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Desde hace siete años Natalia Soledad Acosta está desaparecida, y en ese tiempo la Justicia provincial y federal de Santa Fe lo único que llegaron a concluir con velocidad y precisión es patear el expediente al otro fuero, al punto que hoy el caso no tiene juez, y se dirime en la Corte Suprema.
Mientras que la justicia provincial realiza una prolongada “búsqueda de paradero” desde 2009, la justicia federal sostiene que no hay pruebas para considerar que se está frente a un caso de trata. Mientras, una cantidad de pistas que no se sabe si son falsas o certeras porque ninguno de los dos jueces movió un dedo, se acumulan llenando la asuencia de Natalia. Los padres están convencidos de que la secuestraron en una red de trata y aportan pruebas que no son investigadas. Uno de los hechos más graves en el recorrido de la impunidad: los hermanos de Natalia lograron contactar con una joven que la vio en un prostíbulo de Córdoba. Pero cuando se encontraron con ella fueron detenidos por la Agencia de Investigaciones de Trata de la Policía santafesina. El resultado del operativo fue que la testigo desapareció amedrentada. La causa abierta por esa detención jamás fue pedida para agregar al expediente. Hoy, para sostener el reclamo, los padres de Natalia realizarán a las 9.30 una volanteada con conferencia de prensa frente a la casa de Gobierno. Por ahora, la justicia santafesina no los aceptó como querellantes.
El 29 de mayo de 2009 fue la última vez que Natalia Acosta fue vista por sus conocidos. Tenía 21 años. Vivía en Santo Tomé, al borde de la ciudad de Santa Fe, con Eduardo Daniel Ruiz, supuestamente su pareja. Ejercía la prostitución. Su parada estaba en la esquina de San Martín y 25 de Mayo, a unas 15 cuadras de donde hoy sus padres, María Cristina Balán y Ariel Acosta, convocaron a una volanteada frente a la casa de Gobierno, y a cuatro cuadras del boliche Místico, donde también trabajaba Natalia. En esa misma esquina paraba junto a su cuñada, Soledad Ruiz.
El día anterior, como ocurría habitualmente, había sido llevada por un cliente que se hacía pasar como dueño de Místico, al boliche ubicado en San Martín al 2700. A los padres de Natalia les resulta extraño que la noche del 29, casualmente, Soledad no apareció por la esquina. Y que Eduardo Ruiz se conectara con Natalia a las 3 de la mañana por celular para pedirle que regresara a la casa. A las 7 Ruiz insistió en el llamado al celular. Y a las 9 apareció por la casa de los padres de Natalia, en el barrio Centenario. También extrañamente, media hora antes había llegado Soledad. Los padres sospechan de lo anormal de esas actitudes y lo evalúan como un estado de alerta, aúnado a que Ruiz abandonó la casa que era de su propiedad, y vivió dos meses en la casa de los padres de Natalia después de la desaparición. La investigación sobre Ruiz, por parte del juez de Instrucción provincial Darío Sánchez, nunca avanzó más allá de su declaración como testigo de lo ocurrido el 29 de mayo, es decir, las comunicaciones telefónicas y la búsqueda.
Tampoco avanzó sobre las declaraciones del cliente que frecuentaba a Soledad y Natalia. El hombre declaró como testigo que no recordaba a Natalia pese a que era un cliente habitual, y que la noche del 29 había visitado a su madre en la localidad de Angélica, a 80 kilómetros del lugar. Tampoco recordaba la patente de su auto. Sánchez no investigó esa línea.
También se realizó un allanamiento en el prostíbulo El Gitano, en la localidad de Recreo, sobre la ruta 70, a pedido de los padres de Natalia. Habñian recibido el dato de que la llevaban allí los fines de semana durante las noches, y el juez Sánchez decidió allanar el lugar un martes, sin investigar previamente. Obviamente, Natalia no estaba.
Entre febrero de 2012 y marzo de 2013 no hubo ninguna medida judicial. Previamente, en 2009, mientras el caso pasó por la justicia federal, a cargo del juez Francisco Miño, del juzgado 2 de Santa Fe, la intervención de la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) logró la detección del celular de la joven. Un operativo de Gendarmería logró recuperarlo: lo tenía en su poder Miguel Espinoza, que trabajaba en una verdulería en Monte Vera, cercana a Santa Fe, sobre la ruta 2 y ubicada junto a una whiskería. Espinoza dio tres explicaciones diferentes. Dijo que lo había encontrado el teléfono. Después afirmó haberlo comprado en una feria. Su versión final, que lo compró en el Mercado de Productores y Abastecedores de Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe. Este hecho fue investigado en una causa separada. La Justicia provincial, según consta en el expediente, nunca requirió información sobre los resultados obtenidos en dicha investigación.
Por otro lado, el Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral detectó que figuraba un certificado de justificación de no emisión del voto de Natalia en las elecciones primarias de la provincia de Santa Fe, que se realizaron el 11 de agosto de 2013. Pero al solicitar información la Secretaria Electoral de Santa Fe envió el certificado pero anexó, además, un comprobante de emisión de voto de Natalia en las elecciones primarias de 2013. Es decir, para la justicia electoral Natalia a la vez que votó, se excusó de hacerlo. La contradicción no fue investigada por Sánchez, quien para esa fecha se suponía que la estaba buscando. El 23 de mayo de 2014, Zulema Rivera, abogada de la oficina de víctimas del Centro de Asistencia Judicial dependiente de la dirección provincial de acceso a la justicia, solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones constancias de salidas u entradas del país de Natalia. Hasta la fecha, no hubo respuestas a dicha solicitud. La justicia provincial tampoco se encargó de reiterar el pedido.
La familia pidió ser tomada como querellante y representada por Gabriel Ganón, Defensor General de Santa Fe. Hasta la fecha no hubo respuesta. Ahora, el juez Sánchez se excusó de seguir interviniendo. La causa descansa en la Corte Suprema nacional.
Como reclamo de una justicia activa, hoy los familiares de Natalia realizarán una volanteada y conferencia de prensa en la plaza 25 de Mayo.
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