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La orden de detención de Adrián Conci, el organizador de la fiesta de música electrónica Time Warp, en el complejo Costa Salguero, y el allanamiento de la División de Investigaciones Penal Administrativa (DIPA) de la Prefectura, fueron las medidas que impactaron más en el día de ayer en el ambiente todavía ácido del complejo Costa Salguero, clausurado luego de la muerte de cinco jóvenes por consumo de drogas sintéticas. La detención y el allanamiento fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, quien se hizo cargo del caso después de que pasara a la Justicia federal ya que se determinaron muertes por consumo de drogas. El pedido de detención de Conci lo presentó el fiscal federal Federico Delgado y Casanello lo aceptó. Delgado solicitó la detención luego de considerar a Time Warp como un “significante vacío” detrás del que se montó un dispositivo de venta de drogas, se reguló ese mercado y se produjeron diversas situaciones como la seria dificultad para acceder al agua, agregado al calor y al hacinamiento. “Es inevitable pensar en Cromañón”, escribió en su texto el fiscal. Mientras, el Gobierno porteño respondió con criterios disímiles. El jefe del Ejecutivo, Horacio Rodríguez Larreta, elaboró una buena síntesis: dijo que él y su familia rezarán por las víctimas.
El dictamen del fiscal federal Federico Delgado fue contundente y empezó, como quien dice, marcando la cancha: recordó dos investigaciones anteriores recaídas en la misma fiscalía y la suerte que corrieron en el ámbito judicial, ambas referidas a las fiestas electrónicas de Creamfields. Una de ellas fue iniciada en 2013 y se judicializó en 2014 en el juzgado federal 10, investigación finalmente archivada por la Cámara Federal en 2015. La segunda investigación, se inició en 2015 y tuvo exactamente el mismo recorrido. Delgado ofreció a Casanello retomar esas legajos “para contextualizar los hechos”.
Delgado calificó a la sigla Time Warp como “una suerte de significante vacío que alojó una pluralidad de maniobras delictivas prolijamente organizadas”. También sostuvo que con la excusa del evento musical “se montó todo un dispositivo de venta de drogas que tomó un cariz dramático pero real, en la medida que dentro de ese mercado que fue la Time Warp se suscitaron diversas situaciones que agravaron el curso del evento”.
Delgado entonces pasó a enumerar los hechos que agudizaron el consumo organizado y que están directamente vinculados a las altas temperaturas y la provisión de líquidos. “(...) entre otras –sostuvo Delgado– baños colapsados, nula ventilación, ambiente sin ventanas y sin ventiladores, altísimas temperaturas, grandes colas de personas para acceder a la compra de botellas de agua (más de una hora de tiempo) las cuales se vendían a 40 pesos e incluso se llegaban a pagar 100 pesos si en la caja no tenían cambio, robos de botellas de agua y avalanchas en el ingreso y en horario pico producto de la excesiva cantidad de gente que había –posible sobreventa de entradas–”.
“Esto significa –agregó el fiscal– que la venta de droga organizada, la regulación de ese ‘mercado’, el hacinamiento y el calor colocaron al responsable del evento también como responsable de los hechos.” Y consideró que con lo presentado había suficientes elementos para pedir la inmediata detención de Adrián Conci, presidente de Dell Producciones SA, organizadora del Time Warp. Delgado pretende averiguar si Conci “actuó solo o en sociedad.”
Y presenta el entramado societario sobre el que sostiene que “está todo relacionado”. A Costa Salguero lo explotan Telemetrix SA, “cuyo presidente es Alberto Luis Gutiérrez, y Salguero Eventos SA (...) encabezado por Jaime Marcelo Salmun”. Pero, “un director de Telemetrix preside Centro Costa Salguero. El vicepresidente del directorio de Telemetrix (Federico Bensadon) es director de Centro Costa Salguero”, sostiene Delgado quien cita la nota del periodista Werner Pertot, de Página/12, publicada ayer, y constatada ayer por el propio Delgado.
