asuma la causa. Es otra acción de Arroyo Salgado destinada a obstaculizar la investigación en lugar de profundizarla y mantenerla activa”, le dijo a Página/12 Maximiliano Rusconi, defensor del experto informático. “Si la querella tuviera una imputación concreta debería pedir la indagatoria. Si estuviera comprometida con la investigación contribuiría en avanzar en el peritaje tecnológico sobre la computadora, las llamadas y el GPS y a que declaren la madre de Nisman y su hermana, dos testimonios que fueron ordenados como consecuencia de la una declaración de la propia Arroyo Salgado”, señaló (ver recuadro).
La presentación que hizo Arroyo Salgado ayer no es una recusación, pero busca efectos similares, de apartamiento, con un pedido expreso para que la jueza lidere la pesquisa. Para que un fiscal se excuse o lo recusen tiene que haber motivos que están enumerados en una lista de doce en el Código procesal, que van desde haber tenido alguna vinculación previa con la causa, o relación con alguno de los interesados (parentesco, amistad o enemistad manifiesta) hasta haber dado su opinión sobre el tema. Son los mismos parámetros que se aplican a los jueces, detallados en el artículo 55. Pero la ex esposa de Nisman, que es jueza federal en San Isidro, lo que hizo fue cuestionar la actuación de la fiscalía y echó mano a argumentos que Palmaghini en una resolución le había cuestionado a ella. Arroyo Salgado –según informaron allegados al expediente– habló en su escrito de lentitud en la causa y señaló, por ejemplo, el allanamiento a la casa de Lagomarsino cuarenta días después de la muerte del fiscal, cuando precisamente ése fue un cuestionamiento que Palmaghini le hizo a ella: que debió haber pedido ese procedimiento al inicio de la pesquisa si le parecía indispensable. También sostiene que la fiscal direccionó la investigación hacia la hipótesis del suicidio y que no rastrea si se trató de un homicidio. Le critica que escucha a múltiples testigos para determinar cómo fueron los últimos días de Nisman pero sin enfocarse en la posibilidad de un asesinato.
La presentación causó estupor en la fiscalía, entre otras cosas porque creen que algunos pasos clave de la causa, que podrían ayudar a discernir si hubo suicidio u homicidio, se demoraron por decisión de la propia querella. Lo más gráfico sería el análisis del contenido de mensajes, documentos, fotos e información alojada en los aparatos de Nisman: fue ordenado por la fiscal el 5 de febrero, no se pudo iniciar hasta hace diez días por discusiones técnicas y cuando comenzó, ni bien surgió que la computadora de Nisman había tenido navegaciones por páginas web el domingo 18 de enero a la mañana (lo que podría contradecir que murió el sábado), Arroyo Salgado pidió frenar el peritaje con el argumento de proteger la privacidad, que nunca había manifestado. La fiscalía por ahora sólo tiene un listado de número de teléfonos con los que habló Nisman los días previos a su muerte y los titulares de esas líneas desfilan para testificar. Por el paso del tiempo, pidió a las compañías Claro y Nextel que preserven la información de las líneas del fiscal (mensajes, chat, whatsapp y otros formatos), ya que suelen borrarla al cabo de sesenta días. La autopsia y otros estudios forenses, además de los balísticos, no dan cuenta hasta ahora de la intervención de terceros en el escenario de la muerte. La querella, con protagonismo de Arroyo Salgado, apunta a poner en duda esos resultados. En la fiscalía dicen que no paralizarán la causa mientras esperan una definición del juzgado.
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