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El ex titular de la ex SIDE durante el gobierno menemista Hugo Anzorreguy se negó ayer a declarar en el juicio en el que está acusado de encubrir el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Fue el último de los 13 acusados –un grupo en el que predominan ex funcionarios políticos, como el propio ex presidente Carlos Menem, judiciales, de la inteligencia pública y de la comunidad judía– en tener la posibilidad de dar su versión de los hechos al inicio del debate, que ingresará desde el próximo jueves en la ronda de testimonios. Algunos de ellos accedieron a dar su versión de los hechos; otros, como Anzorreguy, se ampararon en el silencio y las declaraciones que ofrecieron durante la instrucción. Todos insistieron en que hicieron bien las cosas. “No esperábamos otra cosa. Perdieron la posibilidad de decir la verdad, de paliar el daño que provocaron y siguen provocando. Dan vergüenza ajena”, disparó Diana Malamud, presidenta de Memoria Activa, una de las querellas en el debate. “No vamos a saber la verdad en estas condiciones. Queda más de un año de juicio y ya sabemos que seguiremos por la vía del secreto”, consideró Laura Ginsberg, de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia).
Poco más de dos meses demoró la instancia de declaraciones indagatorias preliminar del debate oral que intentará encontrar responsables a dos delitos principales: correr la investigación del atentado de la denominada “pista siria” y utilizar indebidamente fondos públicos para financiar la instalación de una hipótesis falsa, la de la “conexión local”, que permitiera atribuir el ataque a personas que, según la acusación, nunca estuvieron involucradas.
“De las indagatorias no podemos hacer un análisis más que negativo, pero no esperábamos otra cosa. Son todos mentirosos: los que eligieron no decir nada y los que hablaron desde un guión armado por gente de poca calaña”, evaluó Malamud. Para Ginsberg, el pronóstico “es muy oscuro”. “Todos los que hablaron o de los que se leyeron las indagatorias se ampararon en leyes y decretos secretos que no fueron puestos sobre la mesa de este juicio ni van a ponerse. Esto marca cómo va a continuar este juicio, bajo las sombras”, infirió. “Por eso nosotros reclamamos una comisión de investigación del atentado independiente, para que el Estado no se pueda negar a investigarse a sí mismo”, concluyó.
Por el desvío de la investigación deben responder Menem, Anzorreguy, el ex juez federal Juan José Galeano, los ex agentes de inteligencia Patricio Finnen y Juan Carlos Anchézar y los policías federales Juan Carlos Castañeda y Jorge “Fino” Palacios. Los cuatro primeros también responden por el pago el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín a cambio de que éste ofreciera una versión falsa de lo ocurrido: en este hecho están acusados, además, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el propio reducidor de autos, su ex mujer Ana María Boragni, su ex abogado Víctor Stinfale y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, quien proclamó su inocencia durante dos largas audiencias, semanas atrás. Müllen y Barbaccia defendieron su gestión como fiscales durante la instrucción de la causa y sostuvieron, incluso, su creencia en los vínculos entre los policías bonaerenses –los protagonistas de la llamada “conexión local”– y el atentado. Anchézar y Finnen hicieron lo propio con sus tareas, entonces directivos de la ex SIDE y encerrados en el traslado del dinero que salió de la central espías y fue a parar al matrimonio TelleldínBoragni, quienes también hablaron largo y tendido ante el TOF 2. Como lo hicieron Galeano y Menem, ayer Anzorreguy también calló.
–Su número de documento de identidad, ¿lo recuerda? –consultó el presidente del Tribunal Oral Federal Número 2, Jorge Gorini. Un Hugo Anzorreguy encorvado, retraído, cabizbajo, titubeó: “Cuatro millooooones...” El ex titular de la ex SIDE menemista finalmente acudió al juicio en el que se lo acusa de encubrir el atentado a la AMIA y de malversar fondos públicos para “comprar” una historia falsa que “resolviera” el caso judicial de la explosión que hace 21 años mató a 85 personas e hirió a un centenar hace 21 años. Pero no claudicó en la estrategia que desarrolló desde el inicio del debate, con la que intenta demostrar que no está en condiciones de salud para continuar el proceso, y se negó a declarar. Con su negativa culminó la primera ronda de indagatorias del juicio, que comenzó hace poco más de dos meses y que a partir de la semana próxima empezará a registrar testimonios.
“Por recomendación de mis médicos, no voy a declarar”, respondió Anzorreguy a la siguiente consulta que le realizó Gorini: si iba o no a hacer uso de su derecho de ofrecer declaración indagatoria. Anzorreguy fue obligado por el TOF 2 a asistir al juicio luego de que el Cuerpo Médico Forense indicara que estaba en condiciones de hacerlo. Hasta ayer, sólo había participado de la primera audiencia vía teleconferencia, ya que se encontraba internado en el Sanatorio Otamendi.
El TOF, entonces, ordenó que se leyeran las últimas declaraciones indagatorias que aportó el ex funcionario durante la instrucción de la causa. En ellas, Anzorreguy reconoció que los 400 mil dólares que recibió el reducidor de autos Carlos Telleldín para, según la acusación, involucrar a un grupo de policías bonaerenses en el atentado como la “conexión local” entre los instigadores del ataque y el hecho en sí, salieron de la ex SIDE. Según había apuntado ante el juez federal Ariel Lijo, tenía entendido que el fin del dinero era “garantizar la seguridad del entorno familiar del señor Telleldín y asegurar que aportara información que Galeano consideraba relevante para la investigación” del atentado, de la que estuvo a cargo hasta 2004. “¿De qué modo estas conductas contradecían mis obligaciones como funcionario?”, se preguntaba entonces Anzorreguy. Declaró también que días después de habilitar el pago, Menem le ordenó que pusiera “recursos económicos y humanos a disposición” de la instrucción.
Gorini informó que Juan José Ribelli sería el primero en declarar como testigo en el juicio, la próxima semana. Ribelli fue uno de los ex policías enjuiciados en 2001 en el marco del juicio por la conexión local del ataque de la AMIA, que finalmente el TOF 3 declaró nulo. En la versión que después él mismo reconoció como falsa, Telleldín lo señaló como uno de los bonaerenses involucrados en el delito de los de-sarmaderos de autos en el conurbano de la provincia e involucrado en la compra de la Trafic que contenía los explosivos que demolieron el edificio de Pasteur al 600 el 18 de julio de 1994. Si bien ayer la defensa de los ex fiscales rechazó el testimonio, el TOF 2 aún no tomó una decisión.
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