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La foto de un inmenso campo verde en un día soleado, donde la Alejandra Gils Carbó aparece rodeada de más de un centenar de fiscales, es desde el jueves la que da la bienvenida a la página web de la Procuración General, con un texto que anuncia que no piensa presentar la renuncia. Así, con su mejor cara y trajecito impecable, la procuradora recibió en los últimos días, por medio de emisarios surtidos, el mensaje amenazante desde la orilla PRO: “Mejor que se vaya, porque se acerca una carnicería”. La decisión de la jefa de los fiscales de no dar el brazo a torcer, amparada en que la ley le da carácter vitalicio a su cargo, les pone el panorama complicado a los nuevos gobernantes, que tienen grandes diferencias internas sobre cuál es el camino a seguir: están los que piensan un decreto simple o uno de necesidad y urgencia para echarla sin más, los que quieren hacer juicio político, los que prefieren acotar el mandato por ley, hasta los que quieren esperar. Mientras dura la tensión, las ideas circulan, el debate crece, los expertos evalúan y opinan.
A pesar de que el cargo de Procurador/a General no es en Argentina de carácter político-partidario, algunos presidentes han intentado transformarlo en eso ejerciendo el apriete hecho y derecho sobre quien quisieran echar. Como hizo Carlos Menem con el fallecido Andrés D’Alessio a quien casualmente amenazó con echar por decreto. Pero el entonces Procurador resistía con el argumento de que ocupaba un cargo inamovible. Cuando, al final, le llevó la renuncia a Menem, le dijo que su último acto de servicio era aconsejarle que evitara pasar a la historia como el primer presidente civil desde 1862 que designaba a un procurador por decreto.
Es curioso el camino que tejen los hechos de la historia: el último que le aconsejó a D’Alessio que diera un paso al costado si no quería “incinerarse” fue el ex secretario de Justicia y ministro de Trabajo en el gobierno de Raúl Alfonsín, Ideler Tonelli, quien no descartaba la expulsión por decreto. Casualmente uno de sus hijos, Pablo Tonelli, hoy diputado del PRO es uno de los principales impulsores de propinar esa salida para Gils Carbó. Ya desde antes de que Macri ganara el ballottage, Tonelli decía que la Procuradora “es incompatible” con Cambiemos y la acusaba de ser parcial. Sugería que si no renunciaba se tomaría alguna decisión drástica.
La Constitución Nacional define al Ministerio Público como “un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”. Sus miembros, agrega, “gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal estipula que el cargo es vitalicio y que el mecanismo de remoción es el juicio político, el mismo que rige para los jueces de la Corte Suprema, con mayoría de dos tercios del Senado.
En Cambiemos son conscientes de que no tienen votos garantizados para destituir a Gils Carbó por juicio político, y hasta ahora tampoco nadie ha esgrimido públicamente argumentos que puedan sostenerlo. Mencionan generalidades, como acusarla estar alineada con el kirchnerismo y haber hecho designaciones arbitrarias. Por eso creció la hipótesis del decreto simple o el de necesidad de urgencia. Tonelli, en una idea que en algún momento estudió también Ernesto Sanz, plantearía que según la jurisprudencia de la Corte, el mecanismo de juicio político solo lo puede establecer la Constitución, por lo tanto si no está ahí, la ley que lo estipula sería inconstitucional.
La justificación de un DNU es más compleja porque responde a una facultad del Poder Ejecutivo de dictar normas en ausencia del Congreso o en situaciones de Emergencia. Una de las ideas que circulan en un sector de la gestión entrante es incluir la ley de Ministerio Público en un DNU más amplio pero que en definitiva establezca un mecanismo nuevo: ya sea que al procurador lo remueva el Ejecutivo o se lo pueda remover con mayoría simple en lugar de dos tercios; ya sea que se le ponga a su mandato un plazo acotado y se le recorten funciones. El futuro Ministro de Justicia, Germán Garavano, tiene una reforma ya pensada para la ley que regula a la Procuración y la función de las fiscalías, pero es reticente a propiciar que salga por decreto. Su plan indica un mandato de cuatro años, no reelegible, con facultades acotadas. Por ejemplo, a su ver las designaciones de fiscales tendrían que pasar al Consejo de la Magistratura, lo que variopintos juristas cuestionan.
La jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco fue una de las primeras en decir públicamente que “el juicio político es la única vía para que Alejandra Gils Carbó deje su cargo”. El ex juez supremo Raúl Zaffaroni señaló que “Gils Carbó tiene las mismas garantías que un juez de la Corte”. En su blog “No hay derecho” el jurista Alberto Bovino señala un razonamiento básico: “Es impensable que el texto constitucional mencione la independencia del Ministerio Público, las inmunidades funcionales de sus miembros, la intangibilidad de sus remuneraciones y que, al mismo tiempo, deje al humor y voluntad del presidente la decisión de remover de su cargo al quien dirige el Ministerio Público Fiscal”. El especialista discute con otro blog, llamado Todo sobre la Corte, que dice (con la firma de Valentín Thury Cornejo) que “tanto la inamovilidad en el cargo como el mecanismo de remoción limitado a las causales procedimiento de juicio político no están previstos en el plan constitucional y son discutibles desde el punto de vista republicano”. De eso se deduce que para correr a un procurador se podría recurrir a otros métodos. Por eso Bovino responde desde su página que no tiene dudas de que la única interpretación posible del artículo 120 de la Constitución es que la procuradora “goza de estabilidad en su cargo y, además, podría ser destituida por juicio político o por algún otro proceso constitucional que debe ser regulado por ley”. El artículo 75 de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, precisa, fija “la estabilidad en el cargo hasta los 75 años y la remoción del procurador general por juicio político”.
En una línea similar el constitucionalista Gustavo Arballo dice que “una remoción directa por decreto está fuera del margen de discusión por su incompatibilidad con la Constitución Nacional que garantiza autonomía al Ministerio Público”. “Sí puede quedar dentro del alcance menos controvertible de un decreto hacer, vía DNU, una reforma a la Ley de Ministerio Público que redefina las funciones de la Procuradora o una reforma que sustituya el mecanismo de remoción por otro distinto que no sea el juicio político. Pero esta opción no está exenta de problemas constitucionales, porque no puede soslayarse por esa vía la autonomía en cuestión”. Para destituir al procurador, explica Arballo, hacen falta “cargos concretos, de mal desempeño o delitos, y debe ser un proceso que no esté digitado por el Poder Ejecutivo”. “Y si aceptamos que la cúpula de la Procuración queda a tiro de decreto de un presidente, también fiscal común lo estará, y las consecuencias son obvias y graves”, agrega.
Por esa senda Gils Carbó alertó el jueves último: “Se quieren llevar puesta la estabilidad de todos los fiscales y a todos los defensores”. No lo dijo en ningún medio sino ante una multitud de fiscales, en la reunión anual. Ahí también calificó los rumores de sacarla del cargo por decreto y/o ley como un “golpe institucional”. Y aseguró: “Esta procuradora no va a renunciar a su cargo”. Sus colaboradores se anticipan y preparan una estrategia jurídica de respuesta y con alcance internacional.
La Corte Suprema tiene dicho algo en un caso semejante al del Gils Carbó, ya que le ordenó al gobierno de Santa Cruz en 2009 que restituya al procurador general de la provincia, Eduardo Sosa, quien había sido separado de su cargo catorce años antes, cuando Néstor Kirchner era gobernador. La historia fue refrescada estos días en las redes sociales Andrea Pochak, que era su abogada por el Centro de Estudios Legales y Sociales. A Sosa lo cesantearon cuando la legislatura local aprobó una ley que escindía el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, que estaban unificados. El ex funcionario decía que lo habían echado porque no era funcional al poder político –paradójicamente el kirchnerismo– y los jueces de la Corte fueron taxativos en su objetivo de “ratificar la garantía de inamovilidad” y asegurar “el mantenimiento del sistema republicano de gobierno a nivel local”. “Se deben respetar los mecanismos institucionales, no se pueden alterar las reglas del juego en la mitad del mandato”, dice Pochak, actual directora de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal. “Los fiscales desempeñan funciones judiciales y la independencia judicial es un derecho de la sociedad”, afirma.
Sosa tuvo fallos favorables de la Corte desde 1998, que la provincia se negó a ejecutar. Llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y al final desistió de seguir la pelea, que en el plano judicial tenía ganada, pero que había perdido hace mucho en el plano político.
La avidez política alrededor del cargo que hoy ocupa Gils Carbó, responde a un amplio abanico de cuestiones. Hoy el Ministerio Público es una estructura inmensa que se proyecta sobre todo el país. Gils Carbó rediseñó el viejo esquema, que reducía las actividades del procurador a apelar ante la Corte, y su gestión desarticuló a viejos nichos de poder concentrado y de manejo de causas que se gestaron en la época del menemismo. Esto desató malestar en la vieja guardia, muy representada en los tribunales federales porteños, que le endilgan arbitrariedad en la selección de fiscales y la articulación de procuradurías, entre otras cosas. Por otro lado, la reforma procesal penal dará mucho poder de investigación a las fiscalías, por sobre los juzgados, si se aplica tal como fue aprobada el año pasado. Deberían ser, además, un contrapeso de las fuerzas policiales. Por todo esto, cuando Mauricio Macri sale a pedir de viva voz la “cabeza” de la procuradora, está gritando mucho más que un nombre que quiere asociar al gobierno que termina.
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