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El país|Sábado, 16 de enero de 2016
PEDIDO DE LA RED POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En alerta tras los despidos en el Senado

La REDI solicitó al Gobierno “que revise profundamente su política de ajuste laboral”. Aunque los discapacitados cesanteados en la Cámara alta fueron reincorporados, la entidad repudió la “arbitrariedad de los despidos” y el incumplimiento de la ley de cupo.

Por Sonia Santoro
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Gabriela Michetti echó a los discapacitados del Senado y se vio obligada a reincorporarlos.
Por Sonia Santoro @

“Solicitamos al gobierno nacional que revise profundamente su política de ajuste en materia laboral, evite dañar derechos adquiridos y se comprometa seriamente en mejorar la situación sociolaboral de todas las personas, especialmente de quienes pertenecen al colectivo de personas con discapacidad.” El pedido de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad Asociación Civil (REDI) se conoció esta semana, luego de los despidos indiscriminados iniciados por el gobierno nacional.

La REDI expresó su “profundo rechazo” a los despidos que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri “ofreciendo argumentos afines con una política económica de ajuste y de desmantelamiento del Estado, que para el caso de trabajadores con discapacidad debieron ser revisadas porque resultaban contrarias a los derechos conquistados por este colectivo”.

“Nos enteramos de los despidos de los trabajadores del Senado por los medios. Si bien fueron reincorporados, dado que ellos están por cupo –y aparte de que era un disparate se iban a encontrar con una cantidad de amparos imposibles de parar–, consideramos que debíamos sacar un comunicado de repudio, por la falta de cumplimiento del cupo y a la arbitrariedad de los despidos”, dijo a Página/12 Ana Dones, de REDI.

En el documento, la organización recuerda además que:

- “La Ley Nacional 20.923 (una de las primeras leyes que derogó la última dictadura militar) fue la primera herramienta legal con la que contó el colectivo de personas con discapacidad para exigir el cumplimiento de la incorporación de trabajadores discapacitados, en empresas públicas y privadas. Actualmente, la Ley Nacional 22.431 sostiene lo que se conoce como ‘cupo laboral’, que resultó ganancia de la derogada ley anterior, y que expresa en alguna forma la lucha política y posterior desaparición de muchos compañeros con discapacidad que sólo buscaban integrarse a la sociedad.”

- Según informes de la Organización internacional del Trabajo (OIT) las personas con discapacidad se encuentran entre los grupos sociales con mayor tasa de desempleo.

- De acuerdo con distintos informes, incluyendo las últimas recomendaciones hechas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU) al Estado Argentino, nuestro país se encuentra lejos de cumplir con el “cupo laboral” u otras medidas de acción afirmativa que favorezcan el ingreso, permanencia, y expreso de personas con discapacidad en el mundo del trabajo.

En los últimos meses la red se expresó en varias oportunidades, incluso con este mismo reclamo. Previo al ballottage de noviembre, junto a diversas organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, manifestó que no estaban dispuestos “a retroceder o renunciar a los avances y derechos adquiridos”.

Las reservas de cupo laboral para personas con discapacidad en los concursos de planta permanente de la Administración Pública Nacional era uno de los derechos que planteaban como “irrenunciable”, entre distintas políticas que tienen que ver con un cambio de paradigma: pasar de ser objetos de caridad, asistencia o tratamiento, a ser sujetos de derecho. Entre esas medidas destacaban:

- la Asignación Universal por Hijo con discapacidad;

- el otorgamiento de más de un millón de pensiones no contributivas;

- los más de 1620 transportes institucionales accesibles;

- el transporte sin cargo urbano e interurbano para personas con discapacidad;

- la norma sobre protección a usuarios/as de servicios financieros que incluye adaptaciones específicas para personas con discapacidad;

- el Programa Conectar Igualdad, que incluye a estudiantes con discapacidad;

- la estatización de los fondos de la seguridad social y demás políticas de inclusión previsional que permitieron jubilarse a personas con discapacidad sin haber aportado;

- la prioridad en viviendas sociales y del Pro.Cre.Ar para personas con discapacidad;

- el juzgamiento y condena a los responsables de la última dictadura cívico-militar que torturó, desapareció y asesino a miles de personas entre ellos muchos compañeros con discapacidad;

- la creación mediante Decreto 1375/2011 del Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad, que recibió una mención especial entre las políticas públicas puestas en marcha por parte del Comité de Seguimiento de la CDPD, en setiembre de 2012.

La mayoría de esos avances y derechos se lograron en la última década, “en consonancia con el rol central que se le ha dado a los derechos humanos en general, pero su lucha data del siglo pasado”, explicó Dones.

Ahora, ante estos primeros gestos y actos del nuevo gobierno, REDI sigue en “alerta”.

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