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El país|Martes, 12 de abril de 2016
Contratistas del gobierno porteño aportaron millones para la campaña de Macri

Unos aportantes con intereses

Empresas de seguridad con concesiones en la Ciudad aportaron a la campaña de Macri a través de gerentes y empleados algo prohibido por ley. Se suma a los aportantes que tenían que ver con la pauta publicitaria, por lo que ya hay una causa en marcha.

Por Werner Pertot

El presidente Mauricio Macri recibió al menos tres millones de pesos en financiamiento para su campaña electoral del año pasado que provinieron de contratistas del gobierno porteño. Como la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos prohíbe a las empresas que tienen concesiones con la Ciudad aportar a la campaña del jefe de Gobierno, lo hicieron gerentes y empleados de esas empresas. Representan el 10 por ciento de todos los aportes privados que recibió. Al menos, en dos casos las personas admitieron que el aporte no lo hicieron ellos, sino la compañía, según pudieron confirmar los periodistas del sitio Chequeado. Entre las empresas aportantes, figuran algunas de las que se reparten el negocio de la seguridad privada. Cinco días antes de dejar su cargo como jefe de Gobierno, Macri las benefició con una nueva licitación por 4400 millones.

Los datos sobre los aportantes fueron revelados por el sitio Chequeado tras una investigación que tomó tres meses de trabajo y fue publicada también por Perfil. Encontraron a 33 integrantes de las agencias de publicidad, 20 empleados de agencias de seguridad privada, siete vinculados a empresas constructoras con contratos con la Ciudad y cinco de las empresas de higiene urbana. Entre todos, aportaron 2,7 millones de pesos a la campaña de Macri. Si se suman otras empresas que no tienen en la actualidad vínculo directo con la gestión porteña esa cifra se puede acercar a los cinco millones de pesos.

Seguridad licitada

La ley es clara: están prohibidos los aportes de empresas concesionarias del Estado. Sin embargo, a través de empleados, Macri recibió aportes de empresas de seguridad privada como Murata SA, Verini Security SA, Briefing Security-Impes UTE y Yusión. Entre todas, aportaron 875 mil pesos a la campaña. Son las mismas empresas que –como informó este diario hace dos años– se reparten el negocio de custodiar edificios públicos. Uno de los directivos de estas empresas, Carlos Elicetche, indicó al sitio Chequeado que el aporte fue coordinado entre los directores de las empresas.

No es para menos: un informe de La Fábrica porteña releva lo que ganaron año a año. En 2011, se dividió la ciudad en cuatro zonas para una licitación que obtuvieron las empresas Murata SA (aportó 295 mil a la campaña de Macri), Yusión (185 mil), Verini (75 mil), Briefing Security-Impes (50 mil), Lideres Consultores de Seguridad y Comahue Seguridad Privada. Se suponía que el monto total que iban a recibir era de 496 millones, pero una redeterminación de precios lo llevó a 597 millones.

La licitación de estas empresas se vencía en abril del año pasado, pero el Ministerio de Justicia se las prorrogó por un año por otros 353 millones de pesos. Luego se lanzó una nueva licitación, en plena campaña electoral. Arrancó el 28 de octubre y en tiempo record (12 días) se la preadjudicaron a las mismas cuatro empresas. Fueron las únicas que se presentaron a la licitación. Macri firmó la adjudicación el 5 de diciembre del año pasado, es decir, cinco días antes de dejar el cargo de jefe de Gobierno. El nuevo contrato es por otros cuatro años y asciende a 4440 millones de pesos. La comparación de lo que ganaron en la gestión anterior y esta es llamativa: Murata SA se llevó 120 millones entre 2011 y 2015. Ahora recibirá 1165 millones. Briefing Security había recibido 178 millones. Cobrará 1156 millones en los próximos cuatro años.

“Es imprescindible que la Justicia investigue sin Macri cumplió con la Ley de Financiamiento”, advirtió el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Legislatura, Carlos Tomada. “El argumento para privatizar la Ciudad quedó desarmado con el traspaso de 20 mil hombres de la Policía Federal. Larreta debe explicar por qué necesita pagarle 4 mil millones de pesos a cuatro empresas”, indicó.

Publicidad

Otros de los aportantes están vinculados a la pauta publicitaria. Como informó este diario, el año pasado se abrió una causa penal por el presunto desvío de fondos de publicidad que debían ir a medios comunitarios de todo el país, pero –según denunciaron los dueños de esas radios y canales de televisión– el dinero nunca llegó (o obtuvieron un monto mucho menor). La causa le tocó al fiscal Federico Delgado, quien impulsó la acción penal. Según pudo reconstruir este diario, al menos 9 millones de pesos habrían sido desviados con este mecanismo. El juez Marcelo Martínez de Giorgi pidió los expedientes de la causa contra Fernando Niembro, pero nunca los consiguió. La causa parece estar parada.

Una radio de La Pampa, FM Del Sol, y otra de General Pico, LU 37, denunciaron que había recibido unos 166 mil pesos menos de lo que figuraba en los registros porteños y que la intermediaria habían sido la empresa Reale-Dalla Torre Consultores. Según pudo comprobar este diario, sus dueños, Jorge Reale y Adrián Dalla Torre figuraron entre los aportantes de la campaña de Macri. También otros socios como Roberto Reale y varios empleados. En total, aportaron 325 mil pesos. Entre otras tareas, la consultora aseguraba que hizo el logo de la Policía Metropolitana.

Otros aportantes fueron como OTI SA, que aparece con el aporte de una de sus socias María Terranova, hermana del ex candidato PRO “Orly” Terranova. Publicidad Sarmiento, que ganó la controvertida licitación del mobiliario urbano porteño. El jefe de Locaciones, Raúl Menéndez, dijo a Chequeado que él no hizo el aporte de 50 mil pesos con el que figura. Otro empleado afirmó lo mismo. Entre los aportantes de esa empresa figura también el socio director de Publicidad Sarmiento, Santiago Terranova. Las agencias de publicidad aportaron un poco más de un millón de pesos

La empresa EVA SA aportó otros 505 mil pesos. Esa compañía ganó en noviembre una licitación del Ministerio de Espacio Público porteño para el mantenimiento de una planta de tratamiento de restos de la poda y una planta de residuos orgánicos. El auditor porteño Facundo del Gaiso advirtió que el costo de la poda en la Ciudad “aumentó 500 por ciento en tres años”.

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