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La doctrina Lorenzetti: “Las instituciones son independientes de las personas que las integran”.La fortaleza del Frente para la Victoria ha hecho cundir el pesimismo electoral entre los poderes fácticos, que por contraste ponen sus esperanzas en la Corte Suprema de Justicia como su bastión institucional permanente. El activismo de su presidente, Ricardo Luis Lorenzetti, se manifestó en tres actos públicos durante la última semana, en los que fustigó el presidencialismo y expuso la necesidad de un poder judicial fuerte, capaz de ponerle límites al Poder Ejecutivo. También reclamó la unidad de los magistrados, defendió el activismo judicial y su injerencia en las políticas públicas. Para ello debió acudir a la ficción de que las instituciones son independientes de las personas, idea desmentida por la única compañía que consiguió en el estrado, la de Juan Carlos Maqueda.
Esta vez, Lorenzetti cambió de género: en lugar de la homilía eclesiástica, la clase magistral. De tan evidente, tuvo que negarlo. “Esta no es una clase”, dijo el profesor entre citas de autores extranjeros. Demoró casi media hora la iniciación del acto por el Día Mundial del Ambiente, a la espera de sus colegas. Pero sólo llegó Maqueda, quien el mes pasado lo intimó a que retirara su renuncia a un cuarto período como presidente de la Corte. Lorenzetti se había hecho rrrreelegir el 11 de abril, casi un año antes de que terminara su actual mandato, para no tener que votar por sí mismo de producirse en los próximos meses la previsible baja de Carlos Fayt. En una segunda Acordada que se firmó el 13 de mayo para subsanar la falsedad ideológica en la anterior respecto a la asistencia de Fayt, la Corte justificó su apuro en la defensa de “la necesaria independencia del Poder Judicial que exige el sistema republicano de gobierno” y en la seguridad jurídica en la relación institucional con los otros poderes del Estado. Es decir, ponerle límites al gobierno nacional, como también dijeron de inmediato la Asociación Empresaria orientada por el Grupo Clarín y la transnacional italiana Techint; la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente, que también conduce el Grupo Clarín; la Sociedad Rural, el pequeño pero influyente Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas que depende del Episcopado Católico, la usina ideológica del sector IDEA, la Fundación Mediterránea y otras entidades afines: “Un Poder Judicial independiente es un pilar fundamental del Régimen Republicano y cumple un rol central como garante de los derechos establecidos por nuestra Constitución”, dijeron con la pluma de Lorenzetti: ese párrafo es casi idéntico a uno del fallo “Aparicio” sobre los conjueces.
Juntos en un pequeño escritorio y con una silla vacía, mudo testigo de que las cosas no salieron como esperaban, Lorenzetti y Maqueda fueron una gráfica demostración de lo poco que queda de aquella Corte Suprema prestigiada en 2003 por el juicio político y la reforma de principios de siglo, con Néstor Kirchner en el Poder Ejecutivo y Enrique Petracchi al frente del tribunal. Fayt ya no está para estos trotes, en un resbaloso patio frío de baldosas bien lustradas, y así se lo hizo saber a Lorenzetti cuando le pidió que posara a su lado. Mejor cuidarse del frío en casa. Elena Highton no ha perdido el sentido del ridículo, por lo cual tampoco asistió a la función, diagramada como de costumbre por la asesora de imagen de Lorenzetti, que en forma gradual va imponiendo la sigla CIJ sobre la tradicional CSJN. Highton invocó otro compromiso para justificar su inasistencia y esperó que concluyera la perorata para sumarse al brindis con los periodistas.
