Los secuestros en el Gran Buenos Aires son la punta de un iceberg temible, maciza amalgama de política y delito. El hombre de confianza de Duhalde, Quindimil y Rodríguez está procesado por obstruir la acción de la justicia, de modo que pudieran levantarse a tiempo aguantaderos y un laboratorio de drogas en las villas de Lomas de Zamora. En esa zona los territorios se disputan a punta de pistola 9 mm. Sin embargo, Claudio Smith está a cargo de la Dirección de Seguridad.
Por Horacio Verbitsky
En vísperas de un cacerolazo que se anunciaba masivo, luego del curioso hallazgo de un secuestrado bonaerense a pocas cuadras de la Casa Rosada y de la dramática carta de la familia de otro, el ministro de Justicia Gustavo Beliz, el jefe de gabinete Alberto Fernández y el presidente Néstor Kirchner emplazaron al liviano gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, sin contemplaciones: para impedir que la crisis de inseguridad tenga consecuencias políticas, debe avanzar sobre algunos de sus aliados y/o sostenedores. El ex Senador Eduardo Duhalde volvió a la Casa Rosada pero permaneció en silencio y se mostró sonriente junto a Kirchner en un acto cuya índole no hubiera requerido la presencia de ninguno de ellos: la construcción de una autopista en Lomas de Zamora, por donde corre la avenida Juan D. Perón, mejor conocida como Camino Negro. Buscado o no, el simbolismo es doble e inocultable. Por eso, los primeros que saltaron al cuello del ministro polirrubro Beliz fueron el presidente del justicialismo bonaerense e intendente de Lanús, Manuel Quindimil, y la diputada electa Hilda González de Duhalde, de Lomas de Zamora.
Como en la Década Infame, cuando mandaban el caudillo de Avellaneda Alberto Barceló y su hombre de confianza Juan Nicolás Ruggiero, el sur del Gran Buenos Aires es el escenario privilegiado de la colusión espuria entre política y delito, que Kirchner está resuelto a cortar. Pero hoy imperan allí nuevas formas de criminalidad, con participación policial en la fabricación y comercialización de sustancias psicotrópicas de venta prohibida por las autoridades sanitarias. Sólo faltó que protestara el ex intendente de Guernica y ex viceministro de inteligencia de la presidencia, Oscar Rodríguez, quien ha elegido un perfil aún más bajo que el habitual desde la detención de otro de sus protegidos, el comisario Alfredo Fanchiotti, quien había llegado a ganarse la admiración y el afecto de Solá. A todos ellos responde el comisario general Claudio Smith. Está procesado por entorpecer la acción de la justicia, en una causa en la que su deliberada dilación permitió que se evaporaran a tiempo dos bandas de secuestradores y asesinos y hasta un laboratorio para la elaboración de pasta base de cocaína. Sin embargo ocupa en forma interina la Dirección de Seguridad de la Policía de Buenos Aires, uno de los tres cargos que siguen al Subcoordinador General.
La droga
El 15 de octubre el semanario La Defensa, de Lanús, tituló su portada: “Una grave acusación pesa sobre Smith. El fiscal entiende que entorpeció la investigación sobre dos bandas de asesinos, secuestradores y narcos que asolan toda la región desde Lomas”. Ilustró la nota una foto de Smith, quien dejó la Jefatura Departamental de Lomas el año pasado, luego de la muerte dudosa de catorce policías, en lo que parecía una guerra de bandas. La primera de esas víctimas, en junio de 2000, fue el comisario retirado Alberto De Fiore, quien apareció en Lanús, atado, de rodillas y con varios disparos por la espalda. Junto a él, emanaba igual laconismo el cadáver del comerciante Miguel Angel Bustamante. De Fiore militaba en el justicialismo y ambos hombres proveían un elemento estratégico para los planes sociales al municipio de Lomas: chapas. Smith tuvo a su cargo la investigación y se declaró ofendido ante la hipótesis “de un ajuste de cuentas cuando se trata de un policía asesinado”.
En agosto del año pasado fue asesinado el jefe de la seccional octava de Lanús, comisario Jorge Echeverry. Luego de una larga persecución le encajaron catorce balazos, pero no le robaron la cadena de oro que llevaba en la muñeca. Al mes siguiente fue el turno del comisario Gustavo Di Giulio, jefe de la seccional de Llavallol, quien acompañaba a la viuda de Echeverry a cobrar su pensión. Entre seis y ocho hombres lo cercaron desde dos autos, en Luis Guillón. Cinco impactos de bala penetraron por su espalda y alrededor quedaron treinta vainas servidas, como en todos los demás casos del clásico calibre policial 9 milímetros. Un arrepentido que participó en el asesinato de Di Giulio busca ahora protección para su vida. “Nos dijeron que Di Giulio saldría del banco con 200.000 pesos y armamos una banda para hacérselos. Pero no había más que los 2000 de la pensión de Echeverry. Ahora me quieren poner a mí para que no hable”, dice.
