El país|Martes, 2 de diciembre de 2003

Por Raúl Kollmann

Este jueves, después de la declaración de Cristina Fernández de Kirchner, quedará prácticamente finalizado el juicio oral por el atentado contra la AMIA. Un dato podría conmocionar el caso: los fiscales del juicio oral, Alberto Nisman y Miguel Angel Romero, evalúan no acusar por el atentado a los policías bonaerenses imputados en el proceso. Los fiscales sí los acusarían por los delitos de extorsión que quedaron nítidamente probados en el juicio y hasta podrían pedir por esos delitos penas que rondarían los 20 años de prisión para el ex comisario Juan José Ribelli y los demás uniformados. Pero respecto de la eventual complicidad de los policías con el atentado, los fiscales sopesarán las evidencias, aunque hasta el momento no encontrarían elementos para fundamentar la acusación. Un criterio semejante mantendrían también los familiares agrupados en Memoria Activa: “Si no hay elementos, no acusaremos”. Distinto es el caso de Carlos Telleldín: los fiscales efectivamente van a acusar al Enano, como le dicen a Telleldín, como cómplice del atentado. Desde la cárcel, el armador de autos truchos anuncia una movida final –y según él, espectacular– para defenderse.
Si los fiscales deciden no acusar a los policías por el atentado, se concretará un durísimo golpe para la investigación que realizaron las fuerzas de seguridad y la SIDE durante el menemismo, con el juez Galeano a la cabeza. Es que los fiscales son los que tienen la misión de acusar y si ellos no encuentran los elementos para hacerlo, es casi imposible que un tribunal condene a los acusados. En Tribunales se dice que los fiscales consideran que algunas de las pruebas clave se cayeron. La declaración de Telleldín, por ejemplo, en la que sostuvo que le entregó la camioneta a los policías, perdió sustento al quedar claro en el juicio que le pagaron en forma clandestina para que dijera lo que dijo. Un estudio respecto de las llamadas telefónicas realizadas por Ribelli y sus secuaces también se cayó por cuanto la empresa de telefonía celular manifestó que hubo un error en el informe. Quedarían entonces tres pruebas centrales:
u Que Ribelli estuvo en la Triple Frontera antes del atentado.
u Que blanqueó en una escribanía 2 millones y medio de dólares.
u Que estuvo una mañana en el mismo hotel en que se alojaban los rescatistas israelíes que vinieron a colaborar después del atentado.
El gran problema sería que no hay pruebas de una relación de esos hechos con el atentado. Ribelli dice que estuvo de vacaciones en Iguazú y es difícil conseguir evidencia en contra de esa afirmación. Los 2 millones y medio de dólares pueden venir de la increíble corrupción en la que se movía el ex comisario, al punto que existen evaluaciones de que su fortuna suma más de 10 millones de dólares. Tampoco se consiguió evidencia que relacione su estadía en el hotel con la presencia de los socorristas israelíes.
Los fiscales harán una evaluación final de las pruebas, pero en principio no encuentran elementos suficientes para acusar a los policías por los atentados. Sin embargo, pedirán penas que podrían rondar los 20 años de prisión por las extorsiones que se probaron en el juicio: a Telleldín lo detuvieron dos veces para sacarle dinero.
Respecto de Telleldín, el elemento clave para acusarlo es que –según los fiscales– siempre mintió sobre la camioneta y nunca dijo con claridad a quién se la entregó ocho días antes de que ese mismo vehículo, convertido en coche bomba, estallara frente a la AMIA.

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