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En tanto la Argentina sigue conmocionada por la muerte de cinco jóvenes tras consumir pastillas cuya composición aún se desconoce en una fiesta electrónica, ayer la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, abrió una sesión especial para debatir el futuro de la política de drogas a nivel mundial. En la primera jornada, se aprobó un documento que busca establecer un nuevo enfoque centrado en la salud pública, luego de más de cuarenta años de una guerra, promovida por Estados Unidos, que demostró su fracaso.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, parte de la delegación argentina que encabeza la canciller Susana Malcorra, tendrá que enfrentar a su regreso la investigación judicial sobre efectivos de la Prefectura y su rol en la seguridad del predio de Costa Salguero, donde se ingresaron y vendieron las drogas de diseño que habrían causado las muertes, según los testimonios recogidos por la fiscalía que interviene.
La resolución aprobada por los representantes de los 193 estados miembros de la ONU cambia la aspiración de lograr “un mundo libre de drogas” por el objetivo de “un mundo libre de abuso de drogas”, además de que enfatiza la importancia de respetar los derechos humanos para enfrentar el problema. A pesar de los cambios de un paradigma centrado en el prohibicionismo y la mano dura, varios países, como Brasil y Costa Rica, expresaron su decepción por no incluir una referencia contra la aplicación de la pena de muerte aplicada en algunos países para delitos de narcotráfico, y otros, como Uruguay y Jamaica, criticaron que no se haya hecho referencia a la despenalización de la tenencia de ciertas sustancias. La sesión especial, que se extenderá hasta mañana, fue convocada a pedido de Colombia, México y Guatemala. Ayer, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto destacó que las respuestas brindadas hasta el momento “fueron francamente insuficientes” y pidió avanzar en “un nuevo entendimiento internacional”. “El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, que se inició en los años 70, no han logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo”, dijo el presidente mexicano. “Como presidente de México, en esta sesión especial doy voz a quienes han expresaron la necesidad de actualizar el marco normativo, para autorizar el uso de la marihuana con fines médicos y científicos”, agregó. En la misma línea, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, sostuvo que las políticas para luchar contra las drogas “deben tener congruencia con la declaración de los derechos humanos” y poner “a las personas y no a las sustancias en el centro”.
Otro mandatario latinoamericano que hablará en el plenario será el colombiano Juan Manuel Santos. “No estoy proponiendo la legalización. Estoy proponiendo que cambiemos de enfoque, de prioridades. Porque llevamos más de 40 años en esta guerra contra las drogas y no la hemos ganado”, declaró Santos a la prensa. Santos destacó varios avances en el documento aprobado, entre ellos el reconocimiento de la “autonomía de los Estados para implementar con mayor flexibilidad las convenciones de drogas”, la inclusión de los “derechos humanos”, y la admisión de que “la dependencia es un problema de salud pública”.
Más de doscientas ONG que trabajan en la temática alrededor del mundo -entre ellas el CELS, de Argentina, cuestionaron la forma en que se llegó a ese documento, debatido en Viena en la Comisión de Estupefacientes, donde apenas 54 naciones tienen representación y muchas voces quedaron excluidas. Ann Fordham, directora ejecutiva del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), declaró: “La Ungass fue llamado por tres países latinoamericanos que están desesperados por una evaluación crítica de los fracasos de la guerra global contra las drogas, y un diálogo abierto y honesto exploración de las alternativas. Sin embargo, el documento final no lo hace. En su lugar, refleja la posición de consenso mínimo común denominador que está desconectado casi por completo de la realidad”.
Desde Nueva York, el coordinador del proyecto “Crimen Organizado y Economías Criminales”, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Juan Carlos Garzón, señaló que “estos documentos suelen ser genéricos” y en buena medida “eso se explica porque son producto del consenso”, pero consideró que habría que mirar la resolución aprobada ayer en perspectiva. “Visto de manera individual, varios de sus contenidos parecen no decir mucho. Pero comparándolo con lo que teníamos años atrás sí se pueden reconocer varios avances, incorporando de manera más clara la perspectiva de derechos humanos, la salud pública y el desarrollo”, apuntó, al ser consultado por Página/12. Garzón es además investigador del Woodrow Wilson Center, con sede en Washington DC y de las Fundación Ideas para la Paz, de Colombia.
El documento señala la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las políticas contra las drogas. “Para mí el punto más importante es el de la ‘flexibilidad’, que según la declaración debe ser aplicada con arreglo a las prioridades y necesidades de cada país. Esto es significativo porque nos saca las miradas monocromáticas que pretendía la aplicación de una política de talla única para todos”, indicó.
–¿Qué cambia en relación al planteo de guerra contra las drogas?
–Hay algunos cambios y pequeñas victorias. Hoy tenemos menciones más claras con respecto a medidas alternativas al encarcelamiento, es decir, que se consideren otro tipo de respuestas para los eslabones más débiles; la inclusión de medidas para la prevención de sobredosis y la reducción de los impactos negativos del uso de drogas inyectables; la perspectiva al desarrollo y a la atención de las causas subyacentes. Pero sin embargo, no hubo un acuerdo sobre la abolición de la pena de muerte de los delitos relacionados con drogas y tampoco sobre la despenalización del consumo.
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