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El juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Lo hizo en relación a la operación del Banco Central conocida como dólar-futuro, aunque retrocede de la figura de asociación ilícita que describió al principio de la causa. En su persistente y atropellada ofensiva contra los integrantes del anterior gobierno, a Bonadio ni siquiera le importó que Cristina Kirchner no figurara en la denuncia original, ni el hecho de que el fiscal no la haya imputado. Directamente especuló que esa decisión económica no se pudo haber llevado adelante sin el visto bueno de la entonces Presidenta y del ex ministro Axel Kicillof. En el expediente no se acusa a CFK ni a nadie por un hecho de corrupción o por haberse quedado con dinero. El procesamiento termina dictándose porque se eligió una política monetaria destinada a desalentar las expectativas de una devaluación –por eso se operaba el dólar-futuro a 10,65 pesos–, justamente por los efectos que después se vieron: la devaluación que llevó a altos índices de inflación, pérdida en los salarios reales y fuerte baja en el consumo.
Lo curioso es que no hay –al menos hasta ahora– imputación contra quienes devaluaron, ni tampoco contra los funcionarios del actual gobierno que compraron dólar-futuro. “Procesan a los que no devaluaron ni ganaron un peso con la operatoria y zafan los que llevaron el dólar a 15 pesos e hicieron un negocio comprando dólar-futuro”, señaló uno de los abogados que representa los funcionarios del anterior gobierno. El razonamiento del juez es que el perjuicio que debe tomar en cuenta es el que se produjo con la venta.
Así explica la imputación a CFK y Kicillof. “Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del B.C.R.A. de 5.000 millones de dólares a 17.000 millones de dólares, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”, sostiene Bonadio.
Hacia el final del escrito, el juez cita personalmente a los 16 procesados –CFK, el ex ministro Kicillof, el ex titular del Central, Alejandro Vanoli, y otros 13 directores y funcionarios del banco– para que se presenten en su juzgado dentro de los próximos tres días, se les notifique el procesamiento, realicen los trámites de rigor –Registro de Reincidencias y estudio socioambiental–y que digan cómo va a afrontar el embargo de 15 millones de pesos cada uno.
Como es obvio, los imputados apelarán lo resuelto por Bonadio durante la próxima semana y deberá intervenir la Sala II de la Cámara Federal, que recientemente emitió llamativos fallos orientados contra el anterior gobierno. Además, sus integrantes están recusados y denunciados penalmente en el Consejo de la Magistratura, igual que el juez.
Bonadio llegó ayer a dictar los procesamientos pese a que fue recusado en dos oportunidades. Los abogados de un integrante del directorio del BCRA sostuvieron que el juez no les permitía ver la causa, que privilegiaba al fiscal y que citaba a declarar a testigos sin notificar a las defensas de los imputados. A esa recusación de Alejandro Rúa y Paula Honisch, la Sala II contestó algo así como que Bonadio actúa en forma irregular en todas las causas, de manera que no correspondía apartarlo del expediente porque se trata de las mismas irregularidades de siempre. Luego, Carlos Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, agregó que Bonadio autorizó a realizar pagos por la operatoria del dólar-futuro, lo que provocó una denuncia y la imputación del fiscal Jorge Di Lello. La objeción al magistrado es que si la operatoria era un delito y causaría un efecto ruinoso, no debió autorizar ningún pago. En consonancia, Beraldi sostuvo que Bonadio no podía ser juez de un caso en el que estaba también imputado por el fiscal Di Lello.
La operatoria de dólar futuro consiste en fijar un precio de la divisa para un momento futuro determinado. Si la cotización resulta más alta el día fijado como vencimiento del contrato, se le dará al comprador la diferencia a su favor, en pesos, y si está por debajo de lo fijado en la operación, la diferencia será para el Estado, también en pesos. Es una operatoria del Banco Central que se realiza desde hace años, en la Argentina y en otros países, no benefician ni perjudica las reservas porque es en pesos y a lo largo del tiempo le dejó importantes ganancias al Estado.
El objetivo del Central era mantener bajas expectativas de devaluación y evitar cualquier corrida. La realidad es que las ganancias terminaron siendo importantes para los que operaron en el dólar futuro porque después el gobierno de Mauricio Macri produjo una megadevaluación, pese a que a lo largo de la campaña juró y perjuró que no devaluaría. De manera que se acusa al anterior gobierno por una pérdida que se produjo cuando la actual administración devaluó.
