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El país|Domingo, 6 de diciembre de 2015
ACTOS PARA QUE NO SUELTEN A LOS GENOCIDAS Y SIGAN LAS CAUSAS

Las plazas por los juicios

En Parque Centenario, en Pozo de Banfield, en La Plata y en otras plazas del país hubo radios abiertas para que no se suspendan las causas de derechos humanos y no se libere a los genocidas ya condenados.

Por Ailín Bullentini
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Parque Centenario fue uno de los escenarios de las movilizaciones de ayer por la tarde.

El panfleto comenzó a circular por las redes sociales y tenía la firme consigna de “Ni uno suelto. Defendamos los juicios”. La primera frase se refiere a los genocidas ya condenados por crímenes de lesa humanidad; la segunda a los juicios que falta terminar “y los que deben venir”. Ayer, la convocatoria se transformó en actos en Parque Centenario, la plaza Moreno de La Plata, el Pozo de Banfield y las “plazas de todo el país”. En todos los casos se tomó el compromiso de estar “en forma masiva” el día del alegato de la acusación en el juicio por la ESMA. Ese día, los fiscales van a pedir penas para 56 procesados.

Esta iniciativa fue parte del impulso autoconvocado que surgió para apoyar a Daniel Scioli antes del ballottage y enseguida se extendió a otras causas. algunas de sus propuestas fueron “redoblar los esfuerzos”, “copar las calles”, “participar de las audiencias de los juicios en curso”. La manera que se usó ayer en el Parque Centenario fue la de una radio abierta. La actividad fue tomando forma desde las 15 a un costado del mástil, el espacio en donde hace algunas semanas, cuando su llegada a la Casa Rosada aún era difícil de imaginar, cientos de personas manifestaron que “Amor sí, Macri no”.

En este caso, el eje del encuentro fue “pensar qué hacer” frente a la posibilidad de que los procesos judiciales relacionados con los crímenes cometidos en la dictadura se diluyan. La frase del flamante presidente respecto del “curro” de los derechos humanos, la conformación del gabinete nacional y el editorial de La Nación, abonaron el panorama de alerta. “La cosa no es que el gobierno nuevo quiera beneficiar a los represores. Pero está integrado por representantes de algunas de las empresas que deberán ser investigadas por su participación en la dictadura, con lo cual la verdad es que tenemos razones para tener miedo. El editorial de La Nación fue un marcar la cancha, nos toca ahora a nosotros marcarla”, explicó Raquel Robles, una de las impulsoras más enérgicas de la actividad.

Como en épocas de “Amor sí, Macri no”, las redes sociales sirvieron para recibir lamentos, quejas, broncas e indignación, pero también para amplificar la idea del encuentro que algunos vecinos autoconvocados para “superar ese momento de catarsis”. “El objetivo es convertir la indignación que todos sentimos en experiencias concretas: generar un espacio abierto y salir de acá con una acción a seguir”, precisó Robles, escritora, fundadora de la agrupación Hijos, hacedora de la revista virtual La Granada. Aunque siempre resulta difícil que la “militancia virtual” se replique en la calle, la participación en el Centenario fue buena y fructífera. Las voces de Angela Urondo Raboy, hija del periodista y poeta desaparecido Francisco “Paco” Urondo; la aún titular del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Elizabeth Gómez Alcorta; la de representantes de Metrodelegados y la de la mamá de Sebastián Bordón, víctima del gatillo fácil de la policía mendocina, se fundieron entre las de numerosos vecinos que desfilaron por el micrófono abierto, mítico por su utilización en los noventosos escraches de Hijos a los genocidas en libertad.

“Nuestra preocupación es anterior a las elecciones”, planteó Urondo Raboy antes de comenzar a enumerar algunos puntos que encendieron la señal de alerta: los límites al juzgamiento de cómplices civiles de la dictadura, el incremento de prisiones domiciliarias a los condenados, la falta de confirmación de penas por parte de la Corte Suprema. Ahora se sumó la decisión de Macri de intentar remover a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, algo visto como una “amenaza concreta” al proceso ya que los fiscales son quienes “articulan el avance de los juicios” junto a los querellantes. “Estamos hablando de cosas que pasan ahora. La impunidad mancha la democracia, si la impunidad reina, todos los derechos se caen”, consideró. Y luego invitó a los asistentes a que “pensemos qué hacer y hagámoslo”. Una vecina propuso una concentración el 11 de diciembre a las 8 de la mañana en la puerta de la Procuración. Otra, de Mataderos, invitó a la plantada de árboles colectiva que llevarán a cabo en el ex centro clandestino de detención El Olimpo, para “pelear para que no lo conviertan en una plaza”. Así como los testimonios de los sobrevivientes en los juicios, los espacios que sirvieron como centros de tortura también son “prueba histórica”

“Este proceso está siendo jaqueado por aquellos a quienes siempre les importó suspenderlo”, opinó Gómez Alcorta, abogada querellante en varios juicios de lesa, para quien el editorial de La Nación “no fue casual”. “En los pabellones de Marcos Paz y Ezeiza –donde suelen purgar sus condenas los genocidas– se festejó el 22 de noviembre.” Por eso propuso “redoblar los esfuerzos” para continuar los juicios en contra de los procesados y avanzar en las investigaciones a cómplices civiles. “A no dejar pasar ni una sola. Manifestémonos, salgamos a la calle, apoyemos los juicios.”

La necesidad de aumentar la asistencia a los juicios fue revelada al inicio del encuentro por la periodista mexicana Cecilia González, invitada junto a la uruguaya Ana Fornaro por el taller que coordina María Eugenia Ludueña en la Maestría de Periodismo y Derechos Humanos de la universidad nacional de La Plata en el Espacio Memoria. “Están vacías las salas”, describió González. Charo, una trabajadora del Espacio, recordó las convocatorias de corte artístico lanzadas en diferentes facultades hace algunos años por Hijos para fomentar la asistencia: campañas para ilustrar las audiencias, para narrarlas, para convertirlas en disparadores de trabajos prácticos. Oli, uno de sus compañeros, sumó el programa “La escuela va a los juicios”, apuntado a alumnos secundarios. De esa línea de diálogo surgió la propuesta concreta de la actividad: asistir masivamente a la audiencia en la que la Fiscalía solicitará penas para los 56 imputados en el juicio que investiga delitos de lesa humanidad en contra de 700 víctimas en la ex ESMA.

“Hoy la condena la construimos entre todos solo si podemos contar quienes son los imputados en los juicios. Por eso es importante estar ahí, participar. Sabemos que los jueces no se comportan de la misma manera si están solos frente a los imputados que si lo hacen a sala llena”, mencionó un representante de Hijos: “Los juicios nos costaron mucho, hay que bancarlos ahí. Esto que fue política de Estado, tendremos que convertirla en política del pueblo”.

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