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Un grupo de militares y civiles que estuvieron en la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) de la Fuerza Aérea hablaron ayer ante el Tribunal Oral Criminal 5 de San Martín sobre las tareas que cumplieron allí y con quiénes las compartieron. Aunque en los testimonios que ofrecieron en el marco del juicio por la privación ilegítima de la libertad de Patricia Roisinblit, hija de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y José Pérez Rojo, fueron imprecisos en fechas y nombres, y generales en la descripción de las actividades de inteligencia que desarrollaron en esa dependencia donde la pareja estuvo secuestrada durante la última dictadura cívico militar, los militares retirados Juan Manuel Taboada y Jorge Cóceres, y los civiles René Bustos, Omar Moizo y Andrés Bruno regalaron definiciones que sirvieron a las querellas. Cabe remarcar que el juez federal Daniel Rafecas adeuda una definición respecto de la situación procesal de los cinco en la investigación sobre lo sucedido con Roisinblit, Pérez Rojo y Mariana Pérez, su hija, que era una bebé de 15 meses cuando fue secuestrada junto con su mamá por una patota de la Fuerza Aérea, y entregada a su familia paterna horas después. Entonces, Patricia estaba embarazada de ocho meses de su hijo Guillermo, quien nació en la ex Esma y fue apropiado por Francisco Gómez, uno de los acusados en el juicio oral en curso. Gómez y su ex esposa ya fueron condenados por esa apropiación.
Taboada, Cóceres y Bustos declararon por la mañana de ayer y respondieron preguntas de todas las partes actuantes en el debate: la querella de Abuelas de Plaza de Mayo y Guillermo Pérez Roisinblit; la de su hermana Mariana; las de las Secretarías de Derechos Humanos nacional y bonaerense y la Fiscalía en calidad de acusadores del civil Gómez y los ex miembros de la Fuerza Aérea Luis trillo, quien estuvo a cargo de la RIBA, y Oscar Graffigna, ex número uno de la fuerza, y sus defensas. En esta ocasión, los miembros del TOC, en especial la jueza María Claudia Morgese Martín, también consultaron a los testigos. Moizo y Bruno declararon por la tarde.
Los cinco están siendo investigados en otras causas de lesa humanidad. En la instrucción que aún mantiene abierta Rafecas, figura una denuncia anónima realizada en los 2000 contra de Moizo, que lo sitúa en “un operativo de una juguetería en Martínez” en el que secuestraron a “una embarazada”. A Patricia no se la llevaron del local de juguetería y cotillón que manejaba José, pero estaba embarazada. “Es mucha casualidad”, sostuvo Mariana. “Tener sentado ahí a ese tipo, del que consta real indicio de que fue parte del secuestro de mis padres y mío, como testigo y no como imputado, me da bronca y me genera una sensación de desprotección total”, aseguró ayer, con “la esperanza de que se remedie lo antes posible” la situación procesal. Su querella solicitó su imputación en 2012, pero Rafecas aún no define.
“Tareas de análisis del oponente”, definió Taboada a las actividades de inteligencia que se desarrollaban en la RIBA. Según sus cálculos, se sumó a la dependencia en febrero de 1977 y se fue en diciembre de aquel año. Tenía rango de vicecomodoro, la segunda línea de mando del lugar, que por entonces y según recordó, ya funcionaba en dos casas ubicadas en las calles San Martín y Entre Ríos, de Morón. “¿Quién era el oponente?”, lo consultó la jueza: “Integrantes de Montoneros, del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), de esa clase de organizaciones subversivas. Para mí, terroristas y subversivos son sinónimos”, respondió. Menos claridad tuvo para detallar en qué consistían esas tareas de análisis del “oponente”, como había conceptualizado a la inteligencia que desarrollaban las “entre 30 y 35” personas que trabajaban en la RIBA. Trillo lo escuchó con atención y se dedicó a mirarlo fijo, como si estuviera seguro de que con su mirada podía tocar cada una de las palabras de su compañero de armas.
Mencionó que había “grupos operativos” que se dedicaban a “reunir información” sobre militantes a pedido del entonces jefe de la dependencia, Roberto Sende, con la que luego “redactaban informes”. Situó sus tareas “detrás de un escritorio”, aunque existen sobrevivientes que lo reconocieron como secuestrador. El jueves, ante el TOC 5, Osvaldo López, que estuvo detenido en el centro clandestino conocido como Virrey Ceballos, lo mencionó integrante de la patota que lo secuestró. La memoria de Taboada lo ubicó como encargado de “analizar esos informes en base a los datos del libro de terroristas que había elaborado la Fuerza (Aérea), sacaba fotocopias de las personas de ese libro y decíamos en dónde podía estar”. “Era una publicación apaisada, de 40 centímetros por 25 centímetros con muchas hojas de papel satinado con fotografías y datos de terroristas”, contó.
Según su recuerdo, los análisis que él realizaba iban a parar a “las diferentes unidades (que la fuerza tenía en Morón, en Merlo, en El Palomar) o a la Jefatura del Estado Mayor” y que podían culminar en un “refuerzo de las guardias en algunos lugares” o “detenciones de militantes” a quienes se mandaba “incomunicados a la Policía o a la Jefatura”. Negó que hubieran habido detenciones mientras ocupó ese cargo de poder en la RIBA.
Cóceres integró la “División Inteligencia” de la RIBA entre 1977 y 1980, según su memoria, bastante difusa para unos puntos y certera para otros. Reconoció a Gómez, aunque no lo calificó como su amigo. No pudo aportar más detalles sobre su rol en la división en la que se desempeñaba más que “elaborar informes diarios de la situación económica, social y política de de la zona”, pero se reconoció en las fotos que aportó Guillermo tras su declaración, en las que aparece él durante sus primeros años de vida en la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos.
Sin carrera militar, Bustos, Moizo y Bruno “trabajaron” en la RIBA como “estafeta y controlador vehicular”, “dibujante de planos” y “auxiliar contable” en los años bajo análisis. Describieron entre sus actividades, tareas de “control” o de “seguridad”. Bustos reconoció que el personal civil solía estar armado. Los tres coincidieron en que Sende enfermó –sufría del corazón, indicaron– y Trillo quedó a cargo de la RIBA.
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