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El país|Viernes, 19 de junio de 2015
LA JUEZA SANDRA ARROYO SALGADO DESIGNO NUEVOS ABOGADOS Y SE SEPARO DE LA MADRE DEL FISCAL

Una división en la familia de Nisman

La ex mujer y la madre del fiscal ya no compartirán la representación de la defensoría oficial. Arroyo Salgado nombró a Juan Pablo Vigliero, Manuel Romero Victorica y Federico Casal. El cambio traerá nuevas dilaciones en el expediente.

Por Irina Hauser
y Raúl Kollmann
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Sandra Arroyo Salgado entró en contacto con sus nuevos abogados poco después de la muerte de Nisman.

En el momento en que la investigación de la muerte de Alberto Nisman se acercaba a una definición, con la mayoría de los peritajes ya resueltos, Sandra Arroyo Salgado optó por designar nuevos abogados y separarse de la querella que compartía con la madre del fiscal fallecido, Sara Garfunkel, quien por ahora sigue representada por la defensoría oficial. Este cambio inevitablemente provocará más dilaciones en el expediente, a lo que es posible que sumen planteos y pedidos de más pruebas. Además pone al descubierto la incompatibilidad que se perfilaba entre la ex esposa de Nisman y su suegra, a quien vinculó con la cuenta en el Banco Merrill Lynch, en Estados Unidos, y negocios familiares.

El cambio formal de abogados se produjo ayer al mediodía, con un escrito ante la fiscal Viviana Fein. De ahora en más intervendrá en representación de Arroyo Salgado el estudio de Juan Pablo Vigliero, Manuel Romero Victorica y Federico Casal. Arroyo Salgado estuvo en contacto con ellos desde que dio la conferencia de prensa en la cual describió la muerte de Nisman como un “magnicidio”. El cambio fue acordado hace diez días, cuando ya la junta médica y la criminalística habían presentado conclusiones que señalaban por mayoría la falta de pruebas que respalden la teoría del homicidio. La querella, de hecho, ya no habla de asesinato sino de que la investigación se hizo mal, lo que pondría en duda los resultados. Aun está inconcluso el peritaje tecnológico (teléfonos y computadoras).

Hasta ahora Arroyo Salgado y Garfunkel eran representadas por la Defensoría General de la Nación, una designación controvertida porque es excepcional que ese organismo se ocupe de querellar y cuando lo hace es para asistir a personas que no tienen suficientes recursos económicos para pagarse un abogado privado. Si bien ese nombramiento no estaba impugnado en el expediente, todavía la defensa de Diego Lagomarsino –a quien la querella intenta involucrar en la muerte– tenía chances de hacerlo. A la vez, con el correr del tiempo se hizo más evidente el conflicto de intereses entre ambas. Fue la misma Arroyo quien declaró sobre la cuenta en Estados Unidos (de la que era apoderado Nisman, pero tenía como cotitulares a su hermana Sandra Nisman, Garfunkel y Lagomarsino). Todavía no se sabe cuánta plata hay allí, pero su solo hallazgo determinó que se abriera una causa por posible lavado de dinero, en la que surgió que varios costosos inmuebles están a nombre de la madre. La mujer también tenía una caja de seguridad con el hijo, y acceso a otras dos donde él guardaba plata. A la larga, no está claro en qué situación judicial quedará Garfunkel, pero es posible vaticinar alguna discusión por los bienes.

Arroyo Salgado tuvo mucha exposición en los cuatro meses desde que Nisman fue encontrado sin vida e hizo cuanta presentación judicial pudo para ir poniendo obstáculos en el caso. También intentó desplazar a la fiscal Fein, que hasta fue confirmada por la Cámara de Casación porteña. Es difícil que pueda sostener la embestida públicamente. “Recurre a un nuevo equipo profesional porque tiene que concentrarse en sus hijas y en los dos juzgados a su cargo”, dijo Vigliero a este diario. El estudio que integra se especializa en delitos económicos, pero ha cultivado actuación en causas penales, algunas en defensa de acusados por crímenes de lesa humanidad y ante el propio juzgado de Arroyo Salgado.

Vigliero representó a Evelyn Vázquez cuando se negaba a un examen de ADN para saber si era hija de desaparecidos; fue abogado de la hermana de María Marta García Belsunce, María Gabriela. Pasó por la causa AMIA como abogado de Juan José Ribelli y terminó preso con Mariano Cúneo Libarona a raíz de que su cliente fue al juzgado, en señal de advertencia, con el video del acuerdo por el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que acusara a policías.

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