Investigadora del fenómeno piquetero, alerta sobre “la campaña que han montado la derecha y varios medios para instalar la imagen de una democracia jaqueada por los piqueteros”. Opina que es imposible resolver la tensión de las organizaciones piqueteras con el Estado sin salir del modelo neoliberal.
Por Irina Hauser
Maristella Svampa, socióloga, cree que hay una campaña que estigmatiza y simplifica al fenómeno piquetero con mala fe. Las clases medias, dice, encuentran en los desocupados organizados el fantasma de la decadencia. Autora, con Sebastián Pereyra, del libro Entre la ruta y el barrio, busca dar a conocer el trabajo comunitario y la dinámica asamblearia de muchos grupos piqueteros que hoy son minimizados. Svampa integra, además, la Red de Intelectuales, Artistas y Académicos (RIAA), autoconvocados este año ante las reiteradas respuestas represivas a los movimientos sociales. Alerta sobre un escenario de represión creciente a los piqueteros.
–¿A qué se refiere cuando habla de un discurso simplificador?
–Me parece inquietante la campaña que se ha montado desde varios medios y sectores políticos de derecha que intentan instalar la imagen de una democracia jaqueada por los piqueteros. Hay que dar vuelta el argumento: veinte años de democracia han dado cuenta de un despojo de derechos que la protesta piquetera vino a poner de manifiesto.
–¿La represión a los piqueteros, que la semana pasada volvió en Neuquén, es una política nacional o de gobiernos y policías provinciales? El Ejecutivo hizo esa distinción.
–Hay una lógica de acción provincial, más aún en un contexto de puja entre corrientes peronistas. Dentro del gobierno nacional, que no es un todo unívoco, hay diversas estrategias. Pero creo que se perfila un endurecimiento. El Gobierno parecía tener la intención de “encauzar” la protesta con poco para ofrecer: subsidios, favoritismo con los piqueteros más ligados a él y reactivando, al menos hasta hace un tiempo, el imaginario peronista de recomposición del campo popular con bases sociales movilizadas. Pero es imposible integrar o contener a los piqueteros sin abandonar el modelo neoliberal.
–¿Cómo interpreta la diferenciación que ha hecho el Gobierno entre una protesta “legítima” y otra “politizada”?
–Es falsa y aparece en todos los gobiernos. Al no responder a la demanda de trabajo, corren el eje y estigmatizan la protesta. Hay mala fe en esto.
–¿Se imagina alguna salida?
–Mi pronóstico es pesimista. Creo que nos encaminamos al endurecimiento del contexto represivo si no hay un replanteo del modelo económico, y peor si el movimiento piquetero queda aislado. Hay sectores altamente movilizados y, a la vez, una progresiva derechización. La relación entre las organizaciones piqueteras y el Estado es de extrema tensión y se complejiza ante la gran fragmentación que hay en los desocupados.
–¿Por qué se elige estigmatizar a los piqueteros?
–Eso se origina una demanda de “normalidad institucional” que recorre a ciertos sectores e involucra una peligrosa simplificación de los fenómenos sociales. El movimiento piquetero aparece como una alteridad amenazante, lo anormal, en la cual se proyecta el fantasma de la decadencia social. El ministro Aníbal Fernández mostró lo más oscuro de esa noción al decir, con un término irritante en este país, que los piqueteros deben “desaparecer”.
–¿Qué involucra ese reclamo de normalidad institucional?
–En el imaginario de las clases medias argentinas implica, además de integración social y transparencia, la idea de retorno a condiciones de vida perdidas. Pero hay que hacerse cargo: esta sociedad tendrá altos índices de desocupación y no volveremos a ser lo que éramos. Es positivo que los desocupados estén organizados y es un error deslegitimarlos, requieren apoyo de las clases medias y otros sectores políticos.
–¿Y qué quedó de la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”?
–Fue un momento de resonancia entre las clases medias y los sectores populares organizados, con un punto de inflexión en una marcha de 2002 en la que los piqueteros fueron recibidos por los comerciantes de Liniers y otro en la movilización por la represión del 26 de junio, cuando pese a las operaciones del Gobierno las clases medias salieron a la calle a repudiar el asesinato de Kosteki y Santillán.
–Hoy se los muestra como sectores sociales enfrentados. ¿Por qué?
–No es que estén enfrentados. Los piqueteros son desocupados organizados, actores políticos y sociales con exigencias. Su visibilidad sólo está garantizada por la protesta que, en forma de cortes de ruta, genera irritabilidad en los sectores que circulan en la ciudad. Y así aparecen las simplificaciones y comentarios de que no se sabe bien qué hacen con los planes sociales. Esto ocurre en una sociedad fragmentada, con universos autorreferenciales y clases medias muy ambivalentes.
–¿Cómo evalúa usted la política de distribución de subsidios sociales?
