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La victoria política que el gobierno nacional consiguió en la Cámara de Diputados puede repetirse en el Senado. Pese a que los bloques de Cambiemos están lejos incluso del quórum para sesionar en Diputados, el proyecto de ley del juez de Wall Street Thomas Griesa estuvo cerca de alcanzar un número mágico de votos afirmativos: le faltaron apenas tres para llegar a los dos tercios de los presentes. Las concesiones que hizo para ello fueron menores: un tope de 12.500 millones de dólares al nuevo endeudamiento para cancelar al contado lo que se acordó con los fondos buitre y pago condicionado a que la Cámara de Apelaciones estadounidense confirme el levantamiento de todas las medidas cautelares contra la Argentina. En el Senado, la situación es, en teoría, más complicada ya que el Frente para la Victoria tiene quórum propio, lo cual implica que sin un aporte sustantivo de ese bloque de 43 senadores no habría ley. Desde el principio la bancada que preside Miguel Pichetto anunció que se sentaría para dar número y permitir la sesión, pero hasta ahora no hizo saber cómo votaría. Y no lo hizo porque hasta hoy no lo sabe. Lo único seguro es que la sesión no se realizará esta semana, sino el 30 de marzo.
El oficialismo confía en repetir allí la votación de los diputados. Cuenta para ello con la relación de los gobernadores con los senadores de sus respectivas provincias, más estrecha que con los diputados. Pese a que desde la reforma constitucional de 1994 los senadores son elegidos por el voto directo y, en consecuencia, tan representantes del pueblo como los diputados, su comportamiento sigue regido por la lógica que imperaba cuando los designaban las legislaturas y se los consideraba la voz de las provincias en el Congreso. La semana pasada un grupo importante de diputados votó a contramano de lo que planteaban sus gobernadores, algo que no parece que vaya a repetirse en la otra cámara. Con el viento a favor de la media sanción, la Alianza Cambiemos confía en que no habrá deserciones en las filas propias y que abundarán en las ajenas. El Frente para la Victoria perdió 17 diputados a manos de la escisión que encabezó el hiperkirchnerista de ayer Diego Bossio, y otros cinco desertaron ya en la sesión. En la visita de los gobernadores al Senado, el último jueves, una amplia mayoría se pronunció a favor del proyecto oficial: todos los de Cambiemos, los del Peronismo Opositor Juan Schiaretti (Córdoba) y Mario Das Neves (Chubut) y el populista neuquino Omar Gutiérrez, que fue uno de los más entusiastas. Pero también un lote significativo de frentevictorianos y afines, encabezados por el romántico salteño Juan Manuel Urtubey, y que incluye a Hugo Passalacqua (de Misiones), la fueguina Rosana Bertone, el chaqueño Domingo Peppo, el riojano Sergio Casas, Alberto Weretilneck (de Río Negro), el sanjuanino Sergio Uñac, el entrerriano Gustavo Bordet y la catamarqueña Lucía Corpacci. En cambio se pronunciaron en contra Pablo González, vicegobernador de Alicia Kirchner en Santa Cruz, y el puntano Alberto Rodríguez Saá. Hicieron la Gran Solá el tucumano Juan Manzur, el formoseño Gildo Insfrán, el pampeano Carlos Verna y la santiagueña Claudia Ledesma Abdala, la única que no aporta dos senadores sino tres, ya que mediante un partido muletto justicialista se quedó también con la banca de la minoría. Su esposo, Gerardo Zamora, es aliado transversal de quien sea que ocupe la Casa Rosada, porque de ello dependen 9 de cada 10 pesos de su presupuesto.
Aparte de las convicciones de cada uno, hay en juego relaciones de poder. El presidente del bloque mayoritario, Miguel Pichetto, y el ministro de Obras Públicas, Rogelio Frigerio, esbozaron ya en enero un plan canje: fondos de la Nación para las provincias y votos en el Senado para aprobar leyes. Cómo hacerlo sin que se le parta el bloque es el cubo de Rubik que debe resolver. La descripción de ese rompecabezas apenas exagera la situación del bloque del FpV: tiene seis caras de colores distintos (amarillo, azul, blanco, naranja, rojo y verde), que se mezclan girando ejes independientes. Las reglas no son las mismas, pero el desafío es similar: se trata de mantener la unidad de un conjunto que se afirma en posiciones divergentes. Están aquellos que de acuerdo con sus gobernadores votarán lo que pide el gobierno y los que se opondrán a pesar de todas las presiones. La única conciliación posible sería introducir modificaciones al proyecto que no pudieran ser corregidas por la Cámara de Diputados. Para ello se necesitan 2/3 de los votos, porque de otro modo, pasado el sobresalto por la dilación, la cámara iniciadora insistiría y Macrì tendría la ley que le reclama Griesa. Al día de hoy es difícil imaginar cómo podría rearmarse ese cubo de modo que cada cara tuviera un solo color. Lo sucedido desde la asunción del nuevo gobierno es más bien lo contrario: la homogeneidad inicial se fue perdiendo y hoy el rasgo más notable es la confusión cromática. El problema de la división del bloque no requiere mayor explicación: el gobierno habría superado su debilidad legislativa y estaría en condiciones de imponer sus políticas sin mayor dificultad, al menos mientras sus efectos no produzcan la contestación social que acompañó el ocaso de los gobiernos que siguieron el mismo camino, como el de la primera Alianza presidida por Fernando de la Rúa, episodio muy recordado en la sesión de Diputados. Quienes puntean banca por banca presumen que la división no será esta vez como en la declaración sobre los despidos en el Senado, de 2 a 1, sino en partes iguales.