De la Jefatura Departamental de Lomas, Smith pasó a la Dirección General de Operaciones Estratégicas. La nota del periódico regional informó que el fiscal de Lomas Carlos Arocena lo procesó por una “gravísima obstrucción”, al retardar 16 días “el facilitamiento de un helicóptero, lo que permitió a dos bandas lomenses levantar todos los aguantaderos que poseían en el norte de ese partido, que incluían un laboratorio de drogas”. Sobrino del desaparecido sindicalista Oscar Smith, el comisario es el hombre de confianza de Duhalde, quien designó a su padre, Santos Smith, Cacho, como intendente del Polideportivo de Olivos. Aún sigue allí. Según la crónica de La Defensa, Arocena investigaba a las bandas llamadas de García y de Torres, “que habían convertido a las villas de Fiorito, Budge, Albertina, en zona liberada a su albedrío. Están acusadas de al menos veinte homicidios, decenas de secuestros y del manejo y distribución de la droga en una parte importante de la región. Además ejercen un poder omnímodo sobre los residentes de las villas que dominan”. Añade La Defensa que “la región investigada es desde hace tiempo un paraíso de la distribución de drogas, que mezcla a punteros políticos con narcos y no se sabe quién es uno y quién es otro”.
Conocidos
Arocena fue empleado en el juzgado ante el que Smith estuvo procesado, por la llamada masacre de Villa Albertina, ocurrida el 17 de junio de 1985, donde el gatillo fácil acabó con la vida de tres personas. Arocena también participó en la investigación del asesinato del comisario De Fiore y su socio y fuentes judiciales dicen que no se llevó bien con Smith. Tal vez por eso, el fiscal de Cámara Alonso dispuso que Arocena se concentrara en la investigación de bandas. Así surgió la Investigación Penal Preparatoria 457.983, donde ambos hombres volvieron a cruzarse. Ese expediente contiene datos que precisan mejor el panorama descripto por el periódico regional. Aunque no parezcan, los nombres son reales y la secuencia cronológica es elocuente:
u Viernes 5 de septiembre: Arocena solicitó al comisario José Calicchio y al subcomisario Manuel Peccetto, de la División Homicidios, dependiente de Smith, que a un Cabo 1º que por su seguridad llamaremos “X” no le asignaran otra tarea, porque estaba trabajando en esa investigación. También ordenó una custodia discreta para varios testigos que colaboraban con la investigación, uno de ellos hermano de un asesinado por una banda.
u Domingo 7 de setiembre: el cabo 1º X no pudo continuar con la tarea porque lo destinaron como retén en la División de Homicidios, que funciona en el ex Pozo de Banfield.
u Lunes 8 de setiembre: el testigo que colaboraba con la investigación informó a la fiscalía que la custodia encubierta en su domicilio había sido detectada porque sus integrantes salían de la casa. El subcomisario Pecceto defendió a sus hombres. El les había indicado que “trataran de evitar el trato con las personas protegidas y quizás se fueron a comprar sus propios alimentos”, ya que la villa “era una mugre” y estaban “en condiciones infrahumanas y prácticamente conviviendo con gusanos” (sic). El fiscal Arocena pidió un helicóptero de la Base Aérea de la Jefatura Departamental de La Matanza. Antes de allanar se necesitaban otografías e imágenes en detalle de la zona comprendida entre las calles General Hornos, Martín Rodríguez, Avenida Presidente Perón (ex Camino Negro) y la Ribera del Riachuelo, donde “se levantan importantes cantidades de construcciones precarias con sistema de circulación interna a través de pasillos establecidos sin ningún tipo de contralor ni relevamiento catastral también a los cuales no se puede acceder con vehículos”. Luego de la solicitud verbal a la Dirección de Operaciones Estratégicas a cargo de Smith, el fiscal envió un fax con el pedido formal, en el que indicaba que personal de su dependencia dirigiría la toma de las imágenes. Pecceto comunicó que el vuelo estaba autorizado para las tres de la tarde.
u Martes 9 de setiembre: la División Homicidios notificó por escrito al cabo 1º X que debía presentarse de uniforme y cortarse el pelo, que le llegaba a los hombros. Esto le impidió continuar la investigación encubierta. También le aplicó un arresto de cinco días. Ante un reclamo del fiscal, el comisario Calicchio dijo que se había tratado de “un error”. Pecceto dijo que no se había podido realizar el vuelo fotográfico, porque el helicóptero tenía “un problema en el rotor”. Arocena se comunicó con la Brigada Aérea donde el subcomisario Dalto le dijo que los dos helicópteros estaban en buen estado de funcionamiento y sin problemas técnicos, que habían volado el día anterior y que “no había recibido ni tenía conocimiento de comunicación u oficio alguno requiriendo vuelo de fotografías e imágenes respecto de Villa Fiorito”. Cuando el fiscal le preguntó qué había pasado con el helicóptero, Calicchio le respondió que según Smith “tenía problemas con el rotor”. Luego se desdijo: él supuso los problemas, sin que Smith se lo hubiera dicho. Como enlace con la Unidad Funcional de Instrucción 12, Calicchio designó al subcomisario Julio Argentino Golpe.
