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Los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia en la época en que investigaban el atentado a la AMIA.Los ex fiscales que instruyeron los primeros años de investigación sobre el atentado a la AMIA, Eamon Müllen y José Barbaccia, y el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, rechazaron ser responsables de los delitos de los que están acusados, junto a otra decena de ex funcionarios, ex policías y ex dirigentes de la comunidad judía, en el juicio por el encubrimiento de la explosión que dejó, hace 21 años, 85 muertos y más de 100 heridos.
La mayoría de los acusados convocados ayer por el TOF 3 accedió a extender sus versiones de los hechos que se les imputan en el marco del debate oral. Solo callaron dos. El ex comisario Carlos Castañeda se negó a declarar. Tampoco lo hizo el ex dirigente de la ex SIDE Juan Carlos Anchézar, pero por estar físicamente ausente. Su defensa planteó que su estado de salud “no ha variado desde la última audiencia”, que se realizó la semana pasada, a la que tampoco había asistido. Anchézar, de 83 años, sufre “graves problemas cardíacos”, “episodios de taquicardia” y “un cuadro agudo de depresión”, citó su defensor, quien solicitó, en ese sentido, que su indagatoria sea aplazada. Ana Boragni, ex esposa del reducidor de autos Carlos Telleldín, también estuvo ausente ayer. Su defensor informó que la mujer permanece en tratamiento oncológico por un cáncer de cuello de útero. Las sesiones de radioterapia las recibe todos los días en horario de la audiencia del juicio oral que afronta como imputada por haber recibido parte de los 400 mil dólares que cobró Telleldín por cambiar su versión de los hechos respecto del atentado a pedido de Galeano.
El Fino Palacios fue el primero en acceder a hablar delante de las seis querellas –las tres que representan a familiares de víctimas del atentado, la que encabeza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una más en nombre de AMIA y DAIA y la que encabeza Juan José Ribelli, uno de los ex policías bonaerenses que estuvieron procesados, imputados y detenidos, algunos más de un lustro– por ser considerados la “conexión local” del atentado. Su objetivo, señaló, fue el de “clarificar el delito” que se le imputa: haber fraguado los allanamientos en los domicilios de la familia Kanoore Edul en el barrio porteño de Constitución y de haber sustraído cassettes con escuchas a los teléfonos del argentino de origen sirio y de su hijo, por quienes, en algún momento, pasó la investigación del atentado a la AMIA.
Palacios echó culpas de su “injusta” imputación al fiscal Alberto Nisman, quien hasta su fallecimiento estuvo a cargo de la unidad fiscal especial destinada al atentado a la mutual judía y uno de los encargados de elaborar la elevación al proceso oral en curso. Mencionó que Nisman trabajaba en el mismo espacio que él, cuando entonces era titular de la División de Operaciones Federales de Drogas peligrosas de la Policía Federal, que “conocía nuestro trabajo” y que le resulta “muy extraño que le haya llamado la atención lo que ocurrió en los allanamientos de Constitución 11 años después de haber ocurrido”. Luego del juicio oral escandaloso que culminó con la absolución del ex comisario Juan José Ribelli y otros ex policías bonaerenses, la supuesta “conexión local” del atentado, y anuló la investigación desarrollada hasta el momento para esclarecer los hechos, Palacios contó que “Nisman se mudó de oficina y se dedicó a trabajar solo con los servicios de inteligencia”.
Müllen y Barbaccia también rechazaron los cargos en su contra. Su estrategia consistió en sostener la investigación que desarrollaron al frente de la fiscalía federal 9, que culminó con las acusaciones contra los ex policías bonaerenses y que desde hace más de una década fue anulada por la propia Justicia. Esa decisión, emanada por el Tribunal Oral Federal número tres que dirigió el primer juicio que evaluó las responsabilidades en la voladura de la sede mutual judía, fue denostada por Müllen y Barbaccia.
Müllen fue el primer ex fiscal en hablar ante el TOF 3, en esta ocasión, como imputado. A su turno, Barbaccia agregó algunas consideraciones en la misma línea. En este debate deben responder por sus acciones durante aquella instrucción: la privación ilegal de la libertad de ex policías bonaerenses de la “conexión local” de la explosión, su participación en el pago de 400 dólares a Carlos Telleldín para que cambie su versión de los hechos e implique a los bonaerenses en el atentado y la coacción a una testigo de entonces, Miriam Salinas.
“Seguramente pude haber cometido errores, pero soy absolutamente ajeno a los delitos que se me imputan”, advirtió Müllen. El y su colega repasaron con detalle los hitos curriculares que los llevaron a ser fiscales federales y, en ese sentido, Barbaccia señaló que la investigación sobre el atentado fue “la más importante” de toda su carrera.
Müllen detalló pormenores personales de aquel 18 de julio de 1994 en el que se enteró de la voladura desde un bar en Mar del Plata, cuando vio a través de la televisión al ex juez Juan José Galeano recorriendo los escombros. Algunas horas después llegó él a Pasteur al 600. Lloró al recordarlo. Barbaccia desmintió los hechos que se le imputan desde el enojo.
Ambos coincidieron que no supieron del pago de 400 mil dólares a Telleldín hasta el encuentro con la Comisión Bicameral de seguimiento del caso judicial sobre el atentado, que luego ratificaron agentes de la ex SIDE durante el anterior debate oral. Sobre este punto, Müllen aseguró que siempre creyó que el pago “se realizó en el marco de una operación de inteligencia legítima”.
En cuanto a las detenciones dictadas contra Ribelli y los otros ex bonaerenses en el marco de la investigación sobre la voladura, cada uno a su turno y con argumentos similares defendieron sus actuaciones. “Estaban fundadas” no solo por el testimonio de Telleldín, a quien calificó como “un mentiroso que entre todas sus mentiras dice algunas verdades”, sino también por otras pruebas, consideró Müllen. “Para nosotros estaban adentro de la investigación mucho antes de la declaración de Telleldín de julio de 1996 (aquella en la que formalmente los acusó), lo estuvieron desde el día en que el allanamiento a la casa de Telleldín los encontró allí a Mario Barreiro y Raúl Ibarra –dos de los ex bonaerenses implicados en la ‘conexión local’–, desde que supimos que Anastasio Leal –el otro bonaerense, además de Ribelli– lo llamó al dueño de la Traffic”, puntualizó Barbaccia. “No había orfandad probatoria para acusar a los policías bonaerense”, culminó Müllen, quien además, denunció que “aquellos organismos que nos tenían que proveer información eran los que nos operaban y nos daban pistas falsas” y destacó: “El Poder Ejecutivo representado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el debate actual toma como prueba en nuestra contra declaraciones de (el ex agente de inteligencia Antonio) Stiusso quien está procesado por encubrir el atentado”.
Volvió a Ribelli y cía para cerrar su declaración: “Aún estoy convencido de que en esta sala de audiencias se encuentra la conexión local del atentado más cruel que sufrió la Argentina. Me considero totalmente ajeno a los hechos que se me imputan”. Barbaccia, luego, repitió la frase textual.
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