En el debate en el recinto de una Cámara, como en las audiencias de comisiones en la otra, quedó claro que el objetivo del gobierno y de quienes están dispuestos a seguirlo es el endeudamiento de la Nación y de las provincias para pagar gastos corrientes y financiar la constitución de activos en el exterior. Esta es la reversión perfecta de lo sucedido bajo el anterior gobierno, cuando la deuda en dólares con acreedores privados se redujo a su nivel mínimo desde el primer peronismo y fue reemplazada por deuda en pesos entre distintas ventanillas del mismo Estado. Es asombroso que una persona de la vivacidad de Elisa Carrió haya podido decir con su habitual énfasis: “Si lo que hicieron fue pagar al extranjero y endeudarse con los jubilados, los trabajadores y el Banco Central de la República Argentina, ¿dónde está la Patria, señores?”. Esto revela una incomprensión profunda de los mecanismos de la dependencia. Casi lo mismo se aplica al encendido discurso de la pinosolanista Alcira Argumedo, quien puso como ejemplo la auditoría de la deuda ecuatoriana propuesta por Rafael Correa. Cuando los bancos se enteraron de que quedarían registrados todos y cada uno de los desfalcos que habían cometido aceptaron cobrar solamente el 30 por ciento, con la única condición de que “esa investigación no se diera a publicidad”. Esa quita fue similar a la que la Argentina logró con los canjes de 2005 y 2010, y la publicidad de las maniobras de los bancos consta en el fallo del juez Jorge Ballestero, que sí es público. La diferencia entre ambas damas es que Carrió votó a favor y Argumedo un digno no. Fue en este sentido tan coherente como los tres diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que cuestionaron por igual a todos los gobiernos pasados y presente y propusieron no pagar nada de nada. La mayor incoherencia corrió por cuenta del Frente Amplio ProGriesista, que denostó a los buitres y apoyó el acuerdo, igual que un monobloquista que no se privó de citar a Trotsky, Perón, Brecht y Troilo para justificar su voto injustificable.
Uno de los aspectos más impresionantes es que la media sanción se votó pese a que el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, se negó a dictaminar que con este arreglo no habría más juicios y que la petrolera estatal YPF sostuvo en una comunicación a la Bolsa de Valores de Nueva York y a la Comisión de Valores de los Estados Unidos que no puede asegurar que la Argentina dispondrá de recursos para saldar el juicio con los buitres u otros futuros litigios, cuyo efecto adverso sobre la economía argentina comprometería la capacidad de YPF de acceder a financiamiento internacional para pagar la obligación negociable que ahora intenta colocar. Tampoco asegura que las medidas del gobierno para reducir la inflación, mejorar la competitividad de las industrias locales y ajustar las tarifas de gas y electricidad no sean impopulares y generen oposición política y social o incluso disturbios. Sin pelos en la lengua agrega que no puede garantizar que la inflación descienda.
Entre quienes prometieron su apoyo al gobierno argentino estuvo el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos para Asuntos Internacionales, Nathan Sheets. Luego de dialogar con el ministro Alfonso De Prat-Gay dijo que su gobierno celebraba el retorno de la Argentina a los mercados internacionales de capital, que consideró beneficioso “para todo el sistema financiero mundial”, y que de ser necesario apoyaría el acuerdo con los buitres ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Es ostensible el trato diferencial: el anterior gobierno de CFK esperaba que el Tesoro estadounidense lo apoyara cuando apeló ante la Corte Suprema de Justicia, pero Obama no lo hizo.
En forma coincidente, pero no por casualidad, el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, comunicó que el organismo que debe controlar el lavado de activos flexibilizará el marco regulatorio y promoverá la cooperación con las entidades bancarias, porque las “sanciones por incumplimientos formales” expulsan negocios del sistema “hacia canales informales” y generan “una reacción defensiva de los sujetos obligados a informar”. En lugar de “un enfoque represivo” propone uno “preventivo, con un mayor grado de colaboración”. No es extraño: su segunda, María Eugenia Talerico, fue abogada defensora de directivos del HSBC en expedientes abiertos por la UIF. El HSBC es el banco que ha recibido más multas de la UIF, pero gracias a esa eficaz defensa no las ha pagado, a diferencia de lo que le ocurre en Estados Unidos y Europa donde ha sido fuertemente multado. La Argentina, que fue vanguardia mundial en la lucha contra ese perverso sistema financiero global y obtuvo el apoyo de 135 naciones para fijar nuevos principios aplicables a la reestructuración de deuda soberana salta ahora a la retaguardia, paga sin chistar y nombra para controlar el lavado a los defensores de los lavadores. Este el contexto de la visita de Obama. El homenaje a las víctimas de la guerra sucia, y la desclasificación de documentos de agencias de seguridad, inteligencia y defensa que fue solicitada por los organismos argentinos defensores de los Derechos Humanos, como informó la asesora de seguridad nacional Susan Rice, es una excelente noticia justo cuando se cumplen 40 años del abominable golpe de 1976, que hoy nadie reivindica, ni dentro ni fuera del país. Pero su llegada justo en el momento de la capitulación argentina ante lo que diputados de todos los bloques llamaron la peor lacra del sistema financiero global, confiere a la circunstancia una inocultable ambivalencia. A Obama no le avisaron que, como dijeron legisladores de la Alianza Cambiemos, del Frente Renovador y del Frente Amplio ProGriesista, “no hay nada para festejar” y sólo queda taparse la nariz.
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