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Un edificio de siete pisos que combina ladrillo a la vista, pequeños azulejos cuadrados blancos, plantas solitarias y franjas de vidrios espejados, concentra el enigmático mundo de las escuchas telefónicas. Hasta hace dos meses dominado por una vieja estructura de la Secretaría de Inteligencia que llevaba la impronta de Antonio Stiuso, conocida como la “Ojota”, ahora pasó a manos del Ministerio Público Fiscal. En julio, no bien se produjo el traspaso, había 3621 líneas telefónicas intervenidas por orden judicial. Cuando los funcionarios recién llegados empezaron a mirarlas en detalle, se toparon con un escenario caótico y descontrolado, con intervenciones de más de diez años y algunas que incluso seguían activas en causas judiciales ya cerradas. “A ese muchacho lo escuché crecer, desde la primera novia, hasta que consiguió trabajo y se fue de la casa”, relató a sus nuevos jefes con un toque emotivo, uno de los agentes escuchadores que pasó más de quince años oyendo el devenir de la vida del hijo de un sospechoso.
La ex Ojota u Oficina de Observaciones Judiciales de la antigua SIDE, hoy está a cargo de la fiscal Cristina Caamaño –quien investigó el asesinato de Mariano Ferreyra– y se llama Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom). Así se lee en un cartel en la entrada justo al lado de la puerta principal de madera clara y tiradores dorados. El cartel molesta a los viejos espías, que preferirían que no se sepa lo que hay allí. La fachada anticipa el estilo retro, noventista, de las dependencias que están en mejor estado. Tienen alfombras amarronadas, algunas con estampado cuadrillé gris, sillas mullidas de cuerina verde y cortinas americanas verticales en la misma gama. Por fuera, el edifico de Avenida de los Incas 3834, en Belgrano, parece de departamentos. Por dentro está lleno de pasillos laberínticos, desniveles, paredes de durlock, sectores en refacción y pisos de goma gastada.
Su transferencia a la Procuración General fue producto de la reforma de Inteligencia que comenzó con el descabezamiento de la central de espías en diciembre pasado y la promulgación de una nueva ley en marzo. Implica un cambio rotundo en las prácticas, las concepciones y el reparto de poder, tanto investigativo como político, y la posibilidad de destruir grandes negocios ilegales. Por eso resulta irritante y despertó toda clase de reacciones disparatadas, como la denuncia del diputado porteño Gustavo Vera, acompañado por el dirigente judicial Julio Piumato, que le atribuye a Caamaño el manejo de un aparato de “escuchas ilegales” que dicen que actuó sobre la ONG La Alameda, sobre lo que hasta ahora no dieron ninguna demostración concreta.
La fiscal, además de contestar que es “una gran mentira”, aclaró con espíritu docente que el organismo sólo realiza y graba las escuchas ordenadas por jueces (o por fiscales ante secuestros extorsivos), que la conexión la realizan las empresas de telefonía y que las tareas de inteligencia corren por cuenta de la Agencia Federal (AFI). Así es el mecanismo actual. El desembarco de una nueva gestión también desenmascara el desorden y las irregularidades instaladas por décadas.
El circuito para concretar una escucha tiene su costado burocrático. Hay una oficina específica que solo se dedica a recibir “faxes” con pedidos de interceptación de llamadas firmados por jueces de distintos punto del país. En ese despacho, donde los escritorios están uno pegado al otro, suena fuerte la música latina y circula un mate. Los que están sentados allí son empleados administrativos, que por el solo hecho de ser personal de ex SIDE (hoy Agencia Federal de Inteligencia) tienen doble identidad. Nadie sabe cuál es su nombre real, ni siquiera si lo usan alguna vez. Uno los ve ahí, y son gente común y corriente. Del otro lado del pasillo está la “oficina de validación”, que es la que corrige las órdenes de escucha y chequea, por ejemplo, que los números de teléfono que serán intervenidos sean los que el juez o jueza pidió.
