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El kirchnerismo y sus aliados lograron ayer establecer una fuerte protección a las acciones que tiene el Estado nacional en empresas privadas. Lo hicieron al convertir en ley el proyecto que crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee). La iniciativa establece, entre otras cuestiones, que para vender esos bienes se necesitará la autorización del Congreso, con los votos de dos tercios de los miembros de cada Cámara. “Hasta ahora estos activos se concebían como activos financieros que dejaban una renta o un dividendo. En esta nueva concepción deja de ser un activo financiero para convertirse en un activo específico del Estado”, aseguró ayer el diputado Roberto Feletti, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Desde la oposición, en cambio, centraron sus críticas en la mayoría calificada exigida por la nueva ley y calificaron al nuevo organismo como una “agencia de colocaciones” del oficialismo, a poco de terminar el mandato presidencial. La norma se aprobó por 127 votos a favor y 84 en contra, con cinco abstenciones.
A poco más de un mes del anuncio por parte de la presidenta Cristina Fernández, el Frente para la Victoria consiguió convertir en ley el proyecto para resguardar los activos estatales obtenidos tras la estatización de las AFJP, en 2008. El ministro de Economía, Axel Kicillof y el titular de la Anses, Diego Bossio, asistieron tanto al Senado como a Diputados para explicar sus fundamentos. Según el texto de la ley, el nuevo organismo reemplazará a lo que hoy funciona como la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado (Dnepe), dependiente de la cartera económica. Tendrá un directorio de cinco miembros, presidido por el jefe de la Anses. Los restantes cuatro integrantes serán el ministro de Economía, un funcionario a designar por el Poder Ejecutivo y dos representantes de la comisión bicameral creada ad hoc. Esta comisión ejercerá el control y seguimiento del organismo y estará compuesta por ocho diputados y ocho senadores.
“Esto es mucho más que una iniciativa con una mera impronta defensiva, porque la agencia además constituye un espacio idóneo para asegurar racionalidad y coherencia a la actividad desplegada por los representantes del Estado en las empresas en las que éste tiene participación”, aseguró el diputado kirchnerista Martín Gill. La agencia contará con un Consejo Consultivo, compuesto por un representante del ministerio de Economía, otro del de Industria, uno de la Anses y por último un representante de la CGT. Entre sus atribuciones está la de convocar anualmente a los integrantes del directorio de la Anpee para recibir un informe pormenorizado del estado accionario.
Según informaron Kicillof y Bossio en el Congreso, actualmente el Estado posee participación en 44 empresas privadas y colocó directores en 27 de ellas. Se trata de un capital de 63 mil millones de pesos, que obtuvo un crecimiento del 736 por ciento desde su pase al Estado.
Opositores como Martín Lousteau (Sumá+) y Federico Sturzenegger (PRO) coincidieron en considerar inconveniente que se necesite la aprobación por parte del Congreso para desprenderse de esas acciones, especialmente con una mayoría agravada como los dos tercios. “¿Inmovilizando, se protegen los activos estatales? El Estado puede ser gigante pero si se mueve como un caracol no sirve de nada”, señaló el ex ministro de Economía. “El proyecto virtualmente congela un pedazo de su cartera. No hay razón para afirmar que así se proteja el valor de los activos. Este proyecto exige a quienes gestionan la cartera de inversiones ‘avisen’ si van a vender los activos. Eso impactará en el precio de venta y perjudica la gestión”, sostuvo el economista macrista.
Uno de los responsables de salir al cruce de las críticas opositoras fue el diputado, Pablo Kosiner: “Existen sectores en este país que creen que es más importante la dinámica del negocio del sector privado que proteger el patrimonio de todos los argentinos. Este proyecto de ley está dirigido a proteger no a un directorio en especial, ni a una empresa en especial, sino a la decisión estratégica de un Estado que quiere tener incidencia en todas y cada una de aquellas empresas donde tiene acciones”, sentenció.
Para el radical Oscar Aguad, el objetivo de la norma es “crear empleo”, buscar “un lugar para dejar funcionario por cuatro años”. En verdad, se establece que los directores de la Anpee duran cuatro años en sus funciones, pero pueden cambiar de acuerdo a los movimientos políticos. Si el próximo presidente cambia tanto al Director Ejecutivo de la Anses, como al ministro de Economía, estos nuevos funcionarios pasarían ineludiblemente a formar parte del directorio. Lo mismo puede suceder con el funcionario a designar por el Poder Ejecutivo, mientras que los dos representantes de la comisión bicameral también podrían variar si se modifica la relación de fuerzas en el parlamento.
Otros diputados como la candidata presidencial de Progresistas, Margarita Stolbizer consideraron “inconstitucional” el proyecto, ya que establece un requisito de dos tercios para enajenar esas acciones cuando la ley que lo implementa se aprueba por mayoría simple. En el oficialismo recordaron, en cambio, que existen otras leyes similares como por ejemplo, la que recuperó la petrolera YPF, cuyas acciones también están protegidas con el mismo criterio.
La sanción de la ley se logró con el apoyo del Frente para la Victoria (FpV) y sus aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, Partido Solidario Si y el Movimiento Popular Neuquino. “Este Proyecto no puede ser considerado de forma aislada. Constituye una clara continuación de las medidas implementadas primero por Néstor Kirchner y luego por Cristina Fernández. Un proceso que duplicó la cantidad de beneficiarios y que nos permite poder decir que tenemos la cobertura más alta de Latinoamérica”, sostuvo Juan Carlos Junio, del Partido Solidario SI.
La mayoría de los bloques opositores se pronunciaron en contra de la ley, en tanto que se abstuvieron los diputados Víctor De Gennaro y Antonio Riestra, del bloque Unidad Popular; y de Nicolás Del Caño, Miriam Bregman y Pablo López, del Frente de Izquierda. Según el candidato presidencial del FIT: “El Gobierno quiere hacer pasar este proyecto como la defensa de los intereses populares cuando es la asociación con los negocios de los privados”.
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