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Su cara es conocida: Federico Nieva Woodgate fue el fiscal del caso Candela, la chiquita asesinada en 2011 en medio del morbo y el clasismo y ante la desaprensión, como mínimo, de la Justicia y la Policía Bonaerense. Pero sus antecedentes son más antiguos. En la dictadura Nieva permitió que un preso a su cargo fuera sacado de prisión y asesinado por el Ejército. Ya hay una causa elevada y mañana es el Día J de justicia o el Día I de impunidad: un jurado resolverá si aparta al fiscal o deja que siga en el cargo a pesar de su presunta responsabilidad penal en un crimen de lesa humanidad.
La denuncia contra Nieva, fiscal general de Morón, fue presentada por María Teresa Piñero de Georgiadis con el patrocinio del abogado Marcelo Ponce Núñez. Piñero es la mujer de Angel Georgiadis, un preso político a disposición del Poder Ejecutivo desde 1975, bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón que en 1977 y ya en dictadura fue asesinado.
El jury de enjuiciamiento que mañana tiene que tomar la decisión clave está presidido por Juan Carlos Hitters, presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Lo integran cinco abogados, Juan José Cozzi, Jorge Alberto Alvarez, Pedro Trotta, Liliana González y Héctor Mucilli. También cinco legisladores provinciales, Leonel Zacca, Lucía Portos, Diana Larraburu, Rubén Gustavo Oliva y Mauricio D’Alessandro.
El comportamiento de Nieva Woodgate, sobre el que deberán resolver mañana a las 10.30 en La Plata, se relaciona con que en 1977 Georgiadis estaba preso en la Unidad 9 de la capital bonaerense. En enero de ese año el Ejército sacó a dos presos, Dardo Cabo y Rufino Pierles, que aparecieron acribillados en un puente de Brandsen. Los dos estaban en el mismo pabellón que Georgiadis, uno de los llamados pabellones de la muerte donde estaban alojados los prisioneros que la Inteligencia militar consideraba “irrecuperables”.
“A mediados de enero a mi marido y a otros dos presos los encapuchan, los esposan y los llevan a un recinto donde les anuncian que van a ser los próximos”, relató María Teresa Piñero a este diario. “El miércoles 26 de enero a AG lo sacan del penal junto a otro preso y se pierde su rastro”, dijo. Ella, entonces, empezó los trámites para averiguar dónde estaba. Resultado cero. Pero muy pronto lo supo. El 4 de febrero recibió un telegrama del Servicio Correccional de la Provincia de Buenos Aires. Decía textualmente: “Oficial. Urgente informo a Ud. que el día 1/2/77 habiendo sido retirado su esposo Angel Alberto Georgiadis de la Unidad 9 por personal militar para ser interrogado en jurisdicción militar dependiente del Area Operacional 113 se infirió lesiones por autoagresión las que le ocasionaron su deceso”. La familia del otro preso, Horacio Rapaport, recibió el mismo telegrama.
El abogado Ponce recordó a Página/12 que “cuando sacaron a Georgiadis de la U 9 los oficiales acordaron que el jefe del Regimiento 7 cubriría el procedimiento con una nota consignando que todo era para tomarle declaración indagatoria”.
“El problema es que las declaraciones indagatorias solo las pueden tomar los jueces”, dijo Ponce. “Así fueran jueces militares, debían ser jueces. Y obviamente no alcanzaba con una nota sino que hacía falta la orden de un juez, cosa que no existió.”
Los jueces, y Nieva Woodgate era titular del juzgado 5 de Lomas de Zamora en aquel momento, tienen la obligación de controlar la suerte diaria de los presos. Nieva no lo hizo. “Cuando se enteró oficialmente de la muerte y supo que había sucedido en el Regimiento 7 tampoco ordenó investigar nada”, informó Ponce. “No lo hizo luego en tantos años de democracia.”
El punto es que la Justicia ya estableció que el de Georgiadis no fue un caso de daños autoinflingidos sino un homicidio. Y ese homicidio, por las circunstancias concretas en que se produjo, es un crimen de lesa humanidad. La conducta de Nieva está ligada, por eso, al supuesto encubrimiento de un crimen de lesa humanidad. Ésa es la razón por la que una comisión bicameral resolvió por unanimidad que Nieva fuera a un jury de enjuiciamiento. Su presunto delito no había prescripto porque los crímenes relacionados con los delitos de lesa humanidad como la tortura o el homicidio en condiciones de terrorismo de Estado no prescriben. Siempre pueden ser juzgados.
María Teresa Piñero integra la Comisión de Memoria Histórica de la Cancillería, que busca y recomienda la desclasificación de documentos relacionados con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en la masacre de la dictadura. La Cancillería, a cargo de la Marina, estaba articulada con la Escuela de Mecánica de la Armada y con los centros de inteligencia montados en París y Caracas.
Uno de los presos de la Unidad 9 era el ex canciller y actual candidato a diputado del Parlasur Jorge Taiana. Cuando declaró ante la Justicia, en 2010, Taiana dijo que en el penal todo cambió el 13 de diciembre de 1977, cuando una violenta requisa y se produjo la “incorporación del penal al conjunto de la estrategia represiva que se llevó adelante en el país”. Contó Taiana que ese día “de repente los guardias empezaron a abrir las puertas y nos obligaron a salir a toda velocidad y con la vista fija en el piso, mientras se oían los gritos, ruidos y golpes de los otros pabellones”. En el salón de actos los obligaron a desnudarse y los golpearon. Después los clasificaron y a 14, entre ellos él, los pusieron entre los irrecuperables, o sea entre los condenados a muerte. También figuraban el actual director del Centro Haroldo Conti, Eduardo Jozami, y el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva.
“En agosto de 2011 Nieva Woodgate reconoció públicamente que a Angel lo sacaron de la Unidad 9, lo llevaron a un regimiento y lo mataron”, dijo ayer María Teresa Piñero de Georgiadis. Y añadió: “Pero Nieva dijo que a él ni por competencia de materia ni de lugar le correspondía investigar”.
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