Ese control, que refuerza la propia Caamaño con un último vistazo, tiene su importancia si se tiene en cuenta que los empleados de antaño cuentan como algo natural que hasta no hace mucho se vendían pinchaduras telefónicas: diez mil pesos con transcripción y ocho mil sólo el audio. ¿Quiere saber si su pareja es infiel? ¿Si su socio lo traiciona? ¿Qué hace su oponente político? Bastaba con introducir en el listado un número ajeno a la investigación. Así se hicieron las famosas escuchas al parapsicólogo cuñado de Mauricio Macri y a Sergio Burstein, que retiraba ahí en la Ojota el espía Ciro James.
Detrás de la puerta que dice Unidad de Escucha Directa, hay una sala con más de una decena de computadoras dispuestas en ronda, cada una con un par de auriculares. Una pizarra a lo ancho de una pared contiene la descripción ordenada, en letras de moldes, de secuestros extorsivos y otras privaciones ilegales de la libertad (por ejemplo a través de la trata de personas) que son seguidos desde allí minuto a minuto. En este lugar hay momentos donde no pasa nada hasta que de repente, quienes están ahí escuchando tienen en sus manos la vida de una persona capturada. El pico de secuestros extorsivos suele producirse de jueves a domingo y es una de las actividades que más preocupa a la Dicom. Caamaño cuenta que en los primeros días advirtió que concretar una interceptación telefónica podía llegar a demorar en promedio una hora y cuarenta minutos. Un tiempo sideral en casos que requieren una respuesta urgente. El problema, dice, son los obstáculos que ponen las empresas prestatarias que deben realizar la conexión. “A ellas no les interesa si hay una persona secuestrada, sólo quieren facturar, pero no importa la urgencia. Nos hemos encontrado con que nos dicen: ‘no te puedo enchufar a la vez la línea de la casa y el celular porque no tengo gente’. O demoran en especificarnos las celdas, que es lo que nos permite establecer dónde está un celular”, explica.
Luego pone ejemplos. Hace poco casi le cortan los dedos a un hombre delante de las narices de los investigadores. En otro caso, un secuestrado logró bajarse de un auto pero quedó su hijo de tres años adentro, con los secuestradores al volante, y por la demora estuvieron a punto de perderle el rastro. Al final apareció en Camino Negro. No son pocos, dice, los casos donde quienes alertan a los secuestradores son los propios policías que intervienen. Algunos han sido denunciados.
Este tipo de escuchas ya no las hace el personal de Inteligencia sino del Ministerio Público Fiscal. Caamaño dice que en dos meses de trabajo, a fuerza de conversaciones con las prestatarias y la incorporación de nuevos agentes, logró reducir el tiempo de conexión en los casos de secuestro extorsivo a veintitrés minutos. En general, en cualquier trámite de intervención telefónica, la reducción fue de un veinte por ciento.
De las 200 personas que trabajaban en la ex Ojota, 40 pertenecen al ministerio y el resto empleados y espías que quedaron en comisión y pertenecen a la estructura de la actual AFI. Entre quienes se jubilaron, hay una mujer ya entrada en años, de aspecto tierno, que en los últimos tiempos repartía galletitas caseras entre el personal mientras que en los años setenta marcaba gente en las villas. Sus últimas tareas las desarrolló en el sector donde se ensobran los CD en los que se graban las escuchas. También fue “invitado” a retirarse un histórico agente, temido puertas adentro desde que se enfureció con un empleado y lo dejó encerrado dos días en un baño. Caamaño afirma que no queda nadie vinculado a Stiuso.
