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El país|Martes, 6 de octubre de 2015
Denuncia penal contra dos funcionarios de Macri

El auto incompatible

El secretario de Gestión Comunal, Eduardo Macchiavelli, y el director general de Obras, Guillermo Raffo, fueron denunciados por recibir favores de una empresa a la que contrataron.

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Las obras en cuestión se realizaron en la Avenida 9 de Julio por 2,2 millones de pesos.

El gobierno de Mauricio Macri continúa acumulando denuncias penales. El secretario de Gestión Comunal, Eduardo Macchiavelli, y el director general de Obras Comunales, Guillermo Raffo, fueron denunciados por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Es porque Raffo suscribió un contrato por 2 millones 276 mil pesos con la empresa constructora Indhal S.R.L. y, pocos meses más tarde, el mismo Raffo recibió –según sostiene la denuncia– un auto que es propiedad de la empresa ganadora.

La denuncia penal fue presentada por el abogado Walter Reynoso, quien señaló que el 4 de febrero de 2013 se contrató a la constructora Indhal S.R.L. para hacer el acceso a la Av. 9 de Julio en la bajada Montes de Oca por un total de 2.276.318 a través de una licitación pública. El 5 de febrero de ese año, el director general de Obras Comunales, Guillermo Raffo, firmó con la empresa, representada por Federico Saiach, el contrato de construcción.

Según plantea el denunciante, un mes después de esta contratación, “el 26 de marzo de 2013, la seccional 41 del Registro de Propiedad Automotor emitió a nombre de Guillermo Raffo una célula autorizante para circular con el vehículo Honda FIT dominio JOY846 propiedad de la firma Indhal S.R.L.”. “Se presume que Raffo posee estrecha relación con la empresa adjudicataria de la obra, Indhal S.R.L.”, indicó el denunciante. A diferencia de otras empresas que han sido denunciadas, Indhal figura como empleador ante la AFIP y tiene una página web. Entre sus dueños, aparecen Jorge Brzezñiakienicz y Enrique Nicanor Chávez. Según el abogado, la cédula para utilizar el auto demuestra “una intención de favorecimiento económico de la empresa” en la licitación.

El abogado denunciante indicó que “los hechos se encuadran prima facie en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública”. Pidió que se investigue a Raffo, a su superior, Machiavelli. “También deberá establecerse el grado de conocimiento que tuvo sobre los hechos el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en atención de que la Secretaría de Gestión Comunal está bajo su dependencia directa de acuerdo al organigrama.

Esta denuncia se suma a otras que viene recibiendo el gobierno porteño desde que se conoció que el ex candidato Fernando Niembro había recibido 23 millones de pesos en contrataciones directas. También se inició una causa judicial por el manejo de la pauta publicitaria y la comunera Julieta Costa Díaz presentó una denuncia contra Macchiavelli por haber contratado en forma directa a dos empresas para la reparación de veredas.

Como informó este diario, esas dos empresas no registran empleados ante la AFIP y sus directores aparecen como monotributistas que ganan menos de 15 mil pesos por mes. De 24 contrataciones que les dio Macchiavelli, ambas recibieron 12 este año por un total de 47 millones de pesos. El mecanismo se repitió el año pasado hasta sumar un total de 38 contrataciones. Según denunció ante el Poder Judicial la comunera kirchnerista, estas dos empresas ganaban las contrataciones directas en tandas de cuatro y, en algunos de los casos, por 52 pesos menos que el monto máximo para una contratación directa.

Las empresas son Derby Eland y Ecomlat. El presidente de Ecomlay, Alejandro Monti, fue al mismo secundario que el director adjunto de Derby Eland, Gonzalo Cayo. Cuando Página/12 publicó la denuncia, Macri justificó la contratación y sostuvo que “hay empresas constructoras que se forman para construir una cantidad de metros cuadrados de vereda, toman 600 empleados, en este caso son cooperativas, y después que termina el trabajo les van pagando mes a mes el despido anticipado. No tienen relación de dependencia”. Es falso que se trate de cooperativas de trabajo: ambas empresas son sociedades anónimas. Para complicar las cosas, Ecomlat se creó con el objeto de “comercializar todo tipo de productos requeridos por las Fuerzas Armadas y de seguridad” y cambió su objeto a obra pública en 2013, el mismo año en el que se fundó Derby Eland. Poco tiempo después, ya estaban recibiendo contrataciones directas. Ahora se suma una segunda denuncia que involucra a Macchiavelli y a uno de sus directores.

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