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Contra un planteo del empresario Lázaro Báez, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvió que la investigación sobre supuestas irregularidades en contrataciones de hotelería de la empresa Hotesur (de la familia presidencial), que maneja el Hotel Alto Calafate, debe tramitar en los tribunales federales porteños, donde está a cargo del juez Daniel Rafecas, tras el desplazamiento del caso del juez Claudio Bonadio por parcialidad.
Báez, dueño de lo operadora turística Valle Mitre, investigada por el alquiler del Hotel Alto Calafate, había hecho una autodenuncia en Río Gallegos el 16 de diciembre de 2013 después de publicaciones en el diario La Nación. De allí surgía la posible investigación de maniobras societarias dudosas y otras como convenios de alojamiento confidenciales con empresas de Báez que acordaban pagar habitaciones por anticipado aunque no se ocuparan. El fallo de la Cámara señala que los posibles delitos eran “negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez analizaron que, si bien la presentación de Báez fue anterior a la causa que se abrió en el fuero federal porteño (donde la ahora candidata presidencial Margarita Stolbizer hizo la denuncia casi un año después, en noviembre de 2014), el juzgado de Río Gallegos no produjo ninguna medida probatoria. El expediente que tuvo Bonadio y ahora está a cargo de Rafecas “tal como es de público conocimiento se han llevado a cabo numerosas diligencias, cuyo resultado se encuentra a estudio de magistrado” y de la fiscalía. Son medidas, señalan, que si se trasladara la causa, se harían también. Ya el año pasado Bonadio hizo estruendosos allanamientos a oficinas de la familia Kirchner.
El fallo, para hablar de la jurisdicción, se adentra en una hipótesis y dice que aun cuando “el origen delictivo se puede haber producido en la provincia de Santa Cruz, las maniobras en su caso no habrían comenzado ni se ejecutaron íntegramente en tal territorio” y que “los delitos imputados revisten una modalidad compleja en la que existieron también celebración de convenios en otras jurisdicciones”. La Cámara desliza que es mejor que este tipo de maniobras sea analizado en la Justicia porteña para abarcarlas de manera completa.
La defensa de Hotesur argumentó que no hay maniobra compleja alguna: plantea que es habitual que los dueños de un hotel vendan las habitaciones a mayoristas u operadores turísticos. Ese es el negocio: ofrecer habitaciones en todo el mundo y ganar con la diferencia entre el precio al que la compran y el valor al que la venden.
En teoría, Hotesur le vendió a Valle Mitre la explotación del Hotel Alto Calafate por diez millones de pesos por dos años, 400 mil mensuales. Después, la conducción de Hotesur, a cargo de Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, alquiló el hotel a otra empresa, Idea SA (de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner), y lo que se cuestiona es por qué ahora se paga 100 mil pesos, mucho menos que antes.
Un pedido de Mercado fue lo que llevó al apartamiento del juez Bonadio, decidido por la Cámara Federal, por no guardar imparcialidad en el trámite del expediente. La semana pasada, Rafecas anuló una pericia contable que había encomendado su colega. La discusión sobre qué juez y dónde debe investigar todavía podría ser llevada a ante la Cámara de Casación Penal.
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