La clase magistral mantuvo la acostumbrada astucia discursiva del ex alumno de los hermanos maristas de Rafaela. Igual que las homilías, giró sobre el compromiso que los jueces deberían tener con los más pobres, los más débiles, los más vulnerados, que son las principales víctimas de las catástrofes ambientales. Pero también suministró el título que esperaban los medios opositores: los políticos postergan las soluciones de fondo, sobre todo cuando hay elecciones, es decir siempre en democracia. Como sólo se puede confiar en los jueces, es decisivo que sean independientes de todos los poderes, ya sean estatales o corporativos. Sobre el final de la lección, agradeció al público (había menos butacas ocupadas que el 3 de marzo, en el homenaje al ex fiscal Alberto Nisman) y dijo que no hacían falta palabras para que se comprendiera el sentido simbólico de esa presencia. Un símbolo costoso, debe decirse: la presencia de jueces y camaristas del interior se obtuvo bajo presión. La Corte les pasó lista en los días previos y ofreció el reintegro de todos los gastos, incluido transporte aéreo y alojamiento. Buenos Aires en otoño es una hermosa ciudad, ¿quién podría negarlo?
Ante los periodistas, Lorenzetti dijo que la Corte era un lugar de encuentro, para conversar y dialogar, pero no mencionó ninguna ley o artículo constitucional que consagren ese atributo. Se refirió a otros países en los que los periodistas son perseguidos, asesinados o discriminados, en los que existen narcotráfico, guerras, grandes presiones económicas y debilidades institucionales, para introducir su monotema de la protección a las instituciones, que algo o alguien innominado amenazaría no en los países referidos sino aquí, en la Argentina. Luego de este arriesgado parkour sobre la lógica reflexionó sobre el cambio tecnológico y afirmó con la seguridad del experto que ésta es la primera vez en la historia de la humanidad que una generación le enseña a la anterior. Si así fuera, aún se golpearían piedras o se frotarían palos para prender fuego. Robert Stephenson tenía apenas 26 años cuando su locomotora a vapor corrió por primera vez en Inglaterra, la misma edad de Albert Einstein cuando formuló la teoría de la relatividad y que Leonardo Da Vinci cuando comenzó a registrar sus inventos geniales en el Codex Atlanticus. “La Corte Suprema es una institución que va más allá de las personas”, agregó. Luego de considerar una tragedia la muerte de Enrique Petracchi y Carmen Argibay y la renuncia de Raúl Zaffaroni dijo que la Corte mantenía los mismos principios con “la firmeza necesaria y no hay nada que nos haga cambiar”, ya que “la sociedad que queremos es una en la que podamos convivir con pluralidad de ideas”, como si eso estuviera en discusión. Al día siguiente, en el foro de los ejecutivos de finanzas presentó a “la Justicia como pilar de la democracia” e instó a “descentralizar las instituciones para que haya consensos y diálogos”, en lo que entendió que “el Poder Judicial cumple un rol central”. Sus voceros en la prensa de oposición decodificaron el mensaje como una demostración de fuerza (Silvana Boschi en Clarín) y de poder (Adrián Ventura en La Nación).
Las cosas son menos claras cuando este presidente compasivo pasa de las palabras a los hechos. Hace trece meses la Corte declaró en estado de colapso al fuero de la Seguridad Social, que tramita las causas de los jubilados y pensionados, y dispuso su descentralización como medida paliativa. Pero más de un año después no proveyó los recursos humanos necesarios para que el nuevo esquema funcionara y el Congreso no creó los nuevos tribunales especializados que le reclamó la Corte. En mayo de 2014, en la causa Pedraza vs Anses, la Corte declaró inconstitucional el artículo 18 de la ley 24.463, que había asignado en exclusividad a la Cámara Federal de Seguridad Social, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, la competencia en materia previsional. El mismo día, por la Acordada 14/2014 transfirió esa competencia a las Cámaras Federales de las distintas provincias, alegando que el embudo porteño afectaba “la garantía a la tutela judicial efectiva de los jubilados y pensionados que no residen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”. La medida comprendía tanto las apelaciones que se produjeran a partir de ese momento como las acumuladas desde hacía años en la Cámara Federal de Seguridad Social. Desplazar a ese tribunal a favor de las cámaras del interior, según la Corte, garantizaría “el bienestar de los ciudadanos, el federalismo, la descentralización institucional y la aplicación efectiva de los derechos de los