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El Gobierno está tan ocupado en construir el relato épico de la Cruzada contra los narcos que ni siquiera pudo disfrutar un éxito sensato como la captura de tres presos después de solo 15 días. El último episodio fue el paso a la historia del secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, autor de la Epopeya de Santa Fe. El video casero que mostró el jueves como algo grave, gravedad que el propio Burzaco debió rectificar después, exhibía la imagen de un peligroso narco que terminó siendo un lugareño y un rodado que no era una Hummer del Cartel de Juárez sino un cascajo capaz de tolerar rutas miserables. En la Epopeya de Santa Fe el ex gobernador Arturo Bonfatti vendría a ser, para Cambiemos, el Chapo Guzmán. Están disponibles, por ahora, los papeles del actor Sean Penn y de la actriz Kate del Castillo, que le pusieron el toque bizarro a la captura del capo mexicano.
La unión de los argentinos, pobreza cero y la lucha contra el narcotráfico son las tres banderas de Macri. Pero Macri y sus funcionarios insisten más en la última. Quizás lo decidió Jaime Durán Barba, alentado por el triunfo de María Eugenia Vidal en Buenos Aires. Quizás, simplemente, la fuga de los hermanos Lanatta y de Víctor Schillaci le impuso al Gobierno un trabajo que su equipo de comunicación trató a toda costa de convertir en hazaña.
El 27 de septiembre Página/12 reveló el contenido de un documento sobre la cuestión de las drogas firmado por una pluralidad inusual de voces. Entre otros figuraban Beatriz Sarlo, Luis Moreno Ocampo y los ex funcionarios kirchneristas León Carlos Arslanian, Luis Tibiletti y Ernesto López. También el radical Jesús Rodríguez, de Cambiemos, y José Octavio Bordón, a quien Macri postularía luego como su embajador en Chile. Uno de los artífices de la iniciativa fue el experto en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian, convocado a la Casa Rosada en diciembre junto a otro grupo de intelectuales. El documento puede leerse completo en http://bit.ly/1iC9IG0. Dice que el país ignora lo que ocurre por falta de un diagnóstico integral. Explica el texto: “Por diagnóstico integral entendemos la existencia y disposición en todos los niveles del Estado de un conocimiento institucional exhaustivo, sistemático y actualizado del fenómeno de las drogas. Ese no es el caso de nuestro país donde desgraciadamente ha prevalecido la presunción, la intuición y la improvisación en la materia. Urge que cualquiera sea el gobierno que asuma el 10 de diciembre, éste se aboque a llevar adelante estudios e informes rigurosos y basados en la evidencia en torno de las drogas, a coordinar su socialización en todo el aparato estatal y a divulgarlo al conjunto de la sociedad para concitar su legitimización”.
Los informes rigurosos aún no aparecieron. Al mismo tiempo todos los funcionarios parecen empeñarse en quedar bien o con la sociedad o con el Presidente.
Antes de la Epopeya de Santa Fe y su etapa anterior, el anuncio oficial de la recaptura de tres prófugos que eran solo uno, ocurrió la Gesta de Buenos Aires, que también tuvo su cuota de sobreactuación.
El primer blooper lo protagonizó el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, cuando dijo: “Los tenemos cercados”. Como se sabe, el cerco no incluía la casa de la ex suegra de Cristian Lanatta. Después Ritondo admitió que tal vez su expresión había sido un error. Tal vez. Y en privado dirigentes del macrismo provincial aceptaron que tal vez anunciar la emergencia penitenciaria y no descabezar antes el Servicio Penitenciario Bonaerense había sido otro error. Tal vez.
Como en la tele, es bueno gozar del culebrón pero sería tonto quedarse con su parte divertida y con las chicanas a los funcionarios.
Parte del relato oficial es que un grupo de políticos inocentes se encontró con un desmadre que no conocía. Eso siempre pasa: nadie sabe todo lo que hay en el área del Estado donde empieza a trabajar hasta que no se sienta en el sillón.
