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Con penas que llegan hasta los 19 años, concluyó ayer el juicio por la masacre de Quilmes, ocurrida hace exactamente once años, cuando cuatro adolescentes murieron como consecuencia del incendio de dos celdas de la comisaría 1ª de esa localidad. En la sentencia, los jueces del Tribunal 3 condenaron a 19 años al oficial inspector Fernando Pedreira; a diez al comisario Juan Pedro Soria y al cabo Hugo D’Elía; a nueve al agente Juan Carlos Guzmán; a cuatro al subcomisario Basilio Vujovich; a tres años y medio a la agente Elizabeth Grosso; a tres años y cuatro meses a los agentes Gustavo Altamirano y Franco Góngora; y a tres a los oficiales inspectores Jorge Gómez y Humberto Avila. Los policías, que habían llegado en libertad, fueron detenidos, los cuatro primeros en la cárcel y los restantes con prisión domiciliaria. Tras el incendio, murieron Elías Giménez (15), Diego Maldonado (16), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17). El caso tiene suma importancia por que se comprobaron y se dictó condena por las torturas sufridas sistemáticamente durante su detención, lo que motivó la protesta mediante la quema de colchones, de la cual derivó su muerte: los policías extendieron sus torturas dejándolos asfixiarse y quemarse dentro de las celdas.
El 20 de octubre de 2004, 17 adolescentes se encontraban alojados en celdas de la seccional 1ª de Quilmes. La detención de menores de 18 años estaba prohibida y la propia Corte provincial había ordenado al gobierno de Felipe Solá que los alojara en institutos especializados. El fiscal Claudio Pelayo separó la participación policial en dos partes. La primera, relativa a las torturas que sufrían sistemáticamente los jóvenes que eran detenidos en la 1ª. El eje giró alrededor de la violenta requisa realizada a las 19 de aquel día, de la que se recogieron testimonios y de la que se obtuvieron pruebas de puñetazos y palazos. Los policías entraron a las celdas y los obligaron a desnudarse y luego los golpearon. Esa noche, un oficial le dijo a Maldonado que su hermanita había muerto –era falso–, y el pibe empezó a gritar para que lo dejaran salir e ir con su familia.
La segunda, referida a la participación policial posterior al incendio, durante la evacuación, en la que los adolescentes, heridos, quemados y con la piel que se les caía a colgajos fueron sometidos a golpes con palos.
El comisario Soria fue condenado por estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar torturas. La importancia del fallo en su caso reside en que los jueces decidieron dar importancia a que desde su cargo no evitó los malos tratos ni el tratamiento posterior al incendio. D’Elía y Guzmán por los apremios y las torturas seguidas de muerte. Al resto, por apremios ilegales.
El caso estuvo sostenido por la perseverancia de los padres y familiares de los adolescentes fallecidos y la participación de la Comisión Provincial por la Memoria como veedora del caso. “Esto construye fundamentalmente un sentido de justicia –sostuvo Margarita Jarque, a cargo del programa de Litigio Estratégico de la CPM–. Nadie ha quedado absuelto, para las pruebas que había se ha condenado de un modo ejemplar, sobre todo al comisario y a quienes tenían una mayor responsabilidad. Hay reparación para las familias después de una lucha de tantos años. Es un precedente muy importante para un montón de hechos de este tipo que han sucedido y siguen sucediendo. Es muy importante que la Justicia no convalide las torturas, para también producir un cambio de conducta. Un comisario se fue del juicio a la unidad penitenciaria, cuando creían que esto no iba a ocurrir”.
“Cuando la verdad se desnuda y es brutal parece que no hay forma de cubrirla –dijo Tobías Corro Molas, ex salesiano y militante en la villa Itatí–. Y uno tiene que decidir entre ser cómplice o defenderse, y el tribunal defendió lo que los chicos dijeron”.
“Si a tu hijo lo llevan detenido y es menor de edad –dijo Pelagio Giménez, padre de Elías– plantate en la puerta de la comisaría y no lo abandones. Porque cuando a mi hijo lo llevaron detenido por un error, nosotros pensamos que ya iba a volver a casa y lo devolvieron en una bolsa de residuos.”
“El fallo fue ajustado a lo que pedimos los particulares damnificados y la fiscalía, todos quedamos conformes –dijo la abogada Adriana Thevenon, representante de la familia Aranda–. Es un fallo icono porque se consiguió una condena después de once años y porque se logró la prisión efectiva para los policías. Esto no se consigue todos los días”.
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