beneficiarios del sistema previsional”. También pidió al Congreso que tomara las medidas necesarias para reducir la litigiosidad, abreviar los procesos, crear nuevos tribunales de seguridad social y conseguir el acatamiento de la Anses a las resoluciones judiciales. Al Poder Ejecutivo le solicitó que “las agencias bajo su ámbito” acataran las decisiones de la Corte en materia de determinación del haber inicial y su movilidad, ya que la Anses apela casos en los que ya hay un criterio fijado por la Corte. También comunicó su decisión al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura de la Nación, para que provea recursos materiales, humanos y financieros a la Cámara de la Seguridad Social. Ante ese tribunal había radicadas más causas de las que debía atender cualquiera de las cámaras federales de las provincias, sumando juicios penales, civiles, administrativos y laborales. Bajo la presidencia de Lorenzetti, la Corte Suprema suele reiterar que es la “única responsable del Gobierno del Poder Judicial de la Nación” y el “último intérprete de la Constitución Nacional y de sus leyes reglamentarias”, como si alguien lo hubiera olvidado. Invocando ese carácter de la Corte, las Cámaras que más carga adicional recibieron, comenzaron a reclamarle que adoptara las medidas apropiadas para enfrentar la situación, muy en especial la designación de personal capacitado para atender esa enorme demanda de jubilados y pensionados en forma rápida y oportuna. Las Cámaras Federales de Apelaciones que más causas recibieron son las de Bahía Blanca, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta, San Martín y Tucumán. Un juez abrumado por la situación sostiene que la Corte se limitó a “trasladar el problema de un tribunal a otros, con el consecuente maltrato a personas en situación de vulnerabilidad”.
La resistencia corporativa al cambio es aún más evidente cuando se trata del propio Poder Judicial. En mayo de 2013 la ley 26.861 estableció el ingreso democrático e igualitario para letrados, empleados y personal de maestranza y oficios del Poder Judicial de la Nación e instituyó a la Corte como autoridad de aplicación, encargada de reglamentar los concursos de ingreso. En agosto, por la Acordada 26/13, la Corte decidió que hasta que se abrieran los concursos todos los ingresos serían transitorios y exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo y al ministerio público a crear una comisión conjunta para aplicar también en ellos el principio del ingreso democrático e igualitario. En diciembre dictó la Acordada 49/13 por la que aprobó los formularios de inscripción como postulantes a ingresar al Poder Judicial de la Nación, que deberían presentarse en las Cámaras Nacionales y Federales de cada jurisdicción en marzo de 2014. Durante ese verano se formaron colas de varias cuadras en los lugares de inscripción. Pero esta expectativa fue defraudada, porque la Corte nunca dictó los reglamentos para el concurso ni se pronunció sobre el temario, el jurado, los lugares y las fechas de examen. Esto contrasta con las resoluciones 507/14 de la Procuración General y 75/14 de la Defensoría General, que sí cumplieron con las disposiciones de la ley. En cambio la Corte aprobó el 3 de febrero de 2015 la resolución 6/15, firmada sólo por Lorenzetti, Fayt y Maqueda, por la cual sepulta la ley que debía aplicar: esa disposición administrativa ordenó a las Cámaras Nacionales Federales y los Tribunales Orales Federales con asiento en las provincias que elaboraran y le comunicaran un listado de los agentes que desempeñaran cargos interinos y no efectivos en la planta del Poder Judicial y que tuvieran más de seis meses de antigüedad. Ellos cubrirían las futuras vacantes efectivas, por supuesto “con carácter excepcional” y por orden de antigüedad. En su interesante blog “Palabras del derecho”, el abogado y docente de comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata José Ignacio López destaca que el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal, con apego a la ley, reglamentaron el procedimiento en febrero de 2014. La Defensoría General recibió inscripciones en marzo, tomó exámenes y efectuó los sorteos. La Procuración General creó un sistema de inscripción digital con usuario con sesión individualizada que permite realizar todos los pasos en línea. Así estableció un calendario de inscripciones y concursos por jurisdicción de los cuales muchos se han realizado y otros están en trámite. “El mecanismo se está cumpliendo.”En cambio en el Poder Judicial “el ingreso democrático sigue siendo una deuda pendiente”.
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