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Un total de 62 allanamientos realizados en las últimas 48 horas evidencian que la búsqueda de los tres prófugos de la cárcel de General Alvear se parece mucho al lanzamiento de una gigantesca red para ver qué se pesca. No existe una operación precisa en la que haya datos más o menos certeros sobre dónde ubicar a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a Víctor Schillaci. Los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal dedican buena parte del tiempo a echarles la culpa a los supuestos apoyos de los escapados, incluyendo imputaciones a Aníbal Fernández, quien fue víctima electoral de los prófugos y no tendría ningún motivo para respaldarlos. También se hace una acusación general al narcotráfico, a la Policía Bonaerense o al Servicio Penitenciario sin que se hayan traducido en denuncias penales concretas.
Los allanamientos tienden a poner presión sobre familiares, ex familiares y supuestos amigos de los evadidos, pero también sobre otros que no tienen relación alguna con los prófugos. Están detenidos el ex referente de Hinchadas Argentinas Unidas, Marcelo Mallo, y su hija Brenda. Ambos dijeron que no conocen a ninguno de los tres prófugos y su abogado señaló que en la vivienda se encontraron tres armas, una de hace cien años, otra con papeles al día y sólo una de ellas con documentación a nombre de un amigo. El gobierno bonaerense, en cambio, exhibió fotos de ocho armas largas y quince de puño, pero luego aclaró que se encontraron en todos los allanamientos hechos hasta ahora.
La metodología de tirar perdigonadas incluye un despliegue espectacular de fuerzas federales en la zona de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, el sobrevuelo de helicópteros y el desplazamiento de jefes policiales de la Bonaerense, una movida que actúa como una amenaza sobre los demás oficiales de la fuerza: si no encuentran a los prófugos rodarán más cabezas. Por ahora hay pocas cosas comprobadas. Para los abogados de los Lanatta, no está del todo claro si ellos participaron del tiroteo de Ranchos, si efectivamente fueron a ver a la ex suegra o si la camioneta quemada era de ellos. Lo cierto es que transcurridos ocho días la recaptura no se concretó.
Quienes conocen a los prófugos sostienen que los individuos salieron de la cárcel y pasaron a recaudar lo que consideraban suyo: dinero y vehículos de delitos anteriores. Eso es lo que explicaría su raid por la zona en la que se criaron y en la que tuvieron influencia.
También se menciona que Martín Lanatta siempre gestionó permisos de portación de armas en el Registro Nacional de Armas (Renar) para caza y tiro, lo que lo convierte en un conocedor de los campos cercanos a Ranchos y que tal vez ese haya sido el motivo por el cual estuvieron por allí cuando se produjo el tiroteo.
Todo eso parece haber transcurrido hasta el 31 de diciembre. El hecho objetivo es que no hay ningún hecho que acredite una aparición de los escapados en una zona u otra durante las últimas cuatro jornadas. Podría indicar que ya no están allí o que optaron por no moverse más y mantenerse ocultos hasta que “baje el ruido”, como dicen en el argot del delito.
Los gobiernos nacional y bonaerense dedicaron parte de sus esfuerzos a repartir culpas. El blanco favorito viene siendo el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, algo inexplicable si se tiene en cuenta que los Lanatta protagonizaron una notoria operación política destinada a perjudicar al quilmeño a través de una entrevista en que lo vincularon con la efedrina. No se entiende por qué Fernández o cualquier persona vinculada a él los estaría ayudando ahora.
En esa línea, se trató de exhibir la detención de Marcelo Mallo como otro golpe contra Fernández, ya que hubo medios que se ocuparon de enfatizar la supuesta vinculación entre el ex líder de Hinchadas Unidas y el ex jefe de Gabinete. En el cóctel se incluyó que a Mallo se le encontraron armas y que estaba vinculado con los prófugos.
Según acreditó el abogado José Novello ante el fiscal Mariano Sibuet, en el domicilio de Mallo había tres armas: una de colección, de principios del siglo XX; una pistola 357 registrada en el Renar y una pistola calibre 40 que Mallo estaba por comprar, propiedad de un amigo que presentó la documentación. No faltó el canal de noticias que exhibió un total de 23 armas argumentando que eran de Mallo, algo que terminó desmentido.
El ex barra declaró ante el fiscal que no conoce a Martín Lanatta ni a su hermano Cristian ni a Víctor Schillaci, que nunca los vio ni habló con ellos. Respecto de El Faraón, Marcelo Melnyk, amigo de Lanatta, Mallo declaró que una vez hace cuatro años fue a comer a una de sus pizzerías y que no sabe quién es.
Para redondear, la esposa de Mallo aclaró que en la última década no tuvo relación con Aníbal Fernández y que, por el contrario, militó en la campaña electoral para el otro candidato del FpV, Julián Domínguez.