Señaló también a las empresas Energy Group SRL, que participó en la provisión de Speed y aguas Block (agua corriente filtrada), y en la contratación de encargados de limpieza de los pabellones; Siseg SRL, de seguridad privada y Semec SRL, de asistencia sanitaria.
Para el fiscal, “la fuente de gran parte de los problemas fue la pastilla llamada Superman”.
Los testimonios obtenidos durante las primeras actuaciones, sostuvieron que había personal de seguridad pero “no se solicitaba DNI, y la revisación era escasa y a medida que el caudal de gente aumentaba, era menor y de forma más superficial”. Esos mismos testimonios describieron que apenas se ingresaba “los vendedores de drogas recibían a la gente ofreciendo ‘keta, LSD, éxtasis, cocaína y Superman’”. Si se agrega la descripción anterior, sobre hacinamiento, calor, falta de ventilación y de bebidas, “muchos tuvieron principio de asfixia. Pero no sólo se racionó la venta de bebidas. También, según algunos testigos, la red de agua corriente se cerró a la madrugada”.
Como síntesis, Delgado enumeró las bases de la imputación: venta de drogas organizada, administración de la necesidad de hidratarse, alta temperatura, hacinamiento, falta de ventilación y ventanas, cierre de todas las puertas debido a la lluvia que se desató a partir de las 2am, escasez de médicos o paramédicos. Los testimonios de seis médicos coincidieron en que desde las 4.30/5 de la madrugada “aumentó exponencialmente la cantidad de pacientes de gravedad que presentaban signos de intoxicación”. Los pacientes les refirieron a los médicos que habían consumido pastillas adquiridas en el mismo evento. “Es inevitable pensar en Cromañón –reflexionó Delgado–. Una testigo lo resumió como nadie, ‘era una caja de aluminio’.”
El fiscal sostuvo que el escenario descripto “demuestra que hubo una actuación deliberada en la que la vida se subordinó a la decisión de lucrar con la venta de drogas y todo ello terminó con la muerte de cinco personas”.
Por otro lado, el ex legislador porteño y miembro del Partido Social, Facundo Di Filippo, anunció que hoy presentará al juez Casanello todos los fallos de la justicia Contencioso Administrativa porteña contra Telemetrix referidos a problemas en las habilitaciones, el camino de sirga que obliga a abrir un corredor público que no se cumplía, y otras denuncias, que obtuvieron fallos en contra del juez Andrés Gallardo, de la Cámara de Apelaciones y luego perdidos en algún cajón del Tribunal Supremo porteño.
Casanello ayer allanó una sede de la Prefectura donde se encontró un contrato de los organizadores de la fiesta por 30 mil pesos por “servicios adicionales de vigilancia”. Más tarde, allanó la DIPA de Prefectura, buscando más información.
El juez federal también se reunió por la tarde con familiares de los cinco jóvenes fallecidos, quienes le informaron que evalúan constituirse como querellantes en el expediente.
El Complejo Costa Salguero tiene como uno de sus directores a Fernando Polledo Olivera, marido de la actual vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, diputada del PRO.
El jefe del Ejecutivo, Horacio Rodríguez Larreta, comunicó en su cuenta de Facebook que “a los familiares y amigos de los chicos fallecidos, quiero transmitirles mi más sentido pésame. Y todo mi aliento para quienes hoy siguen luchando por sus vidas”.
Más ejecutivo, el vicejefe Diego Santilli pareció indicar que el control del consumo de drogas es cuestión policial. “El debate que debemos dar es si la policía puede entrar a la fiesta para controlar estas cosas”, aunque 10 días antes se había producido una fiesta de cámaras que tomaron a los 600 policías en los 42 allanamientos en la villa 31 encabezados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en busca de drogas. Para esta ocasión, la ministra ayer sorprendió cuando dijo: “Tenemos que ser más estrictos, pero chocamos con una cultura que dice que si somos más estrictos, nos pasamos de la línea”. No aclaró a qué se refería ni cuál fue la línea que no pasó en Costa Salguero.
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