Pero Ritondo no es un imberbe. Tomó el Ministerio de Seguridad provincial a los 49 años, no a los 19, y además de la política porteña su CV nacional es vasto. En 2001 fue viceministro del Interior con el fugaz presidente Ramón Puerta, un buen amigo de Macri que acaba de ser postulado como embajador en España, y con Eduardo Duhalde. Ritondo fue durante muchos años la mano derecha de Miguel Angel Toma, el secretario de Seguridad de Carlos Menem y de Inteligencia de Duhalde que colabora con Macri en la nueva política. Conoce lo que él mismo llama el submundo del Gran Buenos Aires, que en parte se forma con barras bravas multipropósito, porque es vocal de Independiente. Al submundo porteño lo conocía por sus relaciones con la barra brava de Nueva Chicago.
Tampoco puede alegar desconocimiento de la Policía Bonaerense porque fue Ritondo quien sugirió a Vidal la designación como jefe de Pablo Bressi. El comisario Bressi se hizo famoso en 1999 como negociador de la toma del Banco Nación, sucursal Ramallo. La toma terminó con dos rehenes muertos y el asesinato de uno de los secuestradores en su celda de la comisaría 2. Bressi llegó a ser superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Bonaerense, de donde pasó a la jefatura. El 15 de noviembre último Horacio Verbitsky publicó en este diario la historia de Bressi. También sus relaciones especiales con la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos que participa de la regulación de la oferta global de drogas porque le resulta más simple que bajar la demanda de cocaína y drogas sintéticas en el principal mercado del mundo. La nota de Página/12 informaba que Bressi era el candidato de Ritondo. Con solo mirar las fechas queda claro que la primicia fue pública casi un mes antes del recambio de autoridades. Aun así Bressi llegó a la jefatura y no la perdió después de la Gesta de Buenos Aires.
La Cruzada contra el narco sin diagnóstico ni plan presenta para el Gobierno este tipo de contradicciones que quedan más acá del blooper. Si es verdad que en la Argentina aumentó la perforación del narco en el Estado nacional y en los Estados provinciales, tanto a nivel político como de fuerzas de seguridad, ¿la única excepción fue la Superintendencia de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Bonaerense? ¿Qué información recibió Vidal por parte de Ritondo sobre el narcotráfico en el Gran Buenos Aires? ¿La de Bressi? ¿La emanada de la DEA, una agencia que no dice la verdad ni a la Casa Blanca? ¿La de Alejandro Granados, intendente de Ezeiza y ministro de Seguridad de Daniel Scioli? ¿Información de Ricardo Casal, el ministro de Justicia de Daniel Scioli que estaba a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense, tampoco descabezado a tiempo? Sobre el SPB también sobra información pública. La Comisión Provincial por la Memoria investiga la situación carcelaria y la culpa de los carceleros y sus jefes, publica informes y desde 2002 cuenta con un Comité contra la Tortura que indaga en la condición de los sospechosos privados de su libertad en comisarías o cárceles. El 29 de diciembre la Comisión dijo que la declaración de una emergencia carcelaria no serviría, como a su juicio no sirvieron las medidas idénticas tomadas por los gobernadores Carlos Ruckauf, Felipe Solá y Daniel Scioli.
El ex fiscal Hugo Cañón, de la CPM, murió sin haber sido convocado por el nuevo Ejecutivo provincial para dar su opinión experta. Hasta ahora ocurre lo mismo con la Comisión en pleno, un organismo de integración plural que preside el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Es difícil que Pérez Esquivel rechace un convite abierto. Incluso aunque el gobierno provincial haya designado tras la Gesta de Buenos Aires al frente del SPB a Fernando Díaz, cuestionado en una nota de la Comisión. Díaz también viene de gestiones anteriores, en otra de las muestras de la crítica discursiva y la continuidad en los hechos que son, hasta el momento, las dos banderas de la Cruzada.
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