En el reparto de culpas figuró el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde parece haber una nítida complicidad con la huida del penal de General Alvear. Lo concreto es que la gobernadora no le dio demasiada importancia al SPB ya que, pese a que Cambiemos ganó el gobierno provincial el 25 de octubre, el 10 de diciembre no tenía nadie asignado para asumir el cargo de inmediato. La anterior titular, Florencia Piermarini, tuvo que renunciar tres veces para que se decidiera su reemplazo por Fernando Sánchez, curiosamente un quilmeño, que ya tuvo a su cargo el SPB cuando se produjo el incendio y la muerte de 32 presos en Magdalena. Como se vio, el SPB no era una fuerza para descuidar: está a cargo de 55 penales y custodia 30 mil presos. Siempre es foco de conflicto y más todavía a fin de año.
Por supuesto, en la mira quedó también la Policía Bonaerense: “Hay complicidades con los Lanatta”, dijeron desde el gobierno provincial. El hecho concreto es que durante el fin de semana fue destituida la cúpula de la Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, porque permitió que los escapados anduvieran por la zona sin que se los pudiera detener. La medida seguramente tuvo el objetivo de advertirles a todos los uniformados de la fuerza que debían encontrar a los fugitivos, caso contrario serían desplazados más jefes. La primera declaración de Vidal, cuando asumió, fue de elogio a la Bonaerense, en línea con la ideología del macrismo: en lugar de señalar que se necesita un estricto control de los uniformados, se sostiene que la falla es que “nunca hubo apoyos para los policías”.
Durante la mañana de ayer, desde Mar del Plata, el presidente Macri acusó de la situación al narcotráfico, le echó la culpa al kirchnerismo y hasta pidió que no lo dejaran solo. El diagnóstico significa adjudicar el escape a una gigantesca y aceitada organización, algo que no se ve en este caso: una fuga que sólo tuvo como obstáculo a dos o tres penitenciarios, recurrió a ex suegras y amigos para juntar dinero y que no partió para ninguna frontera o playa de inmediato, sino que tuvo que dedicar unos días a andar por sus barrios de origen para reunir los fondos.
Uno de los abogados de los Lanatta, Daniel Mazzocchini, puso todo en duda.
Para él no está claro que los prófugos hayan sido quienes les dispararon a los policías en Ranchos. Lo mismo opina la defensora de Schillaci, Elizabeth Gasaro. El fiscal de Coronel Brandsen, Mariano Sibuet, fue cauto y ayer no confirmó que los Lanatta o Schillaci hubieran estado en la camioneta que frenó el retén. Para el ministro Cristian Ritondo, en cambio, no hay dudas: los prófugos fueron los que dispararon.
Para Mazzocchini no está comprobada la presencia de Lanatta en la casa de su ex suegra. La mujer, sin embargo, hizo la denuncia.
Para Mazzocchini tampoco está claro que la camioneta quemada en la zona de Bosques fuera la usada en la fuga y el tiroteo.
Por ahora no hubo explicación detallada de Ritondo o de los dos fiscales sobre los elementos que hay en el expediente y que prueban lo ocurrido. Respecto del tiroteo, la policía Lucrecia Yudati, habría declarado que los que dispararon fueron los Lanatta, pero, por la oscuridad, no parece prueba suficiente. Hasta el momento, por ejemplo, nadie sabe de dónde salió la camioneta Ford Ranger con la que se movieron los prófugos y no está claro si es el mismo vehículo con el que huyeron de General Alvear.
A más de una semana de la fuga, los últimos tres días parecen indicar que se perdieron los vestigios de los prófugos. Si hubo 62 allanamientos significa que no se sabe bien dónde están y que se trata de operaciones de presión sobre las familias, los allegados o incluso los desconocidos. Vecinos de Quilmes relatan que la zona está super-saturada de fuerzas de seguridad, principalmente gendarmes, policías federales o policías de seguridad aeroportuaria. Son movimientos gruesos que no son producto de información ni de precisiones sino de la búsqueda de alguna pista o que, por aislamiento o desesperación, los prófugos cometan algún error y caigan en una redada. La convergencia de tantas fuerzas en un mismo territorio produce situaciones que no son de fácil manejo. Una versión no desmentida señaló que el domingo en la madrugada, en el Parque Pereyra Iraola, hubo un tiroteo por error entre gendarmes y policías.
La lógica indica que, finalmente, el despliegue de recursos en materia de seguridad producirá la recaptura. Alguien aportará un dato, pesarán los dos millones de pesos de recompensa o los prófugos cometerán un error. No faltan los que vaticinan que terminarán entregándose. El punto nodal sigue siendo el del primer día: que no se esté creando el clima para que un tiroteo real o armado concluya con los prófugos muertos y silenciados para siempre.
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