Antonio Bussi lleva ya 24 horas con prisión preventiva. La noticia tuvo amplia difusión en la provincia pero, para desgracia del genocida, las masas que reclamarían su libertad no aparecieron. Apenas ocho mujeres manifestaron a la hora en que la concejala justicialista Carolina Vargas Aignasse –sobrina del desaparecido Guillermo Vargas Aignasse, causa por la que está preso– se hizo cargo de la intendencia capitalina. Los abogados del represor se concentrarán ahora en preparar la apelación y en buscar el lugar donde el anciano cumplirá su arresto domiciliario. Mientras tanto, en la fiscalía de Emilio Ferrer se acumulan las 400 causas que se abrirán contra el ex dictador.
Los defensores de Bussi piensan tomarse los diez días que le otorga la ley para apelar la prisión preventiva. En ese lapso, éstos comenzarán a recibir los escritos por las 400 causas que a todo pulmón está trabajando el fiscal Ferrer. Todas ellas son las que a lo largo de estos 25 años se fueron acumulando en los juzgados federales de la provincia. El escritorio del fiscal y dos armarios están atestados de los expedientes prolijamente cosidos y amarillos por el paso de los años. La anulación de las leyes de impunidad les dieron vida de nuevo.
En la mañana de ayer Bussi no sólo fue notificado por la Justicia, sino que además siguió por televisión la ceremonia de asunción de las autoridades municipales. Esa donde no pudo estar. Tal como había sido acordado, los 18 concejales de la capital dejaron pasar treinta minutos de las once antes de comenzar el acto de asunción de autoridades municipales. Se trató de una formalidad porque ya todos sabían que el anciano general no podía estar presente. Apenas un par de horas antes, Bussi había sido notificado de la prisión preventiva.
En las afueras del Teatro San Martín, donde un día atrás asumió la gobernación el neoperonista José Alperovich, unas ocho mujeres sostenían unos carteles con la leyenda “Fuerza Bussi”. Aplaudieron a los tres concejales que tiene el partido del militar y abuchearon e insultaron a los otros ediles. Los policías las miraban con desdén. Ellas se autodefinieron como “las subversivas de Bussi”, porque habían llegado al teatro a protestar a pesar de que la orden de las autoridades partidarias era no manifestar. “Es que algunos como ya tienen el cargo se olvidan de todo lo que hizo el general”, dijo una de las mujeres.
Ya en la sesión especial, la presidenta del Concejo, la justicialista Carolina Vargas Aignasse, puso al tanto de los ediles la imposibilidad de la presencia del militar. Todo transcurrió en paz hasta que se leyó una carta que remitió días atrás el propio Bussi. Primero se consideró “un preso político”, para luego asegurar que “sólo Dios puede evitar que asuma el cargo con que me honraron los tucumanos”, sino que además se escudó en seleccionados artículos del Pacto de San José de Costa Rica para argumentar su defensa del cargo que no puede asumir. Olvidó, estratégicamente claro, aquellos que hacen referencia a los delitos de lesa humanidad por los que está detenido. La réplica provino del radical Raúl Pelegrini quien recordó que “hubiera sido bueno que Bussi haya leído estos pactos antes de 1976”.
En uno de los palcos, Rodolfo Vargas Aignasse, padre de la ahora intendenta interina, no olvidó el caso de su hermano que tiene preso al militar: “Este fallo tendrá un efecto dominó por la apertura de cientos de causas. Así, creo que Bussi difícilmente obtenga la libertad por el resto de su vida”, aseguró el ex diputado nacional del PJ.
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