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Daniel Marchi, un contador de suma confianza del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se ocupará de ahora en más no sólo de los números sino de los “asuntos jurídicos” e “institucionales” del tribunal. Hasta el momento tenía a cargo, acorde a su especialidad, la Administración General (sueldos, partidas presupuestarias, declaraciones juradas de bienes, obra social, entre otras cosas) pero la semana pasada una acordada suprema de felices fiestas le otorgó una megasecretaría que incluye desde la asesoría jurídica, el Cuerpo de Auditores y la Unidad de juicios de Lesa Humanidad hasta la coordinación de ámbitos como la Comisión interpoderes. En el mismo paquete de decisiones, la (mini mini) Corte elevó la Dirección de Comunicación al rango de Secretaría de Comunicación y gobierno abierto, con lo cual su titular, la periodista María Bourdin, pasa a tener el puesto de secretaria de Corte que es equivalente al de un juez de Cámara. Dos semanas antes, todavía con la participación de Carlos Fayt, los jueces firmaron otra acordada que habilita la contratación de aviones privados para hacer más llevaderos sus traslados, algo inédito en el Palacio de Justicia. La justificación es que hay lugares donde no llegan los vuelos comerciales, o que puede haber motivos de “urgencia o institucionales”.
La excusa para crear una secretaría superpoderosa en manos de Marchi es que está a punto de jubilarse Alfredo Kraut, quien dirige la Secretaría General de Gestión, creada en 2008. Según los términos de la Corte será “suprimida” a fin de mes mientras sus funciones quedarán absorbidas por la Administración. Kraut y Lorenzetti guardan una amistad de muchos años. Cuando el supremo tenía todavía su estudio en Rafaela, antes de llegar a la Corte en 2004, llevaban juntos algunos juicios civiles en Buenos Aires. Marchi llegó hace casi ocho años a la Corte con un cargo equivalente al de camarista después de haber sido secretario de Hacienda de Jorge Obeid. También tiene un lazo histórico con el presidente supremo, con quien en Rafaela daban asesoramiento a sindicatos, cada uno con su especialidad, él como contador, Lorenzetti como abogado experto en contratos.
A la tarea que tenía hasta ahora de administrar el millonario presupuesto de la Corte (que hoy es de 5.282.216.656 pesos), Marchi sumará funciones judiciales. No es que en la planta de 3500 personas que dependen de la Corte falten abogados. Es una decisión política, antes de que desembarquen nuevos jueces en el tribunal que pudieran licuar el poder que concentró y cosechó Lorenzetti y que comparte con unos pocos de su pequeño entorno. Del contador Marchi dependerán la Dirección de Jurídica General y otra de Relaciones institucionales, la Biblioteca, la dirección de notificaciones, la de subastas y el Archivo General del Poder Judicial. La primera incluye la mesa de entradas, asesoría jurídica y el cuerpo de auditores (que fiscalizan a la propia Corte) a su vez estará dirigida por Luis Sebastián Clérici, quien trabajaba con Kraut. La segunda, tendrá como cabeza a Fernando Sagarna, de reciente llegada a la Corte después de colaborar en la redacción de Código Civil y Comercial, quien se ocupará de la relación con los tribunales y con otros poderes y de la unidad de juicios por crímenes de lesa humanidad.
La acordada que determina todo esto justifica la decisión en el objetivo de “modernización y reorganización del Poder Judicial”. Algo similar alega la que le da a la Dirección de Comunicación la jerarquía de Secretaría, de la que dependen el área de Prensa y el Centro de Información Judicial (CIJ), una agencia de noticias que publica fallos judiciales y que promociona las posturas y actividades no sólo de la Corte sino de organizaciones emblemáticas de la corporación judicial, como la Asociación de Magistrados, además de difundir las visitas de Lorenzetti a universidades, entidades del mundo empresario y medios de comunicación afines. El texto dice que se trata de “reforzar” una política de Estado de “apertura informativa” que tuvo la Corte en los últimos años. Promovida al rango de camarista, sigue a cargo de este sector la periodista y abogada María Bourdin, quien trabajaba en C5N y llegó a la Corte de la mano de Daniel Hadad. El cargo de camarista es el más alto en la escala jerárquica judicial debajo de los jueces de la Corte. Los camaristas tienen ingresos que rondan los 120 mil pesos.
Estos movimientos causaron mucho malhumor en el empleados, secretarios y funcionarios supremos que intentan hace años un ascenso. Pero no es frecuente que el tribunal promueva a su gente. Tampoco llama a concurso para habilitar el ingreso democrático que se estableció por ley. Los puestos y secretarías nuevos son ocupados, a menudo, por allegados a las autoridades supremas. En la secretaría de Justicia Ambiental creada el año pasado, fue designado Néstor Cafferata, cercano a Lorenzetti. En la Secretaría de Relaciones del Consumo, fundada el 9 de diciembre último, fue nombrada la “Elenita” Nolasco, hija de Elena Highton de Nolasco, quien hasta ahora trabajaba en la vocalía de Lorenzetti. El reglamento para la Justicia prohíbe el nepotismo (con la designación de parientes), pero en este caso el tribunal evaluó que no había una dependencia directa de funciones.
La intención de perpetuidad en el domino de la Corte por parte de Lorenzetti quedó a la vista en abril de este año, cuando decidió hacer una elección de autoridades ocho meses anticipada para lograr su re-re-re-reelección. La reciente designación de dos jueces en comisión fue una sorpresa ingrata para Lorenzetti, por más que pueda tener afinidad con alguno de ellos (ver recuadro) y enseguida se puso a rearmar su propio tablero, reforzando áreas claves con las personas de su mayor confianza.
La acordada que estableció que se pueden contratar vuelos privados fue anterior a la entrada de dos supremos por la ventana, y es una de las muestras más despiadadas de que todo es posible en la Corte. Fue firmada antes de que se fuera Fayt, quien evidentemente ya no necesita viajar, y de hecho hace tiempo lo más lejos que iba era Cariló los fines de semana. Dice el texto de la acordada: “Que se advierte la necesidad de traslados de los señores ministros a diversos puntos del país donde no se cuenta con vuelos comerciales o que, contando con ellos, no resultan adecuadas las frecuencias, se necesita realizar viajes adicionales desde la ciudad de aterrizaje al destino, por motivos de urgencia y/o institucionales. Que en tales situaciones teniendo en cuenta el informe de la Subdirección de Seguridad de este Alto Tribunal tendiente garantizar un traslado seguro oportuno de los señores ministros”.
Es cierto que algunos jueces de la Corte, como Lorenzetti, viajan bastante. Pero la mayoría de las travesías de los supremos no responden a cuestiones institucionales y se supone que las solventan por su cuenta. Los viajes que atañen al tribunal son las llamadas “visitas de zona”, por las que cada juez tiene asignado un grupo de provincias a donde van a ver in situ la situación del Poder Judicial. Esas visitas se hacen una vez al año. Por lo demás, algunos se van los fines de semana a sus ciudades de origen. Maqueda a Córdoba, donde hay una frecuencia inmensa de vuelos, y tiene aeropuerto internacional. Lorenzetti a Rafaela, ciudad santafesina que no tiene aeropuerto. Highton viaja muy cada tanto a Miami a ver su hijo. Desde los 90, la Corte ha dispuesto a piacere de los autos de lujo secuestrados en causas de narcotráfico, pero el pago de aviones privados sí que es una verdadera novedad.
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