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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desclasificó y entregó a la Cancillería un cúmulo de denuncias de violaciones a los derechos humanos que familiares de víctimas de la última dictadura realizaron ante el Comité de Convenciones y Recomendaciones del organismo entre 1978 y 1982. “Son archivos muy importantes para la Argentina, que hablan de aquella desgracia nacional”, definió el vicecanciller Carlos Foradori en relación a la documentación entregada por la Unesco, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación digitalizará y entregará al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) “para que todos puedan tener acceso a ella”, apuntó el titular de esa secretaría, Claudio Avruj. Entre las denuncias desclasificadas que pudo revisar Página/12, figuran la de la desaparición de Alejandro Gutiérrez, hijo de Mabel Gutiérrez, la ex presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y las de la familia Tarnopolsky –madre, padre e hija de 15 años de los que aún no se sabe destino–.
El pedido de desclasificación de archivos a la Unesco fue realizado por el Estado argentino “sistemáticamente desde hace varios años y también por este gobierno”, remarcó Foradori, que evitó mencionar las gestiones kirchneristas predecesoras y pasó directo a hacer hincapié en los resultados: “Recién ahora tenemos respuesta”, apuntó. La Unesco entregó “hace dos o tres días” la documentación parcialmente presentada en público ayer: el registro del análisis que realizó el Comité de Convenciones y Recomendaciones del organismo sobre 75 casos de desapariciones, prohibiciones y censuras sufridas y denunciadas ante sí por las propias víctimas o familiares de ellas. “No queríamos que la Argentina dejara de conocer este tema lo más inmediatamente posible”, postuló el vicecanciller tras reconocer que la información aún no fue revisada en profundidad por ningún experto ni comparada con la documentación existente. No obstante, consideró que puede llegar a ser un “disparador” que “permita indagar con datos más concretos” al organismo “para saber qué camino siguió cada denuncia admitida”.
Por el momento, la información recuperada está “en crudo”, es decir que ningún área gubernamental comenzó siquiera a analizarla o resumirla. Por eso se negaron a dar a Familiares nombres de las víctimas cuyas violaciones son analizadas en los registros recuperados. “Los nombres son muy importantes. Sin siquiera algunos nombres, el anuncio está incompletísimo. Me parece que aprovecharon un poco el momento para anunciar esto, se apresuraron para poder hacer un anuncio después de tanta batahola que se armó ayer (por el miércoles)”, evaluó la presidenta de Familiares, Lita Boitano, en relación a las reacciones adversas que recibió el Gobierno tras la reunión que el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantuvo con Cecilia Pando revelada por Página/12.
La mayoría de las denuncias evaluadas por el Comité versan sobre desapariciones de estudiantes universitarios. En la mayoría de los casos, el representante del gobierno genocida argentino en el organismo responde con evasivas, poniendo en duda lo denunciado: “No consta que sea estudiante” o “algunas personas desaparecidas pueden haber pasado a la clandestinidad” son ejemplos extraídos de la documentación desclasificada. “Son archivos muy importantes y muy caros para la Argentina ya que están vinculados a la página negra de la historia, la de los gobiernos de la dictadura militar y su consecuencia trágica con los desaparecidos”, opinó Avruj y añadió que tanto su desclasificación como su digitalización y entrega al ANM “ratifica el compromiso de este gobierno con la memoria como política de Estado y con la convicción de que el archivo es institución pública que tenemos que preservar, potenciar y poner al alcance de todos”. “Es una buena noticia porque cuanto más nos acerquemos a la verdad y conozcamos a los actores, las resoluciones y las historias esto nos va a ayudar a crecer como sociedad”, insistió Avruj, quien atribuyó a un “error comunicacional involuntario” la ausencia de la gran mayoría de los organismos de derechos humanos en el anuncio de la desclasificación. Con “el apuro por contarlo”, el secretario de Derechos Humanos de la Nación invitó solo a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas a la conferencia, confiado en que “entre ellos se avisarían para venir”.
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