Uno de los argumentos de Bonadio es que hubo administración fraudulenta porque se vendía dólar-futuro a 10,65 cuando el dólar bolsa, el dólar de contado con liqui y el dólar de referencia en títulos estaban más alto. Y en el fallo manifiesta que el BCRA debía ajustarse a valores de mercado. Nadie desconocía, dice el juez, que el precio era ficticio, “vil” a su entender, el mecanismo “arbitrario y caprichoso”, con un contrato de único vendedor. Al generar demanda, aumentaron los límites para operar futuros del BCRA y –sostiene– debió haber existido un freno de parte de la CNV.
Sin embargo, tanto la ex presidenta como el ex ministro Kicillof, como el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y el resto de los imputados señalaron que la política debía orientarse a mantener la estabilidad monetaria, desalentando las corridas y las movidas inflacionarias. En ese objetivo, la operatoria de dólar-futuro fue un instrumento y todas las defensas coincidieron en que la devaluación no estaba escrita en ningún destino, sino que fue obra voluntaria del actual gobierno, sobre todo en una magnitud de más del 60 por ciento. Esto llevó a niveles de inflación que multiplicaron las anteriores, una caída brutal de los salarios reales, baja del consumo y despidos.
Justamente, uno de los argumentos de las defensas es que Bonadio criminalizó una política económica del anterior gobierno, no un hecho de corrupción. Las medidas de política económica son opinables, pueden ser consideradas mejores o peores, pero no son judiciables. Con el mismo argumento –sostienen las defensas– deben ser imputados los actuales gobernantes que fueron los que verdaderamente produjeron la devaluación.
Desde el primer día, el juez dibujó la figura de la asociación ilícita amenazando con la detención de CFK. Por ello describió la operatoria de la siguiente manera: “formar parte de un grupo de funcionarios que en forma sistemática, concertada y organizada emprendieron diversas acciones de carácter político y administrativo en violación a las competencias del Banco Central para concretar operaciones en el mercado de dólar futuro en condiciones dañosas al erario público”. Que esa descripción se correspondía con la de asociación ilícita fue entendido por el ex juez Eugenio Raúl Zaffaroni, por la ex presidenta y su abogado.
Por eso, la respuesta de Cristina Kirchner fue durísima: “la única asociación a la que pertenecí fue el gobierno” y no se trata de ninguna asociación ilícita sino un gobierno elegido por el voto popular. Bonadio retrocedió de la figura de la asociación ilícita, con la que no podía catalogar un gobierno. Aún así, no quiso dar el brazo a torcer y ayer hizo una referencia: “la encartada Cristina Elisabet Fernández al comparecer a prestar declaración indagatoria, entendió que la descripción que se le hacía del hecho aludía a una asociación ilícita (…) al menos a la fecha no se cuentan con elementos que permitan afirmar la existencia de la sobre dicha “asociación ilícita”, pero debe reconocérsele por lo menos cuán cerca estuvo –al menos dialécticamente– de lo que en concreto aquí se verifica: el uso por su parte de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró la arcas públicas”.
A lo largo del fallo, Bonadio sostiene que la devaluación era inevitable e, incluso, entra en consideraciones acerca de que tal vez iba a ser menor con Scioli que con Macri, y que después entró a jugar el favoritismo del candidato de Cambiemos para la segunda vuelta, por lo cual –según él–, se esperaban precios altos del dólar.
Y para procesar se basó en el concepto de “la ruleta que funciona mal”. Dice que todo está bien si un jugador entra al casino, apuesta y tiene las mismas chances que el casino y los otros jugadores, pero que apostar sobre la base de una ruleta descompuesta es lo ilegal. En este caso, la ruleta descompuesta es que la operatoria del dólar-futuro se producía sobre la base de una devaluación que él –Bonadio– considera que era segura. Casi que desliza que el gobierno anterior debió devaluar. Pero lo que está en juego es una causa judicial y en ningún momento explica en qué consistiría el carácter ilegal o ilegítimo de la estrategia monetaria elegida.
Sin embargo, el juez saca de la realidad que no se trataba de una apuesta, sino de la elección de una herramienta para implementar una política que desalentara una corrida contra el dólar o disparada de los precios que –como sucedió en otros diciembres– terminó produciendo saqueos y crisis para los sectores populares.
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