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Los papeles panameños agravaron la ya comprometida situación del jefe de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, el más encarnizado enemigo de la presidenta Dilma Rousseff, cuyo nombre aparece vinculado a una empresa offshore montada por la consultora Mossack Fonseca, según el Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo en el que no es citado Luiz Inácio Lula da Silva, a pesar de las insinuaciones formuladas por el juez anticorrupción empecinado en apresarlo.
El informe basado en filtraciones de la agencia radicada en Panamá reporta la existencia de al menos 107 empresas offshore al servicio de políticos y empresarios brasileños, entre quienes hay varios envueltos en el escándalo de corrupción en perjuicio de la petrolera estatal Petrobras.
Uno de los 57 mencionados es Eduardo Cunha al que se le atribuye ser beneficiario de la empresa Penbur Holding SA, una offshore administrada por David Muino, quien sería el responsable de realizar las operaciones ocultas en bancos suizos.
El capítulo brasileño del Consorcio lo forman periodistas del sitio de noticias UOL, el canal Rede TV y el diario Estado de San Pablo.
Conocido por su estilo agresivo Cunha reaccionó airadamente ante las informaciones que lo vinculan una vez más al lavado de dinero.
“Desafío a cualquiera que pruebe que tengo alguna relación con esa offshore (Penbur), con esa Mossak y con Muino.”
Las noticias surgidas de los Panama Papers encastran con el prontuario de Cunha: a quien el Ministerio Público de Suiza le descubrió unos cinco millones de dólares escondidos en cuentas de aquel país procedentes posiblemente de sobornos cobrados en el marco del Petrolao.
Las pruebas suizas fueron homologadas el año pasado por el Supremo Tribunal Federal que procesó a Cunha y aún no respondió a un pedido de la Fiscalía para que lo aparte del Congreso. Paralelamente la Comisión de Etica de Diputados le abrió un proceso por violación del decoro parlamentario por haber mentido en el recinto sobre sus ahorros suizos.
Además de ser el arquitecto del impeachment contra Rousseff, Cunha es socio del vicepresidente Michel Temer en la escalada golpista desencadenada la semana pasada cuando el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) abandonó el gabinete.
La maniobra pemedebista dejó tambaleante a Dilma, en cuyo auxilio salió su compañero Lula quien busca nuevos aliados para mantener en pie al gobierno, mientras avanza la amenaza del juicio político en la Cámara baja.
En rigor Cunha, Temer y otros caciques del PMDB, algunos también mencionados en los archivos panameños, parecen tener urgencia en voltear al gobierno del PT para aplacar las investigaciones sobre el esquema de sobornos, lavado de dinero y contratos fraudulentos establecido con la complicidad de ejecutivos de la petrolera.
Si bien ya estaba demostrado que Cunha era parte de ese engranaje delictivo, los documentos obtenidos por el Consorcio permiten sospechar que era una pieza importante del mismo. Esto porque el jefe de Diputados habría confiado las operaciones de lavado de dinero empetrolado al mismo operador financiero que trabajó para Joao Augusto Rezende Henriques, uno de los principales lobbistas del Petrolao.
Ayer al presentar su defensa de Dilma ante la Comisión Especial sobre el Impeachment, el Abogado General de la Unión acusó al cacique pemedebista de impulsar ese proceso por “venganza” .
El abogado de la Unión José Eduardo Cardozo le enrostró haber forzado el enjuiciamiento al que equiparó con un “golpe”.
En el cierre de su exposición jurídica de casi dos horas Cardozo avisó que si Dilma es derrocada el PT desconocerá una administración eventualmente encabezada por el vicepresidente pemedebista Michel Temer.
“Después del golpe de 1964 nuestro país no admite otro golpe... nadie tiene derecho a quebrar el estado democrático de derecho... No vamos a aceptar un gobierno surgido de un golpe, y esto (que se está fraguando) es un golpe a la Constitución”.
Los documentos de Mossack Fonseca consignaron que las constructoras Odebrecht, Queiroz Galvao y Mendes Junior y otras empresas relacionadas con el Petrolao crearon empresas de fachada para la presunta transferencia ilegal de divisas.
Hace dos meses policías federales allanaron el escritorio de la filial de la consultora panameña en San Pablo en el operativo “Triple X”. Ese nombre de fantasía fue dado por la policía en alusión a un departamento de la playa de Guarujá de tres niveles que el juez anticorrupción Sergio Moro sospecha sea propiedad de Lula.
Igual que otras acciones autorizadas por Moro “Triple X” tuvo una aparatosa cobertura televisiva con reporteros sedientos de impacto anunciando que ese día sí se cerraba el cerco sobre Lula y saldrían a la luz sus bienes malhabidos gracias al dinero recibido la corrupción. Después de casi dos meses de investigaciones sobre los archivos incautados en Mossack Fonseca hasta el momento no se encontró ninguna vinculación del ex presidente con la empresa offshore que asumió la administración del edificio donde está el departamento, bastante sencillo, de Guarujá.
Tampoco surgió ningún papel panameño que lo comprometa a él ni a ningún otro dirigente del PT, mientras sí hubo citaciones de miembros de partidos opositores como el fallecido Sergio Guerra, ex presidente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña.
Los archivos panameños citan, además, al economista Delfim Neto, uno de los cerebros del “milagro económico” de la dictadura y a Gabriel Junqueira Pamplona Skaf, hijo del titular de la Federación de Industrias de San Pablo, Paulo Skaf, un declarado defensor de la destitución de Rousseff.
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