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La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ofreció una conferencia de prensa para responder a la primera crisis que le toca a sólo 17 días de haber asumido. La fuga de una cárcel de máxima seguridad de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez puso a todo su gobierno en alerta roja. Vidal prometió denuncias penales para quienes serían cómplices de la fuga y vinculó este escape a la voluntad expresada por el presidente Mauricio Macri de combatir el narcotráfico. También lo relacionó con los planes para declarar la emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. “La fuga es una consecuencia y un costo de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico que inició este gobierno desde el primer día. No los voy a defraudar”, indicó Vidal, quien se cruzó por este tema con el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández.
El ex funcionario responsabilizó a las autoridades bonaerenses por la fuga y recordó la denuncia que hizo uno de los prófugos, Martín Lanatta, en plena campaña por la gobernación. “Más vale que los capturen vivos y vuelvan a la cárcel porque, si no, los responsables serán Vidal y Ritondo”, tuiteó Fernández. Vidal le pidió que se llamara a silencio (ver aparte).
“El narcotráfico ha penetrado en la política”, sostuvo la gobernadora, sin dar nombres. “Nosotros no somos parte de eso, pero cualquiera que sí lo sea, sea del partido político que fuese, nos va a encontrar en la vereda de enfrente”, indicó. El Frente para la Victoria presentó un pedido de informes en el Senado bonaerense, en el que reclama a la gobernadora que dé precisiones sobre quiénes son los políticos vinculados con el narcotráfico.
La fuga de Victor Schillaci, Cristian y Martín Lanatta, que salieron caminando de la cárcel de General Alvear, obligó al gobierno de Vidal a lanzar una batería de medidas. La primera que dispuso la mandataria fue descabezar al Servicio Penitenciario Bonaerense y a las autoridades de ese penal. También ofreció una recompensa de dos millones de pesos por datos del paradero de los prófugos y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, coordinó tareas con su par nacional, Patricia Bullrich.
Hasta ayer, buscaban a los fugitivos en los lugares más habituales: allanaron las casas de sus familiares, secuestraron celulares, peritaron una camioneta negra Hillux similar a la que se vio en una cámara de seguridad momentos después de la fuga. En el proceso, detuvieron al familiar de uno de los prófugos que –según la versión oficial– se resistió a que se llevaran la camioneta. También se está analizando la activación de celulares en las celdas de la zona del escape. Además, pidieron la captura internacional a Interpol. “Con los allanamientos, se están encontrando algunos resultados. Seguimos trabajando fuertemente a partir del trabajo que se hace con las líneas telefónicas”, dijo Ritondo. En tanto, desde el gobierno provincial se empezó a hablar no sólo de sumarios administrativos, sino de denuncias penales, aunque no especificaron quiénes estarán alcanzados.
En la conferencia de prensa, Vidal afirmó que “hubo complicidad de parte del Servicio Penitenciario Bonaerense. Eso lo sabemos todos”. “Hoy (por ayer) firmé el decreto que dejó cesante a la ex jefa del SPB a raíz de la fuga”, indicó sobre Florencia Piermarini, quien había intentado renunciar el 23 de diciembre –antes de la fuga– pero no le aceptaron la renuncia. Ayer se sumó la intervención del penal del que se escaparon, además de la asunción del nuevo jefe, Fernando Díaz. “Vamos a llevar adelante denuncias penales. No sólo sumarios administrativos, este es un caso de mucha gravedad y todos aquellos civiles o parte del Servicio Penitenciario que estén involucrados, van a ser denunciados penalmente por nosotros. El que tenga que pagar, que pague”, dijo Vidal. La secundaban Ritondo, el vicegobernador Daniel Salvador, y el ministro de Justicia, Carlos Mahiques.
Vidal hizo una lectura de la fuga que evita hablar de sus responsabilidades políticas: “Es una consecuencia y un costo de los mensajes que enviamos desde el primer día que llegamos a este gobierno: el primero, no a la corrupción; el segundo, sí a la lucha contra el narcotráfico”. Y consideró que van a surgir nuevas resistencias: “Las acciones que iniciamos desde el primer día tienen costos, tienen consecuencias. ¿O ustedes creen que cuando avancemos sobre las denuncias de corrupción de IOMA no va a pasar nada, o creen que cuando saquemos a los ñoquis de la política no va a pasar nada? Enfrentarse contra las mafias no es gratis”.
“Quiero darles un mensaje muy claro a todos los que crean que con el mensaje de ayer nos pueden amedrentar: no nos van a frenar. No vamos a parar, ni diciéndole no a la corrupción ni en la lucha contra el narcotráfico”, indicó. La gobernadora evitó hablar de la denuncia contra Fernández que había hecho uno de los prófugos y que el kirchnerismo se dedicó a recordar desde el primer momento.
El gobierno de Vidal envió la semana pasada un proyecto de ley para declarar la emergencia penitenciaria y confía en que hoy será aprobado por el Congreso provincial. En esa norma, le da amplias facultades a los ministerios de Justicia y de Seguridad para hacer cambios y reestructuraciones dentro del SPB, convocar a penitenciarios y policías bonaerenses en situación de retiro y, sobre todo, para hacer compras y contrataciones con menores controles que en una licitación normal. En particular, indicaron que comparán equipamiento tecnológico (cámaras, cercos perimetrales electrónicos, inhibidores de señal de celular) para las cárceles y buscarán ampliar la cantidad de plazas con la construcción de nuevas cárceles y alcaldías. También planean reestructurar el área de Asuntos Internos.
Esta ley que se avecinaba –imaginaban en el gobierno de Vidal– puede haber desatado una respuesta. “Esto es un vuelto”, insistían los funcionarios macristas bonaerenses. “No estaban acostumbrados a que los controlen. Hacían lo que querían”, buscaban convencer. Aseguraban que hay resistencia, por ejemplo, a que se corten las facultades discrecionales de los directores de penales para hacer compras. Algo similar intentaron en 2008 en el Gobierno de la Ciudad con los hospitales porteños cuando centralizaron las compras de suministros. Claro que no es lo mismo un director de hospital porteño que un jerarca de los penitenciarios bonaerenses.
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