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“En la causa AMIA vemos muchos informes de inteligencia y poca prueba judicial. Pero más grave es que vemos que hubo poca pro-actividad, poca búsqueda de pruebas judiciales que son imprescindibles para condenar a sospechosos.” Con esta evaluación lapidaria, el coordinador de la Unidad Fiscal AMIA Juan Patricio Murray puso al día la situación del expediente por el atentado, en la semana en que se cumplen 21 años del ataque y seis meses de la muerte de quien estuvo a cargo de la investigación, Alberto Nisman. El diagnóstico es similar al del juez a cargo, Rodolfo Canicoba Corral, quien también fue un duro crítico de la pesquisa. El magistrado hizo hincapié en lo mismo: existe mucho informe de servicios de inteligencia y poca prueba. “Hay un punto que nos impacta mucho –agregó Murray–. En lo que menos prueba hay es en lo que se refiere a la conexión local del atentado.” Por otro lado, el equipo de fiscales va a sondear en una de las cuestiones inexploradas de la investigación: lo que tiene que ver con los ADN. El equipo de fiscales avanzará por ese camino en base a un convenio firmado con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) (ver aparte).
En febrero de este año, la investigación AMIA fue asumida por un equipo de tres fiscales –Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini–, coordinados por Murray. El primer objetivo del equipo fue relevar toda la documentación, analizar el expediente y prepararse para el primer desafío de envergadura: el juicio oral de lo que se llama el encubrimiento, es decir las maniobras de desviación de la causa AMIA. Ese juicio empieza el 6 de agosto (ver aparte).
“En todos estos meses –señala Murray– estuvimos trabajando en los elementos de prueba que hay en el expediente. Consolidar lo realizado por Nisman y evaluar hipótesis abandonadas, hipótesis que no se trabajaron. Lo que percibimos es una pro-actividad muy baja, una escasa búsqueda de pruebas. Sólo se trabajaron las hipótesis suministradas por la ex SIDE sobre la base del llamado Informe Toma.” La referencia tiene que ver con un informe realizado en 2003 por el entonces titular de la SIDE, Miguel Angel Toma, ubicado allí por Eduardo Duhalde. El informe reflejaba en un ciento por ciento las posturas de la CIA norteamericana y el Mossad israelí y significó una reanudación de las relaciones entre la SIDE y la CIA después de un período de desconfianza durante el gobierno radical. Hubo prácticamente una ruptura de relaciones entre la SIDE y la CIA a raíz de la publicación en 2001 de una foto de Ross Newland, jefe de la estación de la CIA en la Argentina.
El texto de 500 páginas apuntaba a la autoría ideológica iraní, con mano de obra de la organización libanesa pro-iraní Hezbolá, terroristas llegados desde Medio Oriente a través de la Triple Frontera y el uso de un explosivo plástico también traído desde el límite con Paraguay y Brasil. El texto le venía como anillo al dedo a Estados Unidos que apuntaba contra el llamado Eje del Mal –Irán, Irak– y que dos meses después invadiría este último país. Cuando se hizo el anuncio, en enero de 2003, se prometieron pruebas judiciales, pero es poco lo que se aportó: “En base a lo que hay, se puede pedir que declaren los funcionarios iraníes sospechados y por eso se pidió su captura. Las pruebas, por ahora, son más bien datos de inteligencia”, resumió Canicoba Corral al pedir la captura internacional del ex presidente de Irán y otros altísimos funcionarios.
“Uno de los esfuerzos mayores es el trabajo sobre los archivos –explica Murray, que además de coordinador de la Unidad Fiscal AMIA, está a cargo del Grupo de Relevamiento Documental–. Hay un equipo especializado trabajando en los archivos de inteligencia que se desclasificaron. Los de la ex SIDE, que son tres depósitos inmensos, y los de la Policía de Buenos Aires. La división Inteligencia de la Bonaerense tiene el mayor archivo de la Argentina. Queremos saber qué decían en los días del atentado. Hacen ese trabajo especialistas en archivos, bibliotecólogos, museólogos, personas que ya tienen experiencia en la revisión de los archivos, por ejemplo, del Ejército. Y en base a lo que encontremos en esos archivos es muy posible que llamemos a declarar a ex agentes, a ex jefes de Inteligencia y funcionarios de la época de los atentados o enseguida después.” Este es un punto muy distintivo de la nueva investigación encarada por los fiscales: tomarle declaración a los que estuvieron en las fuerzas de seguridad e inteligencia. Hasta ahora eran intocables.
Por lo que se sabe, los tres fiscales están trabajando en reafirmar hipótesis, reconducir otras, ver las que se abandonaron. Por ahora hablan de ciudadanos iraníes o sirios o libaneses o argentinos que pudieron haber participado. Después verán si hay un Estado implicado. Desde ya que están investigando todo lo referido a Moshen Rabbani (agregado cultural iraní), pero una cosa no descarta la otra. Lo más deficitario, lo que más los sorprende, por lo deficitario, es lo que tiene que ver con la llamada conexión local. Los fiscales sostienen que pueden haber venido terroristas del extranjero, pero que es indudable que una estructura local les dio apoyo. Y consideran que nunca se encaró en serio la investigación sobre eso.
Efectivamente, se trata de uno de los puntos que siempre se criticaron a Nisman: si el atentado fue cometido con una camioneta –como señaló el Tribunal Oral que evaluó el caso durante tres años–, hoy por hoy no se sabe dónde estuvo el vehículo los siete días anteriores al 18 de julio de 1994, dónde se cargaron los explosivos, de dónde salieron esos explosivos, quién condujo la camioneta, cómo entraron al país los supuestos terroristas, y otros interrogantes elementales.
Los fiscales tienen la idea de realizar un informe a fin de año. Sería una evaluación de las pruebas y de los elementos que hay en la investigación. Por ahora tienen la prioridad de prepararse para el juicio por encubrimiento.
Uno de los desafíos es tener pruebas sólidas con las que sostener las hipótesis. Por ejemplo, la base del informe Toma y la acusación de Nisman es que hubo una reunión en la ciudad santa de Irán, Mahshad, y que allí los máximos líderes persas resolvieron concretar el atentado. La reunión del gobierno de Irán fue pública, salió en los diarios, pero el dato de que allí se resolvió el atentado salió de arrepentidos opositores al gobierno de Teherán, cooptados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos o Alemania, ninguno de los cuales estaba en Irán en la época. Por lo tanto, como base de una acusación, tiene más la fuerza de un informe de inteligencia que de una prueba judicial. Y no es fácil recoger elementos a 21 años del atentado.
“La experiencia es que las burocracias dejan cosas por escrito –concluye Murray–. Esto significa que esperamos encontrar elementos de prueba. Se encontraron respecto de los crímenes de la dictadura y es muy probable que encontremos algo respecto de los actos terroristas. Insistimos en que necesitamos prueba judicial, porque de lo contrario, si en algún momento tenemos la chance de tener en indagatoria a los sospechosos, corremos el peligro de no tener evidencias suficientes y se decrete la falta de mérito, es decir que hay no hay elementos para un procesamiento. No queremos crear falsas expectativas, pero estamos trabajando en distintas hipótesis.”
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