u Jueves 11 de setiembre: Golpe informó a la fiscalía que no se habían podido tomar las fotos pedidas porque ninguna dependencia policial “contaba con dicho equipo”, por lo que Calicchio estaba gestionándolo ante la Fuerza Aérea. Explicó que los problemas técnicos del helicóptero podían solucionarse, pero que lo difícil era conseguir el equipo fotográfico. También comunicó que Smith pondría al cabo X a disposición de la UFI 12, pero no en comisión, como había pedido Arocena. El hombre clave de la investigación debía prestar servicios también en la Dirección de Homicidios, de la cual dependería.
u Viernes 12 de setiembre: El subcomisario Argañaraz, de la Brigada de La Matanza, informó que el helicóptero tenía instalado desde hacía tiempo el sistema de filmación cuadro por cuadro, que estaba en perfectas condiciones de funcionamiento y sólo necesitaba un casette común de VHS.
u Jueves 18 de setiembre: se realizó el vuelo fotográfico sobre la zona de Villa Fiorito. El testigo que llamaremos “CJ” declaró en la fiscalía que uno de los jefes de Homicidios, cuyo apellido le sonaba Volpe, trató de sacarle información. Le pidió que solicitara al fiscal el levantamiento de la custodia “porque necesitaba a la gente en la calle para trabajar” pero le recomendó que no mencionara esa sugerencia policial.
u Viernes 19 de setiembre: Golpe declaró que ni a él, ni a Pecceto ni a Callichio se les ocurrió informar al fiscal cuándo se tomarían las imágenes. Sin su dirección, las fotos fueron tardías e inútiles. Golpe dijo que suponía que la autorización final la habían dado Smith o el ministro de Seguridad, por entonces Juan Pablo Cafiero. Cuando Arocena anunció a Callichio que le tomaría declaración, el rudo jefe de Homicidios se descompuso y la diligencia se postergó.
u Lunes 22 de setiembre: Callichio negó haber gestionado medios de la Fuerza Aérea como había informado Golpe. Dijo que Smith le preguntó para qué causa era el pedido del helicóptero y al enterarse dijo que podría despegar una semana después de lo solicitado, es decir pasadas las elecciones.
u Miércoles 24 de setiembre: en el ministerio de Seguridad, Cafiero, el comisario general Eduardo Colaci y el jefe de la Dirección Aérea de la policía, comisario mayor Ayoroa, informaron al fiscal que entre el 7 y el 18 de setiembre los dos helicópteros con sus equipos de filmación habían estado en “plena capacidad de funcionamiento”. Cafiero le dijo que si lo pedía dentro de una causa judicial, se lo otorgaba “de inmediato”. Colaci sostuvo que una vez recibido el oficio, la Dirección de Operaciones Estratégicas debía girarlo al Centro de Operaciones Policiales. Arocena también obtuvo el Radiograma de Afectación del Helicóptero “H”, con todas sus constancias: el oficio judicial a Operaciones Estratégicas el lunes 8, que Smith recién giró a Operaciones Policiales nueve días después, con pedido de vuelo para el jueves 18.
u Viernes 26 de setiembre: la fiscalía verificó en el libro de “Vuelos solicitados y realizados” de la base aérea de La Matanza, que entre el 9 y el 11 de ese mes el móvil con equipo fotográfico no voló por falta de pedidos y que la única solicitud de la UFI 12 registrada fue la del 18 de setiembre.
u Viernes 3 de octubre: con todos estos antecedentes, Arocena imputó a Smith por “retardo injustificado de la prestación de un auxilio legalmente requerido por una autoridad civil” y “posible comisión de otros delitos de acción pública” y lo citó a declarar el martes 7. También notificó al recién designado ministro de Seguridad Juan José Alvarez, para que la dirección de Control de la Corrupción y Abuso Funcional del ministerio, sumariara a Smith.
u Martes 7 de octubre: Al presentarse a declarar en la UFI, Smith trajo un juego de huellas digitales. Pero Arocena se negó a aceptarlo y ordenó que le fueran tomadas en la Oficina de Registro de Detenidos de la Fiscalía de Cámara, donde también lo ficharon y le tomaron una fotografía. “Yo soy el dueño de 40.000 hombres y me están fichando”, dijo amenazante. Todo tipo de presiones, políticas y judiciales, se descargaron sobre Arocena. La más ominosa fue la del Procurador General Eduardo Matías De la Cruz, otro protegido de Duhalde al que Solá se ha resignado en silencio: “Ojalá tengas buenas razones para perseguir a un policía como éste”, le dijo. Smith se negó a declarar. El mismo día en que fue procesado, asumió de facto el segundo escalón en la policía provincial, sin designación formal. El sumario interno lleva el número 6185/1003, pero no ha avanzado ni un paso. Asesores del ministerio dicen que antes la justicia debe pronunciarse sobre la recusación de Smith al fiscal Arocena y la apelación de su procesamiento. Gracias a esta creativa subordinación de un expediente al otro, el hombre del Camino Negro ocupa nada menos que la Dirección de Seguridad de la fuerza armada más numerosa y temida del país.
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