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Una vez fue el fiscal de los sobornos en el Senado. Otra, del accidente de Once. Ahora es el fiscal de los Panama Papers, el que imputa al presidente Mauricio Macri por no haber declarado sociedades offshore. Y es el que investiga las múltiples responsabilidades en las muertes de la fiesta electrónica Time Warp. Como suele ocurrir con quienes integran los tribunales federales, Federico Delgado va pasando con los años de ser identificado como el fiscal de tal causa a ser el fiscal de tal otra. Pero más allá de los expedientes circunstanciales que investigó desde los años 90, siempre será el fiscal que va a trabajar en bicicleta cuando recién amanece. En jeans, remera y zapatillas, con una pulserita tejida con los colores de Boca. El que corre maratones, juega al tenis y porta un estilo provocador. Flaco y con la piel curtida. Es el que piensa y habla con cabeza de politólogo y de profesor de Filosofía (materia que dicta en tres universidades). El que lee el estado de hiperacción actual de los tribunales que él mismo integra como un hito previsible de los ciclos políticos donde los intereses particulares le ganan al interés general. En este diálogo con Página/12 comparte su visión del sistema judicial, advierte sobre las dificultades para investigar las offshore y explica los ejes de la causa sobre la fiesta en Costa Salguero.
–¿A qué se debe la hiperactividad, alevosa, que hay en los tribunales federales de Comodoro Py en los últimos tiempos? Ex funcionarios presos, indagatorias, allanamientos, exhortos.
–Es un rasgo que se repite con cada cambio de gobierno. Hay dos niveles de análisis: uno se relaciona con el funcionamiento de la justicia, los buenos y malos jueces, buenos y malos fiscales, que los hay, y algún oportunismo; y el otro es un problema que tiene que ver con la construcción de instituciones en Argentina. El Estado argentino está construido desde su nacimiento de una manera muy porosa, y es permeable a los intereses privados. No hemos logrado construir una institucionalidad realmente autónoma. Esto no lo inventé yo, sigo a Oscar Oszlak y Guillermo O’Donnell. Esa porosidad hace que las instituciones se muevan a veces de acuerdo a los vientos particulares, y no responden al mítico interés general que debería estructurar a todo Estado-nación.
–Sin embargo, estas acciones judiciales son presentadas como si estuvieran siguiendo el interés general.
–El secreto del Estado-nación es presentar intereses particulares como generales. No sé qué intereses hay pero los hechos hablan por sí mismos, los tribunales se mueven de manera diferente de acuerdo a los vientos de la historia.
–¿Cuál es el patrón de comportamiento? ¿Se investiga al gobierno saliente?
–Mi experiencia es que el gobierno que se va empieza a ser investigado con una intensidad que no existía cuando tenía el poder.
–¿Cómo vio y vivió desde acá, desde su ventana, el acto de apoyo a Cristina Kirchner el día de su indagatoria?
–Tuvimos una vista privilegiada y mucha gente venía a verlo desde acá, desde nuestra oficina. Ya me había venido en el subte con toda la militancia. Cuando subió Cristina, la teníamos en perpendicular a la ventana. Más allá de eso, lo primero que me hizo ruido, y es una tara de politólogo, es que el edificio donde se objetiva el Estado estaba protegido por rejas y por policías, y la gente estaba en la calle, impugnando lo que pasaba adentro. Me hace ruido que los que estábamos protegidos éramos nosotros. Cuando yo empecé a trabajar en Comodoro Py en 1995, acá no había rejas ni policías. La gente dejaba los autos en cualquier lugar. La policía, las fuerzas de seguridad protegen a las instituciones y no al pueblo a la que las instituciones sirven. Protegen a las instituciones de la gente, algo no anda bien. Más que una foto, es un problema grave sobre el que hay que trabajar. Lo que yo rescaté del acto de Cristina es dónde se jugaba la legitimidad, más allá de lo que pasó con la causa, que no lo conozco.
–Está muy en boga decir, casi como un eslogan, que hay impunidad y es urgente combatirla. Lo dice Macri, lo dice el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. ¿Qué piensa de eso?
–Que hay impunidad es casi una obviedad. Argentina es un país que ha sido virtualmente saqueado y no hay quien haya rendido cuentas sobre eso. Basta ver la escasa cantidad de juicios orales. Pero el problema de la impunidad es reducirla a la impunidad judicial. Es un gravísimo problema cultural. Carlos Nino lo explicó como nadie al hablar de la anomia boba. La anomia supone que la gente elude la ley para ganar algo, porque conviene. Pero la anomia boba implica que violamos la ley y a veces no ganamos ni perdemos, la violamos por violarla. Es parte del edificio social de la Argentina que tiene como lógica una tendencia a violar la ley y a la impunidad. Obviamente se refleja en los tribunales.
