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Caía la tarde del 19 de diciembre de 2001 cuando el presidente Fernando de la Rúa firmó el decreto 1678 mediante el que declaró el inicio del estado de sitio que regiría en todo el país durante, al menos, 30 días. Su gobierno duraría muchísimo menos: en helicóptero y tras anunciar su renuncia, abandonaba la Casa Rosada menos de un día después. Entre una cosa y otra, una represión feroz había barrido las calles de la ciudad de Buenos Aires, matado a cinco personas y herido a más de cien. Más de 14 años después, el juicio en el que se analizan las responsabilidades policiales y políticas de esos hechos ingresa hoy en su etapa de alegatos. A partir de esta mañana, las familias de las víctimas le dirán a la Justicia por qué consideran que los ex policías federales, entre los que se encuentran quienes ocupaban entonces los más altos cargos de la fuerza, y el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza Enrique Mathov son culpables.
Las querellas coincidieron en que el material analizado durante el año y medio de juicio que transcurrió desde marzo de 2014 confirma las responsabilidades de los acusados. “Más allá de lo tardío, porque no es posible que se tarde 14 años para que se llegue a una sentencia, en esta causa o cualquiera, el debate fue confirmatorio de lo que se había trabajado en la etapa de instrucción, confirma la responsabilidad de los ex policías”, planteó el abogado Juan Carlos García Dietze. Representa a los hijos de Alberto Márquez, a quien una de las tantas balas disparadas por el pelotón de policías que recorrió la Avenida 9 de Julio a toda velocidad aquel 19 de diciembre le perforó la espalda y lo mató.
García Dietze alegará cuando termine su colega Rodolfo Yanzón, quien representa a un grupo de sobrevivientes de la represión. Mañana será el turno del Centro de Estudios Legales y Sociales, que dirige la querella unificada de las familias de las víctimas fatales –Gustavo Benedetto, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gastón Riva fueron asesinados en la calle aquella tarde, además de Márquez– y de los sobrevivientes con un enfoque político del asunto: acusa a los ex directivos de la policía –Rubén Santos, Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi– y Mathov, único funcionario político involucrado en el juicio, por haber ordenado el operativo represivo en el que se produjeron las muertes. “Haremos hincapié en la incidencia que tuvo la declaración de estado de sitio de De la Rúa como la extensión de un cheque en blanco para que los funcionarios policiales y de seguridad definieran un operativo represivo como el que se implementó, con detenciones indiscriminadas, golpes a los detenidos y asesinatos”, apuntó Diego Morales, titular del área de Litigios y Defensa Legal del organismo. En los testimonios oídos durante el debate, llevado adelante por el Tribunal Oral Federal número 6, así como en las pruebas analizadas entonces, se paran firmes las querellas para avanzar en los pedidos de condena, que comenzarán a oírse a partir de mañana. “Siempre creí que el paso del tiempo traería dificultades enormes, sobre todo para los recuerdos de los testigos, pero tuvimos un conjunto de declaraciones claras y precisas que permitieron confirmar las imputaciones”, evaluó García Dietze en relación con los nueve policías involucrados en el asesinato de Márquez, en contra de quienes también pesan videos y fotografías que muestran a los ex efectivos disparar hacia la gente que, como Márquez, se encontraba en la 9 de Julio aquella tarde. “Las defensas insistieron en desvirtuar el valor de las pruebas pero sus argumentos naufragaron frente a la contundencia de la evidencia. El material es de una integridad enorme”, concluyó el abogado.
El CELS también evalúa positivamente la prueba elaborada en el juicio, al que, a pesar de que la Justicia se demoró 14 años en evaluar y determinar posibles responsabilidades y es lamentable que algunos actores políticos, como De la Rúa, hayan quedado afuera”, calificó de “inédito”: “Pensamos en (el docente Carlos) Fuentealba, por cuya muerte sólo fue juzgado y condenado por su responsabilidad directa pero no hubo avances en las responsabilidades políticas. Acá tenemos sentado a quien fue secretario de seguridad y a las autoridades máximas policiales por la represión. Es la primera vez que esto sucede”, concluyó Morales.
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