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La Organización para las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco) recibió y analizó durante la última dictadura cívico-militar denuncias sobre detenciones, secuestros y desapariciones de estudiantes y docentes argentinos sucedidos. Así lo reflejan una serie de archivos que, según anunció la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fueron desclasificados por el organismo internacional y entregados al país después de años de reclamos: una pila de hojas blancas sin membrete refleja las opiniones que los integrantes del Comité de Convenciones y Recomendaciones de la Unesco intercambiaron en sus reuniones entre 1978 y 1982 para determinar la admisibilidad o no de cerca de 80 denuncias que madres, padres y familiares presentaron a fines de los 70 sobre violaciones a los derechos humanos de sus hijos, hermanos o parejas. Las transcripciones dejan a la vista los esfuerzos del Estado genocida argentino por descalificar a las víctimas y a quienes las denunciaron, incluso acudiendo a términos como “guerra civil”, “soldados terroristas” o “pase a la clandestinidad”. Quien fuera embajador ante la Unesco en representación de la última dictadura, Víctor Massuh, falleció en noviembre de 2008. Pero no fue el único representante del país en aquel comité: en 1979, la Cancillería de facto envió a Abel Parentini Posse, ex ministro de Educación de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires.
El miércoles pasado, la Secretaría de Derechos Humanos y la Cancillería anunciaron que la Unesco había desclasificado una serie de archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos de la última dictadura cívico-militar argentina. Su entrega al Archivo Nacional de la Memoria, que aún no fue certificada, es una “muy buena noticia para toda la sociedad”, opinó Avruj. A pesar de que el reclamo de desclasificación ante la Unesco venía siendo sostenido desde hace varios años, Avruj llevó todo el crédito político de la entrega documental al molino de Cambiemos: “Esto ratifica nuestro compromiso con la memoria como política de Estado”, recalcó el miércoles pasado en la sala de prensa del Palacio San Martín el secretario de Derechos Humanos, en una conferencia en la que no ofrecieron datos respecto del archivo desclasificado.
La documentación desarchivada por la Unesco consta de más de 100 páginas que contienen el análisis del Comité de Convenciones y Recomendaciones respecto de 75 casos de violaciones de derechos humanos en Argentina sucedidas entre 1973 y 1980. Sin identificar funcionarios, las actas reflejan comentarios realizados por los participantes del comité, un colectivo del que participan los embajadores de cada país ante la Unesco y asesores especialmente mencionados, en caso de cada Estado requerirlo. El filósofo tucumano Víctor Massuh fue embajador ante la Unesco en representación del Estado terrorista argentino entre 1978 y 1983. En septiembre de 1979 Abel Parentini Posse, quien ya venía corriendo la carrera diplomática desde su designación como miembro del gobierno de facto de Lanusse y transitó las décadas subsiguientes por la vereda conservadora y reaccionaria, fue nombrado como “consejero de la Embajada” argentina “para asistir a la 108 reunión” del Consejo Ejecutivo de la Unesco, marco en el que se desarrolla el Comité de Convenciones y Recomendaciones.
“El representante del Gobierno argentino explica que en la situación de guerra civil latente que reinaba en su país en la época de las desapariciones, algunas personas desaparecidas pueden, en realidad, haber pasado a la clandestinidad”, se puede leer en el acta en la que el Comité, en esa reunión, analizó la admisibilidad del caso de Alejandro Guitérrez, hijo de la ex presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Mabel Gutiérrez. Ante la Unesco, alguien cercano a Alejandro –el acta no lo identifica– denunció su secuestro, el 24 de julio de 1978, “por tres agentes de la policía”.
“El autor de esta comunicación estima que varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos han sido violados en detrimento de su hija, quien habría sido secuestrada el 6 de diciembre de 1977, cuando era estudiante del tercer año de Psicología de la Universidad de Córdoba”, resumieron así en la 107 reunión del Comité el caso de Perla Schneider, denunciado por su padre. “La presunta violación no puede imputarse a su gobierno”, respondió el representante argentino ante el caso, también tratado en el encuentro de septiembre del 79: “El Gobierno no asume responsabilidad alguna en el caso de personas que han pasado a la clandestinidad como puede suponerse en este caso en opinión de las autoridades argentinas”, que según quien emite esta respuesta, estaban abocadas “al control de los grupos terroristas”.
Ante otras denuncias, el corresponsal de la dictadura dudó de la calidad de estudiantes de las víctimas o justificó sus detenciones por entender que eran “partícipes de actividades terroristas”: su objetivo siempre estuvo inclinado a desalentar la admisión de las denuncias. No existen indicios certeros en la información desclasificada que permitan saber qué hacía la Unesco con las denuncias admitidas, más allá de la aplicación de la aplicación “del procedimiento especial referente a las comunicaciones relativas a las personas desaparecidas”.
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