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El “cambio” que profesa el presidente Mauricio Macri desde la época de la campaña electoral sobrevuela las políticas públicas de derechos humanos, algo que seduce a marcadores de opinión que promueven el fin de los juicios de lesa humanidad y, a la vez, enciende la alarma en los organismos de derechos humanos y víctimas de las dictaduras militares que golpearon a toda la región. Es el caso de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, perseguido político en Chile, por cuyo refugio político en Argentina, que lo resguarda desde 2010, temen los organismos de su país y de Argentina. Las organizaciones se pronunciaron de manera conjunta en defensa del estatus de refugiado de Apablaza Guerra en un documento en el que remarcaron que el derecho que le fue otorgado “es un acto soberano del Estado Nacional y no puede estar sujeto a cambios de gobierno ni a coyunturas políticas dependientes de agendas políticas de intereses de otras naciones”.
“Nos preocupa que devuelvan a Sergio a Chile”, reconoce Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Esa entidad defensora de los derechos humanos chilena, junto a otros organismos de su país y argentinos, difundió un documento la semana pasada “en defensa” de Apablaza Guerra y de la “inveterada tradición de Argentina y buena parte de América Latina de ser tierra de paz y asilo para todos aquellos que son injustamente perseguidos en sus países”.
La asunción de “un gobierno de derecha” que “se identifica con los pedidos de la derecha chilena” en Argentina, en referencia a la gestión de Cambiemos que, con Mauricio Macri como presidente, desde diciembre se dedicó a desarmar las políticas públicas de derechos humanos sostenidas hasta entonces, encendió la alarma en el movimiento de derechos humanos trasandino. Las declaraciones que realizó la vicepresidenta Gabriela Michetti, a mediados de enero, en Santiago de Chile, en torno del caso de Apablaza Guerra confirmaron los temores: “La Argentina tiene vocación de llegar a un entendimiento, incluso contemplando la posibilidad de la extradición, siempre y cuando se den las condiciones legales”, había asegurado Michetti al cabo de una reunión con el jefe del Senado chileno, Patricio Walker Prieto. Unos días después, un grupo de pinochetistas viajó a la Argentina para solicitarle al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que le quitara a Apablaza Guerra la protección de la Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados. La frutilla del postre la colocó la Justicia: en febrero, el juez del fuero Contencioso Administrativo a cargo de la causa, José Marinelli, admitió el pedido del Estado chileno para apelar el asilo político otorgado a Apablaza Guerra por el Estado argentino.
En el documento conjunto, los organismos remarcaron la necesidad de que Argentina priorice su soberanía. “Necesitamos que la Argentina sea soberana en sus decisiones y sostenga el derecho a refugio político que es tradición para nosotros. Muchos perseguidos durante la última dictadura hemos recibido refugio en otros países”, postuló Graciela Rosemblum, referente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, una de las entidades que participó de la declaración junto con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Hijos, Buena Memoria, Memoria Histórica, familiares de la Iglesia Santa Cruz y la APDH. “En la Argentina hay un montón de refugiados, con lo cual, lo que decida el Gobierno en el caso de Apablaza Guerra sentará antecedentes para el resto. Ahí el peligro de que el Gobierno decida habilitar la extradición. Mantener el refugio es una manera de resguardar a aquellos que pelean contra la opresión”, concluyó Rosemblum.
Galvarino Sergio Apablaza Guerra tiene 59 años y hace más de 20 vive en Argentina. Llegó en 1993 con su esposa, también chilena. Tuvo tres hijos, son todos argentinos. Vivió de manera clandestina hasta 2004, cuando fue detenido. La Corte Suprema de la Nación había aprobado la extradición solicitada por la Justicia chilena, pero la Comisión Nacional de Refugiados del Estado (Conare) le otorgó asilo político en 2010. En su país intentan juzgarlo por la muerte, en el marco de un atentado sucedido en 1991, de Jaime Guzmán, fundador de la Unión Democrática Independiente de Chile, uno de los soportes democráticos de la dictadura genocida de Augusto Pinochet. Entonces, Apablaza Guerra era miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
“No están dadas las condiciones para que una persona que combatió a la dictadura, que peleó contra el mismísimo Pinochet pierda su calidad de refugiado contraviniendo todos los convenios internacionales. Lo van a meter preso”, postuló Lira, en diálogo con Página/12. “Acá (en Chile) los luchadores sociales como él y las organizaciones de derechos humanos nunca fueron escuchados por ningún gobierno, ni siquiera por éste –en referencia al de Michelle Bachelet–. La política aquí es de escuchar a la derecha, el partido fuerte es la UDI, reaccionaria y fascista. Son ellos los que mantuvieron e insisten con la extradición de Sergio ya no como una manera de analizar qué hizo y qué no, sino para castigar y sancionar a toda lucha social antipinochetista y de cualquier otro tipo, para aleccionar al resto de la población.”
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