En un piso intermedio el techo es bajo, los pasillos angostos y casi no entra la luz natural. La luz artificial que emana de los artefactos cromados satura la vista. Las paredes están recién pintadas de blanco. En un rincón quedaron amontonados los bidones de lavandina que se usaron para eliminar el olor nauseabundo que encontró el equipo de Caamaño al llegar, propio de un lugar donde trabajan muchas personas apiñadas, por muchas horas, y donde ante la falta de limpieza se mezclan el encierro, la transpiración y los restos de comida. Es el sector de los llamados “locutorios”. Cada puerta tiene un número azul y blanco, y el picaporte flojo. Lo que hay dentro es realmente equiparable a un locutorio, con cinco o seis cubículos estrechos en cada habitación y “escuchadores” sentados frente a una computadora con un par de auriculares.
Los agentes que trabajan en esta zona pertenecen a distintas fuerzas de seguridad, en especial Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Son enviados para trabajar en expedientes específicos por algún juzgado. Pasan muchas horas allí escuchando. Hay varones y mujeres, ninguno uniformado. Siguen pistas puntuales, deben estar atentos, toman notas. Algunos tienen turnos 24 horas. Por eso, en un sector más abierto e iluminado ahora les pusieron un futton para descansar.
Son 27 las cabinas. Desde cada una se pueden escuchar cien líneas telefónicas. Lo habitual es que los jueces pidan tres o cuatro escuchas a la vez.
Lo nuevo y lo obsoleto
En el Dicom esperan con ansiedad una reunión este martes con la empresa Invap y con Arsat con miras a lograr un salto tecnológico. Así como las comunicaciones y notificaciones todavía las reciben por fax, que las grabaciones se hagan en CD no sólo es una antigüedad, sino que ha generado problemas como el robo de escuchas tras el ataque al vehículo que las transportaba por una causa de narcotráfico. En las provincias, las “concentraciones” (delegaciones de Dicom) también graban con métodos obsoletos: cuatro de ellas en CD y veinte en casetes.
Con el sistema actual de registro de escuchas, Dicom graba un promedio de 3000 CDs por día con conversaciones telefónicas a pedido de los jueces. Algunos son entregados de inmediato. Otros quedan en el edificio de Avenida de los Incas, a veces olvidados. Caamaño firma un promedio de 400 oficios diarios. Desde julio se registraron 2179 requerimientos de intervenciones telefónicas. La mayoría (49 por ciento) son conexiones nuevas pedidas en un 57 por ciento de los casos por la justicia federal. Entre las pinchaduras que están vigentes, 2400 se originan en causas de narcotráfico. Le siguen, en menor proporción, los secuestros y privaciones ilegales de la libertad, averiguación de paradero, delitos aduaneros, trata de personas, extorsión, infracción a la ley de marcas y delitos tributarios. Pero hay una franja de 1250 casos que no identifican el motivo de la escucha. De todo el paquete, el 85 por ciento de las líneas escuchadas son celulares.
De las 3621 líneas que se hallaron conectadas en julio, unas 170 habían sido ordenadas “sin término”, es decir, que la escucha continúa hasta que el juez diga otra cosa. Algunas corresponden a expedientes que ya fueron cerrados. Una de las más viejas se remonta a 2002. “Ninguna escucha puede durar tanto tiempo”, afirma Caamaño.
Su despacho es un confortable departamento alfombrado, con terraza, plantas y una sofisticada parrilla a la que se suma un asador en cruz que montó, al parecer, el titular en la época del menemismo Carlos Lavié. En la bacha del baño el agua cae por un cuello de cisne dorado. El ambiente principal tiene luces graduables con dimmer y un equipo de audio JVC con doble casetera. Al lado hay un dormitorio con cama y una enorme caja fuerte. Entre los símbolos de vieja opulencia la fiscal intenta poner su impronta: una foto con Fidel Castro, otra con Raúl Zaffaroni, otra de Salvador Allende y el discurso de despedida y un cuadrito con el logo del Ministerio Público que dice “Fiscales al servicio de la sociedad”. Todo el edificio está lleno de esos cuadritos que insisten: “una justicia más cerca de la comunidad”, “más cerca del pueblo”.
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