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En los tribunales de Retiro ya casi nadie se sorprende de sus medidas extremas en momentos políticamente calientes. “Y... es Bonadio”, es el comentario habitual, algo exculpatorio, que resurge en los despachos judiciales vecinos ante sus decisiones anti-gobierno. Como ayer, después que se supo que había ordenado la indagatoria del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, candidato a gobernador bonaerense, del ministro de Salud, Daniel Gollán, y a su antecesor y gobernador electo de Tucumán, Juan Manzur, por supuestas irregularidades en licitaciones para el Plan Qunita por el cual se entrega un kit a las mujeres que reciben la asignación por embarazo. El juez federal Claudio Bonadio eligió un contexto preciso para esas citaciones, cuando faltan dos semanas para las elecciones nacionales y un día después de quedar cuestionado otra vez por un fallo adverso de la Sala I de la Cámara Federal –su tribunal superior– que anuló en forma unánime por “arbitraria” toda su actuación en una causa que promovió el Grupo Clarín contra Guillermo Moreno, por el reparto de merchandising de “Clarín Miente” desde el Mercado Central.
Un dato clave en el expediente sobre el famoso cotillón es que el fiscal Federico Delgado nunca promovió la acción penal, o sea, no imputó nada porque consideraba que no había ningún delito en juego. La denuncia de Clarín hablaba de incitación a la violencia y malversación por el reparto de globos, gorros, botellas, banderas y alfajores con la leyenda “Clarín Miente”, en épocas en que el grupo mediático cuestionaba al Mercado Central y los precios. Delgado dictaminó que “el propio relato de la denuncia revela con nitidez la ausencia de un comportamiento humano que tenga entidad suficiente como para encuadrarlo dentro de algún tipo penal”. Sin fiscal en la causa, Clarín pidió ser querellante, la Cámara de Casación lo avaló y Bonadio avanzó. Pero como lo hizo sin argumentar por qué acataba el planteo de la querella y ordenaba medidas sin más pese a estar en los antípodas de lo dicho por el fiscal, la Cámara anuló todo lo que hizo, desde allanamientos hasta indagatorias, y el expediente volvió a fojas cero.
Más aún, Bonadio en rigor ya había sido recusado y apartado por la misma sala de la Cámara dos semanas atrás. ¿Por qué? El tribunal consideró verosímil una situación denunciada por el ex secretario de Comercio: que el juez lo había convocado a un desayuno a través de una amiga en común, al que asistió y en el que le aconsejó cómo debía actuar en el expediente. Le sugirió, entre otras cosas, que cambiara a su abogado, Alejandro Rúa, algo que no hizo. Por ende, Rúa consideró la citación del ex secretario de Comercio como “una actitud de hostigamiento” por no hacerle caso. Mientras Bonadio le tomaba indagatoria, Moreno narró el episodio que involucraba a su interrogador y pidió que quedara constancia escrita. Ahora la causa la tiene el juez federal Luis Rodríguez, quien deberá evaluar qué hace con un caso tan objetado.
Menos de veinticuatro horas después que la Cámara lo reprendió, Bonadio hizo citaciones a indagatoria de alto impacto que, en esta ocasión, sí tomaron por sorpresa al fiscal que venía interviniendo, Eduardo Taiano, al recibir ayer la notificación. Si bien Taiano había impulsado la apertura de la investigación no había pedido medidas ni indagatorias. El expediente se originó por una denuncia presentada por Graciela Ocaña en la que decía que hubo irregularidades en la licitación de los kits del Plan Qunita, del Ministerio de Salud, que incluían una cuna, sábanas, toallas, ropa de bebé, chupete, mordillo y termómetro entre otros elementos, para las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Según la legisladora, una de las principales empresas beneficiarias de la licitación, Fasano SRL, se dedica a negocios inmobiliarios y también aludió al pago de sobreprecios. Los kits que se repartieron fueron 150 mil y costaron 1.100 millones de pesos. Bonadio hizo allanamientos y emitió órdenes de presentación de documentación a las empresas señaladas por Ocaña. Algunos procedimientos seguían ayer.
Las indagatorias son 23 en total y comienzan la semana que viene, pero las de funcionarios y candidatos quedan para después de las elecciones. La de Fernández será una de las últimas. A Fernández y Gollán se los vincula con el respaldo de la licitación. También está citado el viceministro de salud, Nicolás Kreplak, y al ex titular de la cartera Manzur ya que el proceso licitatorio comenzó en su gestión. Algunas de las empresas señaladas son, con Fasano, Dromotech, compañía comercial Narciso, Grupo Diela, Fibromad y Delta Obras, entre otras.
El abogado Alejandro Rúa se quejó de que “hace dos años Bonadio no hace otra cosa que aparentar avances en procesos grandilocuentes contra funcionarios que después son anulados por sus arbitrariedades; entonces saca otro, hasta que se lo anulan. Su proceder está teñido por participar en la campaña de la oposición”. Otro de los casos donde también fue desplazado por decisión de la Cámara Federal, que consideró que tenía una conducta parcial, es el de “Hotesur”, donde ya el año pasado allanó oficinas de la familia presidencial cuando el Consejo de la Magistratura impulsaba denuncias en su contra.
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