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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sostuvo que la postura de su cartera es “recibir a todo el mundo”, al confirmar el encuentro que mantuvo con la activista castrense Cecilia Pando. El ministro ensayó una teoría conspirativa para intentar explicar por qué se había mantenido en secreto el encuentro con la defensora de los represores detenidos en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, revelada ayer por este diario. “Parece que los anuncios de mejoras en la Justicia que hicimos ayer molestaron a Página/12. Sacaron que la recibí en secreto, atiendo en mi oficina en varias salitas casi en simultáneo y en ese mismo momento estaba también con organismos de derechos humanos, que sabían que estaba y de hecho pidieron no cruzarse, así que pienso que a algún periodista le molestó cómo estamos llevando adelante el avance de la reforma en la Justicia”, dijo Garavano. Sin embargo, Pando había manifestado su sorpresa porque el encuentro fue “privado” y en el Ministerio habían dicho, en principio, desconocer la audiencia.
Garavano dijo que su respuesta a los reclamos de Pando sobre las condiciones de detención de los genocidas “deben dirigirse a la Justicia” porque “el Ministerio no tiene facultad para intervenir en procesos judiciales como prisiones preventivas o problemas de salud (de los detenidos)”. Tras la revelación de este diario coincidieron en el repudio Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Horacio Pietragalla, nieto recuperado y ex diputado nacional.
La principal apologista pública del terrorismo de Estado le dijo a Página/12 que se trató de una “reunión privada”, que de ninguna manera quienes participaron tuvieron la intención de que trascendiera. Pando preside la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, tal como se consideran los represores procesados y condenados por los delitos de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura, y ha liderado sucesivas acciones para cuestionar los juicios a los genocidas y exigir su desprocesamiento y liberación.
Ayer Garavano explicó que este gobierno sostiene “una línea de trabajo que con matices viene desde el gobierno de Raúl Alfonsín, y seguimos con muchas políticas del gobierno anterior, aunque a lo mejor se han dejado de lado algunos actores que eran funcionarios políticos”. Y agregó que desde su cartera “no se fomentarán situaciones de división o conflicto” entre organismos de derechos humanos y las organizaciones que defienden a los detenidos por violaciones a los derechos humanos, porque el gobierno “se maneja con prudencia y equilibrio”.
En su intento de quitar toda trascendencia al encuentro, Garavano omitió que desde su cartera mantuvieron en reserva el hecho y sólo lo admitieron ante la consulta de Página/12. En cuanto a las reformas judiciales, el ministro se refirió al programa Justicia 2020, que fue presentado el martes en el Centro Cultural Kirchner con gran pompa.
En relación a los reclamos de Pando, Garavano declaró que tuvieron “un aluvión de pedidos por excesos en prisión preventiva (a represores), mantenimiento de mayores de 70 años en cárceles y traslado a hospitales” de condenados por delitos de lesa humanidad con problemas de salud, pero “estas decisiones las deben tomar los jueces caso por caso, es lo que le transmitimos a Pando y a las demás”.
Por su parte, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, cuestionó el encuentro y manifestó que deben existir “limitaciones éticas”, y consideró que el reclamo planteado al ministro de Justicia corresponde que lo presente “ante los jueces competentes”. Para Cortiñas “esta ciudadana pertenece a una agrupación que defiende el terrorismo de Estado y el genocidio que se instaló en la Argentina y que fue debidamente condenado por la justicia, es una provocadora que siempre se expresó duramente contra los organismos de derechos humanos”. Cortiñas interpretó que Pando “pretende simular una actitud humanitaria cuando en realidad quieren borrar el pasado como la época más oscura y trágica que vivió el país”. En tanto, Pietragalla negó que los detenidos en causas por violaciones a los derechos humanos se encuentren en condiciones de deterioro como denunció Pando y manifestó su “repudio” al sostener que “si bien los funcionarios tienen derecho a recibir a quien quieran, no se puede aceptar una reunión con familiares de genocidas”.
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