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Los hermanos Alejandro y Carlos Iaccarino habían logrado, después de mucho fatigar, que la Unidad de Investigación Fiscal (UIF) comience a trabajar en la causa por el saqueo de sus bienes en dictadura. La UIF encabezada por José Sbattella buscaba ser tomada como querellante para impulsar una investigación por “lavado de dinero” sobre el desapoderamiento de los bienes durante la dictadura. Luego de rechazos de la primera instancia y de la Cámara Federal de La Plata, en octubre del año pasado la Sala IV de la Cámara de Casación aceptó por unanimidad que se abriera una audiencia para revisar la queja planteada por el organismo y los hermanos. Esa audiencia finalmente se realizó el último 30 de marzo: las nuevas autoridades de la UIF no se presentaron. Anunciaron extraoficialmente que dejan la causa y en Casación dicen que el faltazo anula el reclamo.
Los Iaccarino imaginaban que esto podía pasar. Días antes intentaron comunicarse con las nuevas autoridades del organismo, pero no les respondieron y el día de la audiencia entendieron que estaban solos. Así, la retirada del Estado en las políticas públicas de investigación de los crímenes de lesa humanidad avanzó otro espacio.
El organismo encargado de monitorear el lavado de activos presidido por Mariano Federico y María Eugenia Talerico, presidente y vicepresidenta, vienen de estudios que defendieron a quienes la UIF investigó hasta diciembre por lavado de dinero. Apenas asumieron anunciaron internamente a los trabajadores dedicados a las causas de lesa humanidad que desactivaban esas políticas porque no las consideraban “terrorismo”. El 22 de febrero quedaron afuera quienes habían trabajado la causa Papel Prensa y en el seguimiento de las cuentas de los represores prófugos por delitos de lesa humanidad, sobre los que se habían impulsado el congelamiento de las cuentas. De acuerdo a un ex analista de la UIF, el departamento de Análisis quedó a cargo un desplazado por la gestión anterior que comenzó a marcar otras prioridades: investigar a la dirigente Milagro Sala y al mundo vinculado con el kirchnerismo.
En las causas de lesa humanidad, la UIF bregó por intervenir como querella bajo la hipótesis del lavado de dinero. Sbatella sabía que era un camino poco explorado jurídicamente, pero estaba convencido que era una herramienta para volver atrás en la historia, dado que esa vía prevé la expropiación de bienes desde el mismo momento del saqueo. Bajo esa política, pidieron ser querella también en la causa de robo de bienes de la ESMA.
La importancia de esta cita frustrada no es un dato menor. Los Iaccarino son parte de una familia con base en Santiago del Estero y fueron secuestrados el 4 noviembre de 1976. Ellos explican su secuestro en base a la política económica que llevaban adelante, dado que habían logrado construir un imperio en poco tiempo con perspectiva social. Tenían campos en Santiago del Estero, constructoras, industria láctea y un avión. Durante el secuestro en El Infierno, la Brigada de Investigaciones de Lanús, les hicieron firmar papeles bajo presión por los que perdieron la propiedad de sus bienes. Nunca avanzó la pelea que dieron judicialmente por recuperar los activos. Hubo un juicio oral en el que fueron condenados el comisario y subcomisario del Infierno con una primera sentencia escandalosa, ya que sólo contempló el delito de vejaciones y severidades, que el año pasado alcanzó hasta la figura de tormentos luego de otra intervención de la Sala IV de Casación.
La causa por el reclamo de los bienes sigue en La Plata. La UIF trabajó en el análisis de datos y luego pidió ser querellante. El juez de instrucción y la Cámara Federal de La Plata rechazaron ese rol al considerar que ya eran parte de la causa como peritos de parte. Ellos fueron en queja a Casación. El voto por unanimidad de los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky permitió abrir la vía que acaba frustrarse.
Los Iaccarino creían que allí podían cambiar esos antecedentes. En marzo de 2015, el máximo tribunal penal de la Nación le había negado a la UIF el rol de querellante en la causa Papel Prensa con votos por mayoría de Liliana Catucci y Eduardo Riggi. En ese fallo Borinsky marcó una diferencia que ahora se ponía en juego: señaló como el ministerio de Justicia ya era querellante en Papel Prensa a través de la Secretaría de Derechos Humanos, la UIF –que también era parte del Ministerio de Justicia– podía canalizar la obtención de información a través de ellos. Esa disidencia abría ahí la última esperanza.
Mientras tanto, tuvieron otra novedad. En diciembre del año pasado, la Justicia de Santiago del Estero declaró a la familia como víctima de delitos de lesa humanidad. Quedaron procesados por la causa los policías Juan Felipe Bustamante, Francisco Laitán y Domingo Loccisano. Fueron procesados por secuestro, violación de domicilio y asociación ilícita. Aunque el juez aclara que no están incluidos las imputaciones por el robo de bienes en estos hechos, los Iaccarino todavía esperan chances de que ese frente pueda abrirse.
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