–¿Pero advierte un uso marketinero del concepto?
–Sí, porque hablar de impunidad es hablar de ausencia de republicanismo. El republicanismo supone una acción colectiva que apunta al interés general, y que nunca el interés general va a estar subordinado al particular. Entonces, la impunidad, o la ausencia de impunidad se construye, y se construye colectivamente. Para usar la frase de otro fiscal, Jorge Di Lello, ninguna sobredosis de Comodoro Py ni la declamación de la lucha contra la impunidad si no se construye de abajo hacia arriba. Arriba el ejemplo, y abajo la construcción colectiva.
–Con este discurso antiimpunidad Lorenzetti les dice a los jueces que “actúen”. ¿A ustedes la procuradora Alejandra Gils Carbó les dice lo que tienen que hacer?
–Mi experiencia personal, es que la ví dos veces a Gils Carbó en mi vida. La primera, me invitó para conocernos cuando juró. Tuvimos una reunión muy agradable. Después tuve otra charla porque me ofreció integrar un equipo de trabajo, pero como yo no soy bueno para los equipos le dije que no. Soy individualista para trabajar. Ni ella ni su antecesor, Esteban Righi, jamás me dieron instrucciones. Cuando a mí me nombraron fiscal el procurador era Nicolás Becerra, y era absolutamente lo contrario, era una fábrica de instrucciones y pedidos. El contraste es grande.
–Este año hubo varias detenciones (ex funcionarios, empresarios, allegados) en poco tiempo. ¿Le parecen razonables?
–La prisión preventiva es un recurso que los jueces usan de acuerdo a su discrecionalidad. Pero me preocupa más la duración de los procesos que las prisiones preventivas. Si los jueces creen que deben asegurar que una persona no se fugue, deben recurrir a la prisión preventiva, que es un recurso legal. La preventiva ha tenido un camino de subidas y bajadas. Durante la época de más expansión económica hubo reducción de las prisiones preventivas en el fuero federal. Cuando la economía se pone más complicada o el crecimiento baja, la prisión preventiva es un recurso que el Estado utiliza con más asiduidad. Pero insisto, me preocupa más la duración de los procesos. Argentina tiene que hacer que los procesos sean más cortos.
–¿La reforma procesal, con un sistema acusatorio (que está frenada por el oficialismo), con plazos para los juicios, no acortaría los tiempos judiciales?
–Las reformas de leyes no cambian nada. En todo caso hay que cambiar el sentido común jurídico y hacer una transformación realmente cultural. Y capacitar antes de votar las leyes.
–¿Pero a los jueces y fiscales que trabajan acá en Comodoro Py les interesa lograr ese cambio?
–En todo caso, hay que empezar a discutir la forma en que ponemos en movimiento la ley. No tanto la ley. Si no, vivimos cambiando leyes y hacemos revoluciones caligráficas.
–Da la impresión de que desde el sistema judicial hay resistencia a cambiar. Que todo el mundo está cómodo con un esquema de funcionamiento, donde la evolución de la causas se manejan a gusto.
–Sí, como se dice ahora a “zona de confort”. No creo que sirva de mucho cambiar leyes procesales porque las ponen en movimiento hombres y hay que trabajar sobre los patrones de acción colectiva e individual de los hombres
–¿Hay una idea instalada de que hay cada vez más corrupción, usted lo ve así después de veinte años en el fuero?
–No sé si hay más, corrupción hubo siempre. Hay que trabajar sobre eso, porque la corrupción mata, como mostró la causa sobre el accidente de Once. Habría que ver en ese caso, por ejemplo, cómo se hizo para que la causa fuera rápido a juicio. Creo que lo más importante fue el acompañamiento de la sociedad civil. El juez trabajó bien, y nuestra fiscalía también, sin llevarnos bien con él. A veces la discordia es fuente de bien común, como decía Maquiavelo. Además, fue todo muy visible. El proceso de la causa de Once también ratificó la tesis de Gramsci, que dice que “La indiferencia es el muelle más fuerte de la historia”. Hay impunidad también porque hay indiferencia colectiva.
–¿Qué le parece que haya una policía judicial, como clama la Corte?
