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La declaración de la “emergencia de seguridad pública” rige desde ayer en todo el país, luego de que se publicara en el Boletín Oficial. El decreto incluye en uno de sus puntos más polémicos la posibilidad de derribo de aeronaves utilizadas por el narcotráfico, que fue calificada por la oposición como “una pena de muerte sin juicio”.
El decreto 228/2016 lleva las firmas de la vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia, Gabriela Michetti, y los ministros de Defensa, Julio Martínez, de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, de Seguridad, Patricia Bullrich, y del Interior, Rogelio Frigerio.
“Declárase la ‘emergencia de seguridad pública’ en la totalidad del territorio nacional con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado, que afecta a la República Argentina, por el término de 365 días corridos a partir de la publicación del presente, la que podrá ser prorrogada fundadamente”, ordena el decreto.
Entre otras cosas, la medida permite que el Ministerio de Seguridad convoque a personal retirado para prestar servicios y que se hagan contrataciones sin licitación.
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