El país|Martes, 9 de diciembre de 2003

Por Martín Granovsky

El Estado nacional ya conocía la licitación y la contratación directa. Pero la Argentina es un país creativo: la conducción de la Gendarmería Nacional acaba de inaugurar una forma casi espontánea e informal de contratar servicios que no figura en ninguna norma del Estado y merecería figurar en el record de Carlos Grosso. Y lo hizo, además, nada menos que para inaugurar un polígono de tiro privado que lleva el mismo nombre del edificio donde está su sede, Centinela.
La Oficina Anticorrupción ya abrió un expediente por la concesión del polígono y en estos días estudia qué régimen aplicó la conducción de la Gendarmería para autorizar su explotación privada.
Los abogados de la OA comenzaron a trabajar por una presentación del ministro de Justicia, Gustavo Beliz, de quien dependen las fuerzas de seguridad como la Gendarmería. La fuerza también fue obligada por el ministro a presentarse en la Justicia, aunque optó por un subterfugio: no anuló el contrato antes de la inauguración en sede administrativa, como se dice en la jerga, o sea en la propia Gendarmería, sino que pidió al juez Martín Silva Garretón que examine si hubo “lesividad” en el contrato.
El director nacional es el comandante general Eduardo Luis González. El subdirector, el comandante Gerardo Cristian Chaumont. Los dos fueron designados durante este mandato de gobierno por sugerencia del secretario de Seguridad, Norberto Quantín.
Un alto funcionario del Gobierno dijo a Página/12 que de los dos, el más activo es Chaumont. Dos oficiales retirados de las fuerzas de seguridad agregaron que el ex director general Hugo Miranda había impulsado la licitación para el polígono, pero a último momento no aceptó las propuestas en danza. Entonces no refrendó el contrato.
Cuando Miranda pasó a retiro, en agosto de 2002, el sucesor, Néstor della Bianca, conoció de cerca el entusiasmo de Chaumont y adjudicó el polígono el 19 de noviembre de ese mismo año. Retirado Della Bianca, González continuó con el negocio. A esa altura Chaumont ya era número dos. Quien se adjudicó el polígono es Juan Carlos Luena, dueño de la armería La Navarra, de Cabildo al 200. Un negocio de La Navarra sobresale hoy no bien se entra al edificio del centro de tiro.
En crecimiento como rueda de auxilio de las policías, de la Federal e incluso de la Bonaerense, hacía mucho que la Gendarmería había resuelto contar con su propio polígono de tiro para entrenamiento propio. Estuvo a punto de concretar un emprendimiento conjunto con el Registro Nacional de Armas, el Renar, pero desistió a favor de un deseo más profundo: tercerizar el polígono, dando la concesión a un empresario. Si el país había conocido una escuela shopping, era incoherente privarse de un polígono a metros de Puerto Madero con bar, restaurante y armería.
La Gendarmería llamó dos veces a licitación, en el 2001. Pero incluso el segundo llamado fue declarado desierto. Los abogados que revisaron el expediente de la OA están extrañados por un misterio: la documentación no aclara por qué cayó la licitación dos veces y quiénes se habían presentado.
En ese punto aparece la vía de la adjudicación directa especial. Tan especial que no existe en ninguna norma del Estado. (Ver más información en estas páginas).
Ante esta oferta apareció Coracero SA, una firma que, al menos en el expediente de Gendarmería, no adjuntaba balances ni testimonios de antecedentes. Tampoco indicaba cuál era su respaldo bancario o financiero.
Los investigadores del Estado a cargo de examinar la concesión están intrigados porque en el expediente no aparece ningún aval del Grupo San Miguel SA, a pesar de que esta firma figuraba como socia de Coracero SA.
Tanto el Ministerio de Justicia como la OA constataron que en la lista de accionistas no figuraban los orígenes de los fondos, la disponibilidad de los grupos a aplicar más recursos, las actas del directorio que autorizaban la inversión o el plan de inversiones con un respaldo económico verificable.
El expediente tampoco incluyó el certificado de libre deuda de la AFIP.
La carta de intención está firmada por Juan Carlos Luena y una representante del Grupo San Miguel, Cecilia Bruno, a pesar de la ausencia del San Miguel en el expediente. Es decir que la Gendarmería aceptó una firma de una empresa que desconocía.
El texto de la carta prevé “una concesión de uso y explotación por diez años con opción a diez años más, la realización de los trabajos para finalizar la obra civil y completar al provisión, colocación y puesta en funcionamiento de un sistema integral para tiro, práctica, adiestramiento y entrenamiento, con y sin munición, para armas cortas y largas de grueso y bajo calibre y otros que permitan la realización de competencias, quedando las mejoras que se realicen a la finalización de la concesión para la Gendarmería Nacional, sin obligación de resarcimiento alguno”.
En la carta de intención no figuraba ningún anexo. Ni armerías, ni playas de estacionamiento, ni comercios, ni bares o restaurantes. En cambio el proceso de integración de socios se aceleraba y cobraba una notable fluidez.
En la propuesta original no figuraba la explotación del bar, por ejemplo, sino sólo su construcción. Pero ya en noviembre del 2002 Della Bianca firmaba un acuerdo con Luena en el que éste aparecía como presidente de Polígono El Centinela SA, de Santos Dumont 2393.
El expediente no registra antecedentes de El Centinela, y faltan los mismos detalles que en las sociedades anteriores. Y la otra novedad era que le daba a El Centinela SA la chance de “asociarse o no con terceros a los fines de brindar servicios especiales que requieran una experiencia y/o capacidad en la materia, como ser los servicios de Restaurante y Armería”.
Ninguna de las dos actividades figuraba en la concesión original.
Tampoco quedaban en claro los recaudos para elegir a los nuevos socios, con lo cual El Centinela SA añadiría una potestad más a sus poderes cada vez más discrecionales.
Una carta de Luena al comandante Della Bianca, aceptada por la Gendarmería sin ningún reparo ni demora, es una muestra del alegre espíritu ejecutivo que reinaba en las relaciones entre el concesionario y la fuerza.
El contrato es del 19 de noviembre del 2002 y llega hasta la foja 95.
Con esa misma fecha, en la foja 96 figura la carta de Luena a Della Bianca.
Dice textualmente: “Tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo del contrato de la referencia a efectos de poner en vuestro conocimiento que se ha considerado conveniente la incorporación de un nuevo accionista a Polígono El Centinela SA, titular del contrato de concesión. A tal efecto se ha desvinculado del paquete accionario a Grupo San Miguel SA y se incorporará un importante grupo económico de plaza. Esta incorporación, por la cual el nuevo accionista asume un compromiso de inversión de no menos de U$S 170.000 para el cumplimiento de las obras y el desarrollo de la primera etapa de concesión, asegurará el rápido cumplimiento de las inversiones comprometidas y una inmediata puesta en marcha. La conformación del paquete accionario de El Concedente a partir del ingreso del nuevo accionista será el siguiente: Coracero SA quedará con el 35 por ciento y 65 por ciento para el nuevo socio”.
Otra vez, el Estado quedaba como entregador de un servicio en instalaciones propias a una empresa de la que sólo conocía al presidente.El misterio –que en una novela policial es delicioso pero en un contrato público puede ser un delito– parecía agravarse porque la Gendarmería había ido autorizando cambios en esos servicios, sin respetar el contrato original.

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