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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral resolvió ayer citar a indagatoria y prohibirles la salida del país a la madre y a la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman, a quienes podría procesar por su participación en una maniobra de lavado de dinero originado en actividades delictivas. La resolución, solicitada el jueves por el fiscal federal Juan Pedro Zoni, incluye también al técnico informático Diego Lagomarsino, titular a pedido de Nisman de una cuenta en el banco Merrill Lynch de Nueva York, y al financista Claudio Picón, acusados igual que Sara Garfunkel y Sandra Nisman de actuar como testaferros del ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, quien como funcionario público no podía legalmente dedicarse a hacer negocios ni realizar actividades distintas de su función de fiscal de la Nación. El juez dispuso además el embargo preventivo de todos los bienes de los acusados hasta cubrir 80 millones de pesos y congeló por tres meses todos sus “productos” bancarios. A primera hora, antes de dar a conocer su decisión, Canicoba Corral calificó el pedido del Ministerio Público Fiscal de “amplio” y “fundado”, informó que los cuatro imputados podrían ser procesados como “partícipes necesarios o coautores” del delito de lavado y advirtió que “hay varias cosas que hay que resolver con premura”.
La causa por violación de normas bancarias y lavado de dinero se abrió por impulso de la Unidad de Información Financiera (UIF) luego de la muerte de Nisman. El puntapié inicial lo dio la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex pareja y madre de las hijas de Nisman, al revelar la existencia de la cuenta en Nueva York con más de 600 mil dólares de transferencias a nombre de su ex suegra, su ex cuñada y de Lagomarsino, uno de los empleados mejor remunerados del Ministerio Público y quien le prestó la pistola Bersa con la que todo indica que Nisman se quitó la vida en su departamento de la torre Le Parc, según las evidencias acumuladas por la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini. Entre los depositantes figuran los empresarios Damián Stefanini, quien permanece desaparecido desde el 17 de octubre de 2014, y Picón, a quienes el juez caracterizó ayer como “gente que anda en actividades financieras raras, que por ahí pueden justificar algún dinero en el origen y no en el pago”.
El fiscal Zoni consideró probada “la existencia de distintos bienes y fondos, que a pesar de aparecer vinculados a distintas personas que actuaron como testaferros, en realidad eran propiedad de Natalio Alberto Nisman”. Los montos en juego eran “exorbitantes para el perfil patrimonial del nombrado”, advirtió. Los bienes son la cuenta en el Merrill Lynch, tres chacras en Uruguay, una camioneta Audi Q3 y un fideicomiso en la calle Dorrego 1771 de Capital Federal. Los cuatro familiares y allegados a Nisman habrían “ejecutado conductas con el fin de ocultar la verdadera titularidad de fondos y bienes”. De esa manera, introdujeron “fondos de origen espurio en el circuito legal”, explicó.
La cuenta bancaria recibió cerca de 600 mil dólares en transferencias “sobre las que no se pudo establecer el propósito comercial”, señaló el fiscal. Para figurar como apoderado, Nisman usó un domicilio registrado en Miami, omitió declarar su condición de funcionario público, que lo convertía en “persona políticamente expuesta”, y se hizo pasar por abogado en actividad. Lagomarsino admitió en un reportaje que el fiscal le pidió que figurara en su lugar. Los tres lotes en Chacras de Manantiales, en Uruguay, figuran a nombre de Sara Garfunkel, que pagó 288 mil dólares, cuando según los datos de la AFIP había tenido ingresos anuales por 58 mil pesos. La madre de Nisman también figura como compradora de dos departamentos con cocheras en un fideicomiso en Dorrego 1771. Hasta enero último realizó pagos por un millón doscientos ocho mil pesos. Tras el fallecimiento de Nisman, se dejaron de pagar las cuotas. El Audi Q3 en el que se movía Nisman, que tuvo un precio de venta de 369.740 pesos, está a nombre de la empresa Palermopack S.A., presidida por Picón, el financista que aparece haciendo depósitos en el Merrill Lynch y que intervino en el fideicomiso de uno de los departamentos de la calle Dorrego.
“El escrito (del fiscal) está fundado en las pruebas del proceso”, señaló Canicoba Corral a primera hora, y anunció que “probablemente haga lugar” al pedido del fiscal, que calificó de “amplio” y “fundado”. “Lo estoy estudiando, lo voy a resolver hoy mismo porque hay varias cosas que hay que resolver con premura”, anticipó. Explicó que la imputación es “por lavado y otras hipótesis delictivas que se irán viendo”, mencionó el “enriquecimiento ilícito” y destacó que “si bien el fiscal (Nisman) ya ha fallecido, la acción penal podría enderezarse respecto de los que hayan sido partícipes necesarios o coautores”. El magistrado explicó que los tiempos de la causa se aceleraron debido a que en Estados Unidos se realizaba una investigación paralela porque “les llamaron la atención los movimientos en esa cuenta de la familia”.
Según la resolución del juez, la primera imputada que deberá prestar declaración indagatoria en los tribunales de Retiro será la hermana del fiscal, Sandra Nisman, convocada para el martes 8 de septiembre. Un día después está citado Lagomarsino. Sara Garfunkel debe declarar el viernes 11 y Picón, el martes 15 de septiembre. Tal como pidió el fiscal Zoni, Canicoba Corral ordenó embargos preventivos sobre los bienes personales de todos los imputados hasta cubrir la suma de 80 millones de pesos. El listado incluye la cuenta en el banco Merrill Lynch, los tres lotes en Uruguay, el Audi que usaban Nisman, una camioneta Ranger de Lagomarsino, dos departamentos de Sandra Nisman y un Honda Civil inscripto a nombre de Sara Garfunkel. En relación con el fideicomiso llamado “Dorrego 1771”, en el que Garfunkel figura como propietaria de dos departamentos en construcción, el juez dispuso una medida de no innovar que impide su venta o alquiler. Al empresario Picón, dueño de la empresa Palermopack, le embargó una cuenta en el Bank of América de Miami y le intervino la compañía. El juez dio intervención en la causa a peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia y comunicó la prohibición de salir del país de los cuatro imputados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Dirección de Migraciones.
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