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Río Gallegos se vio ayer convulsionada por una serie de medidas judiciales ordenadas en la causa que investiga el financiamiento de la construcción y el mantenimiento del mausoleo Néstor Kirchner. Sin embargo, se trató de un exhorto de la Justicia Federal porteña, llevado a cabo por una jueza subrogante, en oficinas de la Secretaría de la Gobernación de Santa Cruz y no se produjeron cinco allanamientos como difundieron algunos medios de esa provincia y nacionales.
Fue una decisión emitida por el juez federal de la Capital, Sergio Torres, quien libró un exhorto a su colega Marta Yáñez, subrogante del juzgado de Río Gallegos y magistrada de Comodoro Rivadavia, que ordenó el procedimiento en el que actuaron unos 10 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La orden de allanamiento y registro domiciliario los habilitaba para que actuaran en la sede de esa dependencia, en la calle Alcorta 231, como así también de la totalidad de las direcciones, subdirecciones, secretarías y subsecretarías y dependencias pertenecientes a esa cartera. “Ello a fines de proceder al secuestro de la totalidad de la documentación obrante en sus registros físicos y/o digitales, respecto de todo procedimiento, decisión, licitación y/o actuación que se llevara a cabo en relación a la construcción, administración y mantenimiento del Mausoleo donde descansan los restos del ex presidente Néstor Kirchner”, reza la orden a la que tuvo acceso Página/12.
La causa se inició a partir de una denuncia realizada en 2013 por la entonces diputada nacional macrista Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, en el expediente por la llamada “ruta del dinero K” que instruye el juez federal Sebastián Casanello. Pero como el tema no estaba directamente vinculado a esa causa, Casanello abrió un expediente aparte que envió a sorteo, y la denuncia recayó en Torres. La pesquisa tiende a determinar el financiamiento de la construcción y mantenimiento del mausoleo y quién lo administra. Fuentes judiciales dijeron que el predio donde está emplazado era de la intendencia de Río Gallegos, que se lo cedió a la Provincia. Entonces se dispuso abrir una cuenta en un banco, de la cual supuestamente saldrían los fondos para el mausoleo.
A requerimiento del magistrado, la provincia envió documentación sobre la autorización municipal para ceder el predio, y el decreto provincial que ordenó la construcción del mausoleo. También mandó al juzgado de Torres información sobre cómo es su mantenimiento y cómo había sido su construcción. Sin embargo, al magistrado le faltaban los datos sobre esa cuenta bancaria, así como algunos detalles adicionales sobre la forma en que se realizó la concesión de la obra donde están los restos del ex presidente Néstor Kirchner. Y fue por ese motivo que solicitó las pruebas que le faltaban a través de un exhorto para que la jueza Yáñez realizara el procedimiento que se realizó ayer en las oficinas de la gobernación de Santa Cruz. Página/12 pudo saber que, hasta el momento, ninguno de los elementos en poder del juzgado probaría la existencia del delito por el cual Bullrich hizo la denuncia, esto es una presunta violación a la ley de ética pública. De hecho, la causa sigue caratulada “N.N. s/averiguación de delito”.
El imponente edificio ubicado en la parte trasera del cementerio de Río Gallegos permanece cerrado al público desde hace dos meses, y sólo tiene acceso la familia Kirchner. Hasta hace poco había un encargado que lo abría y cerraba los fines de semana. El Mausoleo, de inmensas puertas de madera y que mide 15 metros de largo por 13 de ancho, ya no cuenta tampoco con seguridad privada, tan sólo lo custodia un efectivo de Infantería.
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