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El Senado dio media sanción ayer a la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee). El proyecto establece que las acciones que el Estado argentino posee en las compañías privadas son de “interés público”. Además, en caso de proponer su venta, será necesario conseguir la autorización del Congreso Nacional por los votos de los dos tercios de sus miembros. La UCR, el PRO, el peronismo federal y otros bloques sumaron 22 votos en contra mientras que el FpV y sus aliados alcanzaron 39. “Los argentinos construimos a lo largo del siglo veinte un enorme patrimonio estatal, un capital que era un orgullo para todos, que fue destruido por la dictadura y luego malvendido en los ‘90. Lo que estamos haciendo es proteger las participaciones que tenemos, no un gobierno, sino el conjunto de los argentinos”, afirmó el senador Juan Manuel Abal Medina. El tema pasa ahora a Diputados.
La iniciativa enviada por la presidenta Cristina Fernández había obtenido dictamen de comisión luego de la presencia en la Cámara alta del titular de la Anses, Diego Bossio, y del ministro de Economía, Axel Kicillof. El proyecto crea un organismo autárquico que tendrá un directorio de cinco miembros. Su presidente será el titular de la Anses y los restantes integrantes serán el ministro de Economía, un funcionario a designar en representación del Poder Ejecutivo y dos directores designados por una comisión bicameral creada por esta misma ley. La bicameral estará compuesta por 8 senadores y 8 diputados, en función de la distribución proporcional de las fuerzas parlamentarias. Los directores duran cuatro años en el cargo, con posibilidad de una reelección.
“Estamos creando una agencia de colocaciones para un grupo interno del oficialismo que se va a quedar con una cuota de poder importante, a 10 días de irse del gobierno”, disparó el senador Adolfo Rodríguez Saá, machacando con una de las habituales críticas opositoras. Desde el kirchnerismo aclararon que es el presidente quien designa tanto al titular de la Anses como al ministro de Economía y que ambos podrán ser reemplazados por el próximo mandatario. Un caso similar ocurre con el director designado directamente por el Ejecutivo y en cuanto a los representantes legislativos, cambiarán en caso de que se modifique la composición parlamentaria.
La Anpee tendrá además un consejo consultivo, que asesorará al directorio y cuyas resoluciones no serán vinculantes. Estará compuesto por un representante de la Anses, uno de la cartera económica, otro de la de Industria y un cuarto de la CGT. Este último integrante fue incorporado a través de una modificación informada en el recinto.
Una de las pocas senadoras opositoras que no desvió su atención del proyecto fue Liliana Negre de Alonso, quien consideró que la “inmovilidad” de las acciones estatales “implica indudablemente una baja en su cotización”. La legisladora sostuvo que la demora que podría requerir el trámite parlamentario para su venta podría implicar un perjuicio “ante la velocidad del mercado de valores”. La respuesta corrió por parte del kirchnerista Rodolfo Urtubey, quien replicó que para el Estado esas acciones “no son objeto de especulación” como puede suceder con actores privados.
Más allá de las agresiones del senador radical Mario Cimadevilla (habló del “cinismo” de Kicillof y afirmó que “algún tipo de psicopatía tiene que tener”) el discurso más encendido fue el de Fernando “Pino” Solanas. El líder de Proyecto Sur habló de subsidios estatales a las “grandes petroleras” por 8 mil millones de dólares y acusó al oficialismo de tener entre sus filas “al guillotinero del patrimonio público”, el ex presidente Carlos Menem. En verdad el ex presidente no integra el bloque del FpV, pero actuó en sintonía con las necesidades del oficialismo en circunstancias puntuales. Acalorado, mientras zarandeaba un smartphone blanco en su mano, Solanas se quejó del funcionamiento de las empresas telefónicas, que Abal Medina había mencionado anteriormente. El ex jefe de Gabinete las mencionó para señalar cómo, a diferencia del desguace que sufrió Entel en Argentina, hoy es un sector que funciona correctamente bajo gestión estatal, apenas cruzando el río, en Uruguay. “Es una vergüenza ¡carajo!”, exclamó el senador opositor.
Más allá de esas desviaciones, al momento del cierre, el jefe del bloque oficialista Miguel Pichetto reivindicó el proceso de estatización de las AFJP, que permitió la incorporación para el Estado de acciones en 44 empresas, y la colocación de directores en 27. “Tenemos el mejor sistema previsional de Latinoamérica. Lo hemos contenido y hemos preservado el fondo de garantía de sustentabilidad”, aseguró el senador por Río Negro al terminar el debate.
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