–Policía judicial no. La Justicia ni debería tener policía judicial, se mezclarían las funciones, debería haber agencias profesionales preparadas. Es un problema de actores, no de nombres.
–¿Usted también va a viajar a Roma a ver al Papa Francisco con un grupo de jueces y fiscales? ¿Qué le aportan estas visitas tan en boga al sistema judicial?
–Fui honrado con una invitación para visitar al Papa. Me invitó la gente de La Alameda, a quienes conozco desde hace muchos años por temas que tuve de trata y prostitución. En este caso hay un encuentro sobre mafias organizado por la Universidad del Vaticano, es un encuentro internacional donde se van a intercambiar impresiones sobre un fenómeno gravísimo, que es la trata de personas, que en esta fase del capitalismo financiero se ha se agudizado, las personas se han objetualizado y circulan como una mercancía más, algo que atraviesa a los Estados pobres y a los ricos. Pero no sé si voy a ir, porque tengo fobia a las reuniones grandes, no me gustan los congresos, no me gustan los simposios.
–¿Qué se sabe hasta hoy de las responsabilidades por las cinco muertes en la fiesta electrónica en Costa Salguero?
–Sabemos que ocurrieron en un espacio social donde se facilitó la venta de drogas con la anuencia de las autoridades policiales y municipales. Las drogas sintéticas requieren de la hidratación constante, eso significa agua, la empresa que organizaba la fiesta ofrecía agua. Se produjo un combo consistente en: vender agua, facilitar drogas y ausencia de control del Estado.
–¿Por qué está detenido (ahora con prisión domiciliaria) el abogado Víctor Stinfale?
–Por la gravedad de los hechos y por circunstancias que ocurrieron en la causa como la destrucción de pruebas, pruebas que aparecieron quemadas después. Llegamos a la conclusión de que existe peligro de fuga. Eso puede frustrar la realización del derecho penal material.
–¿Qué pruebas quemó?
–El 7 de mayo se supo que una empresa de containers fue a retirar basura a Speed, al señor que transportaba la basura le llamó la atención que había papeles que decían Time Warp, otros Stinfale. Algunos los rescató y los llevó a Gendarmería. Efectivamente había entradas de la fiesta y papeles de Stinfale.
–¿Hasta qué funcionarios podría llegar la investigación?
–Depende de qué encontremos. Estamos refinando información. Empezamos por inspectores, fue llamado también a indagatoria uno de los jefes. La causa se concentró primero en la organización del evento y estamos tratando de concentrarnos ahora en las responsabilidades de la Prefectura y las a autoridades comunales.
–La pregunta que queda flotando en este tipo de casos es cuál es la responsabilidad de las máximas autoridades, como el jefe de gobierno. Es una discusión que atraviesa muchos casos, como el de los sobornos del Senado respecto de Fernando de la Rúa.
–A mí me parece que el gran problema de la justicia argentina es que mira fotos y no procesos. Mira fotos, y no películas. Eso hace recortes de sentido que permiten aislar comportamientos que quizá solos no dicen nada pero en una trama significa mucho. Un llamado de una persona a otra en determinado día y lugar, quizá sea la respuesta a un interrogante.
–¿Qué gravedad tiene la causa sobre las empresas offshore del Presidente?
–Panama Papers es grave por los actores. Hay miles de causas iguales. Se analiza si la vida patrimonial de las sociedades offshore tuvo algún delito y si el señor Macri tuvo algún tipo de intervención. Luego se analiza si a través de las sociedades se cometieron delitos. También se analiza si su vida patrimonial está correctamente declarada en el sistema de declaraciones juradas.
–¿Cuál es la situación de Macri?
–Está imputado. Las sociedades offshore no están en su declaración jurada. Hay que ver si fueron omitidas en forma intencional o no, y cuál es exactamente la vinculación.
–Ustedes mandaron exhortos a Panamá pidiendo documentación. ¿Es factible conseguir respuesta?
–La globalización tiene dos velocidades, a la hora de transacciones financieras, es rapidísima. A la hora de los intercambios de información entre Estados, es medieval, y además descansa en la voluntad de las personas que dirigen esos Estados. Hay que ir por otras vías alternativas. Porque la experiencia revela que la información de Estado a Estado viene poco y cuando viene tarda mucho.
–¿La falta de respuesta puede hacer naufragar la investigación?
–No sé si naufragar. Pero es una adversidad importante depender de otros Estados.
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