–Desde su origen los piqueteros demandaron trabajo. El gobierno menemista respondió con planes. Esa demanda se institucionalizó y da cuenta de las escasas posibilidades del modelo neoliberal de satisfacer el reclamo de trabajo. Hoy los planes son la única vía para la sobrevivencia. Ahora la política asistencial focalizada, de paliativos, es central en la relación con los sectores desfavorecidos, ya no se da vía sindicatos. Aun el Plan Jefas y Jefes consolida la política asistencial y, además, no es universal.
–¿Qué consecuencias tiene esta preeminencia del asistencialismo?
–El Estado neoliberal desarrolla estrategias de contención del conflicto social, sin que ninguna apunte verdaderamente a la integración o resolución de los reclamos. Y en la medida en que los sectores populares están cada vez más subsidiados queda abierta la puerta al clientelismo.
–¿Asistencialismo y clientelismo siempre van de la mano?
–No, hay que diferenciar entre quienes actúan como mediadores en la entrega de asistencia: una cosa es un agente de Cáritas, o las estructuras de punteros del PJ, otra son las organizaciones piqueteras. No comparten prácticas ni objetivos. Los piqueteros abrieron una brecha a través de la politización y la dinámica asamblearia. Muestran que es posible una reapropiación positiva de los subsidios, contra la teoría de monseñor Casaretto (titular de Cáritas) de que fomentan la vagancia. Han desarrollado un trabajo comunitario intenso y logrado cierta autonomía a partir del control de los recursos llevados al trabajo barrial y emprendimientos autogestivos productivos. Algunos replantean la cultura del trabajo. ¿Qué es esa cultura hoy, el trabajo flexible, el mal pago? Hablan de recuperarla con el desarrollo de la capacidad y la creatividad humana.
–¿Qué propondría usted para replantear la cultura del trabajo? ¿Dejar de pagar planes, multiplicar proyectos comunitarios, por ejemplo?
–Plantearía la cuestión en términos de derechos y el trabajo asalariado es uno de los fundamentales. Pienso en un ingreso universal ciudadano o una renta básica universal, que establezca un ingreso mínimo para toda la población desde donde se podría ejercer la ciudadanía hoy negada a un sector enorme. Es cierto que los planes sociales embarran esta posibilidad, pero también lo es que los piqueteros hacen esfuerzos por resignificarlos.
–¿Todos grupos piqueteros se relacionan igual con los subsidios?
–Muchos. Las diferencias entre organizaciones son de concepciones. Las autónomos, como el Movimiento Teresa Rodríguez, los MTD de la Aníbal Verón, hacen esfuerzos de democratización. La CCC también lo hace. Otros grupos, como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), de Luis D’Elía, y el Movimiento de Jubilados y Desocupados de Raúl Castells, tienen otro modelo de construcción política, con rasgos más movimientistas que asamblearios.
–¿Qué más disputan entre sí los piqueteros? ¿La alta fragmentación es sólo por diferentes concepciones?
–Siempre fue un movimiento muy heterogéneo. Las relaciones al interior fueron de negociación pero también de conflicto. Esto se expresó en dosasambleas piqueteras en 2001 que nuclearon a los grupos ligados a la matriz sindical (FTV y CCC), a los autónomos y a los ligados a partidos políticos. Ahí se vio la imposibilidad de articular una acción unitaria por los variados planteos estratégicos y por los diagnósticos que se hacían. No es un problema de planes sociales, eso cada uno lo negocia.
–¿Qué papel le cabe al Gobierno en la división entre organizaciones?
–Sin duda la alimenta, al desarrollar estrategias de cooptación, de negociación, estrategias que implican una amenaza de represión a través de la alusión al uso del Código Penal o la judicialización de la protesta.
–¿Qué lectura hace usted de esas oscilaciones del Gobierno?
–Les ocurre a todos los gobiernos en relación con los movimientos. Ahora veo una gran batería de estrategias en corto tiempo, hasta un intento por salir de la política represiva, pero con pocos recursos. Puestos de trabajo no hay. Los del Plan Manos a la Obra se ofrecen a los piqueteros afines.
–Aun dentro de políticas cooptación y negociación, ¿los piqueteros pueden “utilizar” al Estado a su favor y sostener su identidad?
–De hecho lo hicieron, al organizarse gracias a los recursos obtenidos. El desafío para ellos es consolidar el trabajo comunitario en barrios, profundizar la experiencia asamblearia y las de autogestión para potenciar la autonomía con respecto al Estado. Deberían abrir espacios de coordinación para atenuar la fragmentación y replantear los lazos con otros sectores sociales. El Gobierno, por su parte, debería salir de la matriz asistencialista y dar tratamiento al reclamo de derechos sin apelar a la estigmatización del fenómeno ni a la represión.
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