Página/12 :: El país :: En la Rosada investigan, pero no creen en el informe de De la Cruz

“El informe del procurador bonaerense sugiere que los cruces de llamadas telefónicas demuestran que alguien del Ejército y la Casa Rosada está relacionado, por ejemplo, con el crimen de María Marta García Belsunce. Para sustentarlo dicen que hay 63 llamadas con alguien vinculado con el caso del country. Ese alguien es el abogado de la familia García Belsunce, José Scelsi. Sucede que es el abogado de varios militares acusados de violaciones a los derechos humanos y entonces es lógico que esas llamadas existan. ¿Qué tienen que ver esas comunicaciones con el caso García Belsunce? Nada.”
Con esta exposición de los hechos, un alto funcionario del Gobierno le explicó a este diario por qué consideran en la Casa Rosada que el informe salido de la Procuración –adelantado en exclusiva por Página/12 en su edición del sábado– es una operación política destinada a sacarle de encima la presión a la Policía Bonaerense, justamente acusada por tener relación con secuestros y homicidios. De todas maneras, el presidente Néstor Kirchner dio orden de investigar y son varios los ministros que lo están haciendo. Es más, hay nutrida evidencia de que hombres del Ejército, en actividad y retirados, han sido abastecedores de armas pesadas para las grandes bandas e incluso hay indicios de que uniformados han estado detrás de alguna de las organizaciones de secuestradores.
La polémica entre el gobierno nacional, por un lado, y la Procuración y el gobierno bonaerense, por el otro, fue trepando ayer a lo largo del día. Los ministros del Poder Ejecutivo utilizaron las siguientes calificaciones: “todo es muy dudoso”, “hay llamadas que dicen que están, pero que nosotros comprobamos que no están”, “los datos son confusos”, “las llamadas son poco significativas”, “la denuncia es poco creíble”.
Por el lado bonaerense, el procurador Eduardo Matías de la Cruz reiteró que las llamadas existieron. “Eso es indiscutible. No se puede decir que esto está armado. Lo que hay en el informe está extraído del resumen que tienen todos los pedidos judiciales sobre llamadas telefónicas hechas desde celulares usados por secuestradores y delincuentes. Estamos hablando de gente que tiene una permanencia en los organismos del Estado y que sirve al delito. El informe que mandamos es largo y voluminoso porque contiene día y hora de cada llamada y la causa judicial con la que se vincula. Creo que tenemos infiltrados en las Fuerzas Armadas y nada menos que en la Casa de Gobierno y son esas bandas que participaron de la represión ilegal durante el Proceso.” En el gobierno bonaerense hay un apoyo tácito al procurador: “Se muere por las cámaras y las fotos, pero no es capaz de armar una operación de esa naturaleza”, lo defendieron.
Uno de los funcionarios de altísimo rango que participa de la investigación le dio a este diario otro ejemplo de lo que señala el informe: “Aparecen unas 70 llamadas desde el edificio del Ejército a una empresa de seguridad que es manejada por un coronel retirado. Esa empresa contrata muchos suboficiales del Ejército y por eso están las llamadas desde y hacia el edificio Libertador. A su vez, hubo un par de comunicaciones entre alguien supuestamente vinculado con un secuestro y la empresa de seguridad. ¿Eso significa que en el Ejército hay un hombre que participó del secuestro? ¿No es posible que sean llamadas para pedir un trabajo o para saludar a un amigo que trabajaba ahí o por cualquier otro motivo? Parece una conclusión descabellada decir que las llamadas demuestran protagonismo en los secuestros y asesinatos”, siguió argumentando el funcionario.
“Dos de los teléfonos que aparecen en la lista pertenecen al Economato, o sea a la cocina de la Casa de Gobierno. Primero, no hay ninguna evidencia de que las llamadas hechas por esos dos empleados de la cocina tengan algo que ver con un secuestro. Segundo, ¿qué poder tiene alguien que trabaja en la cocina de la Rosada para mejorar o hacer más impune un secuestro?”, concluyó el hombre del Ejecutivo. Más allá de la furia que tratan de disimular los hombres del gobierno nacional, no se puede descartar la participación de uniformados verde oliva en algunos de los secuestros. Actualmente está prófugo un ex director del Instituto Geográfico Militar porque era el jefe de una organización que le vendía fusiles FAL y hasta ametralladoras a las bandas de delincuentes. En un campo y en varios departamentos del coronel Morioni, la Policía Federal encontró armas por más de medio millón de dólares y hay pruebas de que las vendían a las bandas de aquí y de Brasil. También se encontró pólvora, silenciadores y un par de ametralladoras del mismo tipo que las que usó una banda de uruguayos que robó un banco en plena city porteña. Al mismo tiempo, tanto por organización como por la forma de negociación, se considera que en varios casos de secuestros podría haber un militar al comando de la banda.
Desde un punto de vista investigativo, Página/12 consultó con dos criminalistas de primer nivel que, en estricto off the record, virtieron su opinión sobre la polémica producida por el informe de la Procuración:
Estas son sus conclusiones:
u Desde el caso del asesinato de José Luis Cabezas se han tomado los cruces de llamadas como palabra santa. Es una especie de “mancha venenosa”, el que llamó a un teléfono es sospechoso de ser el asesino. En aquella oportunidad, el que llamó a Yabrán seguro que estuvo en el plan de matar al fotógrafo. Las cosas no son así: una llamada es sólo un indicio y como prueba judicial es más que débil, porque uno no sabe qué se habló ni para qué fue la llamada. Lo fundamental, lo decisivo, son las otras pruebas, no las llamadas.
u En este caso, es obvio que si había sospechas debió investigarse más y con más precisión. Si existen indicios de que de tal teléfono se hizo una llamada al negociador de un secuestro, por ejemplo, se ordena una escucha telefónica y se hace un seguimiento. Lo que se hizo es lo contrario: entregar una masa increíble de llamadas telefónicas, de cien líneas distintas y producidas a lo largo de seis años. ¡Seis años! Nadie sabe quién estaba en tal oficina en 1997 y si la atendió el funcionario o un empleado de limpieza. Lo de las cien líneas también es desopilante: es obvio que no hay cien hombres del Ejército en las bandas de secuestradores, por lo tanto en lugar de buscar precisión, de investigar en forma fina, se tira un cañonazo casi al voleo.
u El hecho de que el informe se haya dado a conocer, que aparezcan los facsímiles del texto, es poco serio. Arriba dice Confidencial y se publica en los diarios. Quien lo haya filtrado, sea el gobierno nacional o el provincial demostró que la voluntad fue hacer ruido político, no una investigación seria.
u No es fácil investigar semejante paquete. Hay que tomar las llamadas que se mezclan con los casos más recientes, tal vez Belluscio o el secuestro del padre de Astrada. Y centrar el análisis inicial sólo en esas. Eso puede dar un parámetro del conjunto de la información.

En la Rosada investigan, pero no creen en el informe de De la Cruz

Argumentan que las llamadas no fueron rigurosamente investigadas. No obstante, sí comprobaron que hay militares que vendieron armamento a bandas delictivas e incluso algunos que están detrás de secuestradores.