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“Resulta gravemente injurioso para nosotros tener que acudir al Sistema Interamericano. Habríamos preferido que la Corte local nos hubiera dado respuesta, pero luego de 33 años, frente a esta nueva afrenta al derecho a acceder a la justicia y al derecho a la tutela judicial efectiva, no nos queda otra alternativa idónea para remover los distintos obstáculos que se han impuesto.” Así dice en uno de sus párrafos finales la denuncia que presentó el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después del fallo de la Corte Suprema que se negó a analizar si las torturas, estaqueamientos, abusos, golpizas, simulacros de fusilamiento y muertes denunciados por soldados enviados a la guerra en 1982 constituyen delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. El alto tribunal había tenido el expediente durante casi tres años para finalmente resolver su rechazo en dos párrafos y dejar en firme un fallo de la Cámara de Casación penal que daba el caso como prescripto.
La presentación, a la que accedió Página/12, reclama a la CIDH que inste a la reapertura de la causa penal sobre las aberraciones por ellos denunciadas, que se conozca la verdad y que el Estado argentino haga un reconocimiento por haberlos privado de justicia durante tantos años. Recuerdan que los tratados internacionales obligan a los Estados a eliminar todos los obstáculos en la investigación de violaciones a los derechos humanos.
El expediente que se negó a analizar la Corte estaba basado en cinco denuncias de torturas y una muerte e involucraba al teniente retirado Jorge Taranto. El Cecim le señala a la CIDH que el fallo amenaza con expandir sus efectos a los 150 casos denunciados por ex conscriptos que al momento de la guerra tenían entre 18 y 19 años. Los crímenes, dice, “perpetrados por oficiales y suboficiales que se encontraban al mando no fueron aislados”, sino una práctica “sistemática y generalizada” y constituyeron “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Rubén Darío Gleriano fue el primer ex combatiente en denunciar torturas y en explicar en qué consistía el “estaqueamiento”. Su relato ilustra la denuncia internacional. Recuerda que llevaba dos días sin comer y por alejarse a buscar alimento fue castigado. Lo “tendieron boca arriba a la intemperie, atado de pies y manos” y lo dejaron así desde las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche. Se desmayó por hipotermia. En 2001, contó, se cruzó con quien era el cabo que lo sometió a ese castigo, Pedro Valentín Pierre, que le dijo: “Miren quién entra... Darío Gleriano. Pensar que yo a este negro de mierda lo estaqueé en Malvinas, pero cómo lo quiero”. Como esta historia se sumaron decenas, algunas signadas por la intolerancia religiosa y el antisemitismo, como la que reflejó Silvio Katz, quien además de estaqueamientos denunció cómo le hicieron comer su propio excremento al grito de “judío cagón”, orinar sobre sus compañeros y sumergirse en el “pozo de los lamentos”, de agua helada.
Taranto fue acusado por las torturas aplicadas a Edgardo Arnoldo, Daniel Martires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan Cruz Martins y por la muerte de Remigio Fernández, quien falleció por inanición. La denuncia del Cecim señala que se retiró en 1989, se recicló en tareas de investigaciones privadas y en el ámbito periodístico. Hoy lo vincula con Daniel Hadad. La causa en su contra se inició en 2007. La jueza de Río Grande Liliana Herráez dio impulso a la causa y ordenó investigar los hechos como crímenes de lesa humanidad. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dijo lo mismo. La Sala I de Casación fue la que dio vuelta todo, a pedido de Taranto: dijo que no había delitos de lesa humanidad y ordenó que la Cámara lo declare prescripto. Los veteranos llegaron a la Corte.
El tema llegó a la Corte el 26 de marzo de 2012. El tribunal se tomó hasta el 19 de febrero de este año para decir, en dos párrafos, que rechazaba el recurso por falta de “sentencia definitiva” –o sea que de la instancia anterior no surgía una decisión final–, un tecnicismo que un importante abanico de juristas considera discutible. Firmaron Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Ante un pedido de revocatoria, y previendo la denuncia internacional, la semana pasada repitieron su postura, pero dijeron que todavía podían, en otro caso, pronunciarse sobre el fondo. El Cecim sostiene que la Corte tenía chances, como hizo en otros casos, de definir la cuestión esencial, pero quiso cerrar “la posibilidad de investigar graves violaciones a los derechos humanos”. Y “ha reeditado la doctrina del punto final”.
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