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En el tramo final de la campaña, Mauricio Macri busca instalarse como el campeón de la lucha contra las drogas. ¿Estrategia electoral, convicción o ambas cosas al mismo tiempo? Una ayudita clave para responder es que el candidato de Cambiemos cita como autoridad en la materia al ex presidente de Colombia Alvaro Uribe. No es una persona cualquiera. En la última semana Uribe se transformó en el político más retrógrado de la región cuando calificó de “golpe de Estado a la democracia” el acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC para cerrar nada menos que la guerra civil más antigua de América latina.
Consultado por Radio Mitre, Macri dijo que ya como diputado valoraba las conversaciones con Uribe, cuando el colombiano le decía que los carteles llegarían a la Argentina. Macri fue diputado hasta 2007, cuando ganó las elecciones para su primer mandato como jefe de Gobierno. Uribe fue presidente de agosto de 2002 a agosto de 2010. Entre 2002 y 2007 Uribe no sólo fue el mandatario que arregló el mayor nivel de ayuda militar estadounidense luego de Israel y Egipto y llevó al paroxismo el despliegue de los paramilitares que aumentó aún más los muertos y los campesinos desplazados. En la Cumbre de Mar del Plata de 2005, por ejemplo, actuó como uno de los defensores de la propuesta de Washington para formar un Area de Libre Comercio de las Américas.
En un candidato cada cita de un personaje extranjero puede ser la indicación de un proyecto futuro. Scioli, por ejemplo, no sólo dijo que su diplomacia prioritaria arrancaría por Brasil para incluir luego Sudamérica, América latina y los Brics sino que ya trabó una relación personal con Luiz Inácio Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Michelle Bachelet, Evo Morales, Pepe Mujica y Raúl Castro. A Castro lo visitó en medio de la normalización entre Cuba y los Estados Unidos.
Político movedizo, carismático e inteligente, Uribe llegó a calificar de “héroe” a Felipe Calderón, el presidente de México que metió a las Fuerzas Armadas en una supuesta “guerra contra la droga” y no terminó con los carteles, hoy más fuertes que antes, pero sí ayudó a la terminar con la vida de 100 mil mexicanos.
Afortunadamente Macri respeta a Uribe, pero las condiciones políticas argentinas no dan para que copie todo su modelo. En las siete propuestas sobre el narcotráfico que figuran en la página web de Cambiemos ninguna promete militarizar la cuestión, aunque tampoco queda claro cómo “vamos a controlar en serio nuestras fronteras y nuestro espacio aéreo para que no haya más vuelos ilegales” y qué alcance tendría el objetivo de “implementar la radarización 3D de todo el territorio”.
El miércoles se involucró otra vez en el tema un grupo de académicos, periodistas y ex funcionarios que presentó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo un texto que bautizó Drogas: una iniciativa para el debate y subtituló Documento de convergencia.
Entre otros firmantes figuran el ex ministro León Arslanian, los internacionalistas Agustín Colombo, Franco Castiglioni, Khatchik Derghougassian y Juan Gabriel Tokatlian, el ex secretario de Seguridad Luis Tibiletti, el ex fiscal Luis Moreno Ocampo, los ex embajadores Ernesto López, José Bordón y José María Vásquez Ocampo, los sociólogos Manuel Mora y Araujo y Fortunato Mallimaci, el ex diputado Jesús Rodríguez, la ensayista Beatriz Sarlo y el periodista Horacio Verbitsky. El texto puede leerse completo haciendo click en http://bit.ly/1iC9IG0.
Tras consignar que la Argentina carece de un diagnóstico integral sobre el tema de las drogas, en el capítulo de propuestas el grupo incursiona en cinco problemas o dilemas.
Si lo que se plantea es la encrucijada de controlar la oferta o reducir la demanda, opta por políticas de reducción de demanda. “La Argentina ha tenido por años una prioridad errada al dedicar masivamente más dinero para lo primero”, cuestiona el documento. “Nos parece esencial repensar el destino de los recursos públicos asignados a la superación del fenómeno de las drogas, redireccionando el esfuerzo fiscal a la prevención, la detección precoz y el tratamiento (desintoxicación, ambulatorio, residencial, semirresidencial) de los usuarios problemáticos de drogas.”
¿Fuerzas Armadas sí o no? No. La propuesta es “mejorar los sistemas de inteligencia criminal para identificar, evaluar y eventualmente neutralizar el delito organizado”. La experiencia regional de uso militar en la pelea contra el narco demuestra que provocó “un aumento en los niveles de corrupción, violencia e irrespeto por los derechos humanos”.
¿Concentrarse en el combate a los transas de barrio o en la criminalidad organizada? Lo segundo. No tuvo “mucho éxito” la política de “criminalizar a consumidores y pequeños vendedores y contrabandistas, muchos de ellos gente pobre que ingiere cápsulas”. Entonces, “nos parece esencial que la Argentina enfoque la mayor parte de su política antidrogas en la investigación y desarticulación de las grandes bandas de narcotraficantes y en quienes les otorgan protección política y policial; como también en los gerentes que utilizan la opacidad del sistema financiero para lavar las ingentes ganancias de este negocio, producto de niveles de rentabilidad que solo pueden explicarse por la ilegalidad misma de estos mercados”.
Cuarto dilema: ¿más sanciones orientadas a combatir el uso, el expendio y el tráfico de sustancias o más acciones para reducir los niveles de violencia derivados de la condición ilegal del fenómeno de las drogas? Los autores eligen el segundo camino porque observan que cuando la Argentina hizo énfasis en el primero no impidió que la violencia ascendiera, “afectando principalmente a los sectores más desprotegidos y más vulnerables de la sociedad”. Agrega el texto: “Nos parece esencial que haya una conciencia mayor entre los dirigentes nacionales de que la reducción de la violencia no puede seguir siendo un eslogan electoral y que no se puede avanzar en la generación de confianza ciudadana sin una profunda reforma policial”.
El quinto punto omite mencionar la palabra “legalización”, pero parece tocarlo. Lo hace con delicadeza: “La ilicitud en la comercialización de determinado tipo de drogas y la regulación normativa de otras son producto del derecho positivo y por tanto pasibles de ser ajustadas en función de los costos y beneficios que pudiera entrañar dicha regulación o prohibición”. Es decir que lo fundamental es cómo se plantea, y se responde, la ecuación costo-beneficio. Luego el documento dice que “los logros alcanzados en materia de control, prevención y tratamiento en los mercados y en el consumo de alcohol y nicotina bien podrían alcanzarse en otras sustancias”. Es decir: prohibir no pero regular sí. Y, sobre todo, atención especial a la situación del consumidor se supone que más allá del terreno penal o directamente sin entrar en él. Frase final del planteo sobre el punto número cinco: “Siempre resulta bueno apelar a la experiencia internacional comparada para emular las buenas prácticas y experiencias y para no repetir errores de terceros”.
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